CCE: El nuevo arbitraje en contratos de gasoductos origina incertidumbre y afectaciones económicas

Consejo Coordinador Empresarial

• El gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan cuenta con inversión mexicana, estadounidense y canadiense. Su objetivo es surtir gas natural proveniente de Estados Unidos para el desarrollo sostenible de México. 

• Una vez en operación, permitirá a la península de Yucatán contar con el combustible necesario para la generación eléctrica que requiere la región, además de impulsar el desarrollo de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 


El sector privado manifiesta su preocupación por la situación en torno a los procesos de arbitraje, iniciados de manera unilateral por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre cláusulas de los contratos de servicios de transporte de gas natural, con empresas privadas. Esto podría afectar la puesta en operación del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, mismo que pretende hacer llegar el energético a la zona sur-sureste de la República Mexicana. Tal hecho incrementa la incertidumbre en torno a las inversiones en México e impacta negativamente a la economía nacional; asevera el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La decisión de detener la puesta en funcionamiento del gasoducto y el inicio del arbitraje, repercute en México, Estados Unidos y Canadá, al tener inversión conjunta en la infraestructura, lo que afecta la relación comercial entre estos tres países e incide en el proceso de aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el ámbito nacional, la construcción del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan responde a la necesidad de llevar el energético a los estados donde más se requiere, a saber: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; con el fin de impulsar su desarrollo económico, generar empleos y bienestar para las comunidades. 

Además, el gas natural es fundamental para la generación eléctrica. Especialmente en el contexto actual de la península de Yucatán, donde contar con este energético permitiría a las centrales de generación de electricidad, propiedad de la CFE, operar con mayor capacidad y garantizar el suministro para la población. Adicionalmente, permitiría satisfacer las necesidades futuras de la industria nacional en petroquímica, turismo, sector hotelero, entre otros.

Obras de infraestructura de esta magnitud no deberían frenarse por diferencias contractuales, en tanto se dirimen en las instancias correspondientes; ya que ello genera profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de proyectos a favor del crecimiento económico, la competitividad y el bienestar de los mexicanos; afirma el CCE.

Las acciones de la CFE van en contra del compromiso que el Consejo Coordinador Empresarial realizó con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, en el que el sector privado se comprometió a aumentar sus inversiones y el gobierno a facilitarlas.

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