México no fue muy afortunado en las negociaciones ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+), al forzar que se le aceptara recortar 100 mil barriles diarios (BD) en lugar de los 400 mil
Introducción
El objetivo de este documento es analizar la negociación de México con el grupo OPEP+ a fin de contribuir a la estabilización de los precios internacionales del petróleo, que entre fines de enero y mediados de abril de 2020 cayeron en promedio 70% a consecuencia del choque de demanda provocado por la contingencia sanitaria del Covid-19. Las características de dicha negociación se enmarcan en el programa de política económica del régimen actual, resaltando cuatro ejes: ahorros vía combate a la corrupción; reforzamiento de las dos empresas productivas del Estado, Pemex y CFE; cambio de la política antipobreza por la política de subsidios, y reforzamiento del gasto en inversión, con particular referencia a la promoción del desarrollo regional. En seguida se analizan los efectos de la caída de precios del petróleo y de la interrupción de actividades económicas por la contingencia del Covid-19 tanto en las finanzas públicas como en la economía. Posteriormente se consideran los tres choques que enfrentará México por los dos problemas expuestos. Dichas circunstancias se vinculan a la situación actual y, en las conclusiones, a las perspectivas de corto plazo lo mismo de la economía mexicana que la mundial.
La negociación de México en el grupo OPEP+
México no fue muy afortunado en las negociaciones ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) celebradas virtualmente el 9 de abril de 2020, al forzar que se le aceptara recortar 100 mil barriles diarios (BD) en lugar de los 400 mil que le propuso dicho cartel de productores (la mayoría de los otros 24 miembros aceptaron reducciones de 23 por ciento). Esto con objeto de reequilibrar la oferta y la demanda mundiales de crudo, y con ello estabilizar los precios. No fue buena estrategia dar la imagen de ser la única nación que no estuvo dispuesta a cumplir con lo acordado, en particular ante Arabia Saudita, con cuyo representante se confrontó la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien tiene el mandato constitucional de dirigir la política energética del país y debe hacerlo incluso en el terreno diplomático.
Además de lo anterior, México quedó en deuda con Estados Unidos (EU), cuyo presidente aceptó absorber 250 mil BD de los 400 mil solicitados al país, manifestando que ya se lo cobraría, aunque aún no sabía cómo. Es evidente que el gobierno mexicano asumió una obligación muy costosa por un favor muy pequeño, porque en un momento en que el precio del hidrocarburo estaba tan bajo, y siguió estando ya que la medida no fue suficiente, parecía inconcebible que adquiriéramos un compromiso de esa magnitud.
A través de la secretaria de Energía, México pudo haber intentado una estrategia diferente: pedir que el recorte se calculara no a partir de la producción, sino de las exportaciones, que en su caso son de un millón 100 mil barriles diarios (BD) (la comercialización mundial de crudo en 2019 fue de 71 millones de BD y la producción de 99.6 millones de BD). Con ello, se retiraría una oferta de 7 millones de BD, y se pediría a los grandes productores (Rusia, Arabia Saudita, Irán, Irak, Nigeria, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos) que completaran el resto. Incluso Canadá, que es uno de los grandes productores, aun sin ser miembro del grupo, pudo haber colaborado.
En virtud del acuerdo, a partir de mayo de 2020 las 25 naciones del así llamado grupo OPEP+, signatarias en 2016 de la Declaración de Cooperación de Ajuste Voluntario de la Producción Petrolera y responsables de 75% de la producción mundial observada en 2019, reducirán su plataforma conjunta en 9.7 millones BD.
El programa de política económica del gobierno actual
La negativa del país a reducir el número de barriles parece fundamentarse en el programa de política económica del gobierno, el cual descansa en cuatro ejes. El primero es el combate a la corrupción, con ahorros anuales esperados al principio de la administración (aunque en realidad se deben tratar como ahorros de una sola vez) de unos 550 mil millones de pesos, incluyendo el popoteo de gasolina y diésel o huachicol.
El segundo es la reversión de la reforma energética mediante la reinstauración de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como semimonopolios estatales, para lo cual deberán producirse más de 1.9 millones de BD de crudo a fines de 2020 y más de 2.4 millones de BD al concluir 2024, lo que constituye un compromiso no sólo económico sino ideológico del presidente consigo mismo y con su electorado.
El tercero es la reconversión de la política social hacia la asignación de transferencias más que de programas antipobreza; para ello incluso se reformó el artículo 4º de la Constitución. Con ello se espera que en este año al menos un miembro de la mitad de los 30 millones de familias del país cuente con ese tipo de beneficios, lo que implica una erogación presupuestal cercana a 350 mil millones de pesos, sin contrapartida productiva.
El cuarto es el impulso a la inversión mediante la creación de infraestructura, para apoyar sobre todo el desarrollo del sureste del país: refinería de Dos Bocas, Tren Maya, Corredor Transístmico y reubicación-conclusión del Aeropuerto Internacional de México.
Efecto en las finanzas públicas
“Ante la crisis provocada por el COVID-19, las finanzas públicas deberían acusar un fuerte desequilibrio, como en otros países, o como en la crisis de 2009; pero el jefe del Ejecutivo ha declarado que no endeudará más al gobierno ni hará modificaciones a la política fiscal. En realidad, calcula que, con los recursos ahorrados, el cobro de impuestos pendientes y el combate a la evasión y elusión fiscales, será posible paliar los gastos en que deberá incurrir el gobierno federal, los cuales como proporción del PIB son de los más bajos del mundo, comparables a los que erogan los países más pobres”.
En este marco, no queda claro cómo van a restituirse los ingresos por las menores exportaciones de crudo, tanto la parte que corresponde a Pemex como la que absorbe vía impuestos el gobierno federal. Hay que resaltar que las coberturas petroleras que adquirieron tanto Pemex como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no van a ser suficientes para cubrir al menos una parte significativa de las pérdidas. El director general de Pemex declaró a mediados de abril de 2020 que en dicho año se van a recibir por tal concepto 7,500 millones de pesos, apenas 330 millones de dólares, cantidad irrisoria para lo que dejará de recibir la empresa, y tal vez no muy superior a lo que pagó por la cobertura.
La SHCP también protege sus ingresos petroleros con coberturas, pero por alguna razón este año no ha querido rebelar los detalles de dicha operación. Debe recordarse que por cada dólar promedio anual que cae el precio del petróleo, los ingresos en divisas del país disminuyen cerca de 420 millones de dólares, y si en 2020 bajan 30 dólares, la pérdida sería de unos 12,600 millones de dólares. En la crisis de precios de 2014, las aseguradoras devolvieron a SHCP 5 mil millones de dólares por coberturas, aunque dicha Secretaría invirtió cerca de 900 millones en la póliza. ¿Cuánto invirtió en el presupuesto de este año y cuánto le van a devolver? Eso es una incógnita.
Hasta 2013, Pemex contribuía con 33 por ciento de los ingresos presupuestales del gobierno federal; después la cifra bajó a 17 por ciento, y posiblemente en este año quede en 10 por ciento. Esto a pesar de que mantiene una enorme inversión en varios frentes: el de la nueva refinería, con ocho mil millones de dólares, programada para concluirse en 2022 y el de la modernización de las seis refinerías en operación, aunque algunas están casi paradas, con 50 mil millones de pesos. Como sector energético hay que agregar la modernización de las plantas hidroeléctricas de CFE, con un presupuesto de 20 mil millones de pesos. Haciendo un balance entre los costos para relanzar la industria energética y los ingresos que se van a recibir, y tomando en cuenta que los beneficios son a largo plazo, se ve muy difícil soportar un programa de esta natualeza.
El 17 de enero de 2020, la mezcla de crudo mexicano de exportación se colocó en 58 dólares por barril (D/B), mientras el Brent se cotizaba en 65 dólares y el West Texas Intermediate (WTI) en 63. Tres meses después, la mezcla mexicana se ubica en 15 dólares, el Brent en 20 y el WTI en 22, con caídas de 74 por ciento 60 por ciento y 65 por ciento, respectivamente; es decir, el que más ha caído ha sido el crudo mexicano, que es el menos competitivo, sobre todo por su contenido de azufre.
Los tres choques para México
Así, se conjuntan para México el problema de la caída de los precios con el de la pandemia por coronavirus, lo que se expresa en tres choques. Por una parte, un choque de demanda, ya que los consumidores y las empresas adquieren menos bienes y servicios; se invierte menos, y se adquieren menos importaciones. En segundo lugar, un choque de oferta, al frenarse las cadenas de producción globales. Por ejemplo, los suministros de China para las industrias automotriz, electrónica y de componentes diversos de todo el mundo, no sólo de México. En tercer lugar, un choque de expectativas, que quizá sea el más preocupante, ya que impide que las compañías se decidan a recontratar a sus trabajadores y reiniciar con normalidad sus actividades, no sólo por las restricciones de movilidad y sana distancia impuestas por sus gobiernos, sino porque no pueden calcular lo que va a estar dispuesto a demandar el mercado, incluyendo la penetración de las tecnologías verdes como sustitutas de las fuentes fósiles de energía.
Conclusiones
Hay una reducción global de los flujos comerciales de al menos 30 por ciento, y se teme que al cierre del año poco haya mejorado la cifra, pues la recuperación de la producción va a ser lenta: a nivel global y de Estados Unidos caerá al menos 3.3 por ciento y en México entre 6 y 9 por ciento (será nuestro segundo año de recesión). El problema es que somos una de las economías más abiertas del mundo, con un coeficiente de apertura –suma de exportaciones más importaciones sobre PIB– de 67 por ciento.
Es muy probable que aumente la inflación no subyacente sobre todo por el encarecimiento de los alimentos, algo que hemos notado cuando vamos al supermercado. No sucede lo mismo con las gasolinas y el diésel, cuyos precios han bajado y ayudarán a compensar el alza anterior.
La tasa de desempleo abierto promedio llegaría en 2020 en Estados Unidos a 15 por ciento a partir de un mínimo en 2019 de 3.5 por ciento en noviembre, mientras en México podría subir a casi 6.5 por ciento cuando estaba en 3.1 por ciento en diciembre.
Dos de las tres calificadoras de riesgo han puesto los títulos de deuda de Pemex en nivel especulativo, con lo que ha perdido el grado de inversión, y existe la posibilidad de que esto contamine la deuda soberana de México.
Es decir, 2020 será un año muy difícil; pero todavía no hay garantías de que los problemas se habrán superado para 2021, a pesar de que por el momento las corredurías y los organismos internacionales pronostican que la recesión no llegará más allá de 2020.
