El presidente Andrés Manuel López Obrador, impugnó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspendió hace un mes su política energética, que limita la generación privada de energías renovables.
La presidencia presentó acuerdos contra la controversia constitucional 89/2020 de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la 95/2020 del Gobierno de Tamaulipas, que cuestionaron por separado los nuevos lineamientos de la Secretaría de Energía (Sener).
«Se admite a trámite el recurso de reclamación que hace valer, en representación del poder ejecutivo federal», informó este jueves la Suprema Corte en la lista de notificaciones del pleno.
La SCJN concedió en junio una medida cautelar a la Cofece, para suspender de forma provisional la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que la Sener publicó el 15 de mayo.
Después, en julio, resolvió una medida similar para el Gobierno de Tamaulipas, estado del noreste del país en los primeros lugares de plantas eólicas.
La Cofece impugnó la política de la Sener porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».
Además, Tamaulipas argumentó que Sener viola la libre competencia en materia de energías limpias.
La Corte suspendió los efectos de la política en lo que resuelve de manera definitiva su constitucionalidad, pero ahora revisará el recurso de López Obrador, quien busca revertir el freno.
La Sener primero defendió su política al afirmar que debe garantizar la estabilidad del sistema eléctrico durante la pandemia y, según la dependencia, las renovables son inestables por ser «intermitentes».
Pero el presidente ha justificado los lineamientos, con el argumento de que los privados tenían más privilegios que las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En su conferencia de prensa matutina, López Obrador reiteró que el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex acusado de aceptar sobornos de Odebretch, muestra la corrupción y el «saqueo».
«Aquí se va a saber cómo compraban a los legisladores, cómo compraron la reforma energética», afirmó.
La política de Sener se suma a un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), publicado el 29 de abril, que está suspendido tras un amparo de la asociación Defensa Colectiva y otro de Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha denunciado que hasta el 14 por ciento del PIB está en riesgo por el conjunto de las nuevas políticas energéticas.
Por estas acciones peligran 44 mil millones de dólares de inversión y 81 mil 500 empleos en México, según las asociaciones de productores renovables.
