La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), a través de un comunicado, informó que realizó un análisis de la reforma a la Ley de Hidrocarburos. Derivado de este, el organismo que representa a 43 asociaciones de empresarios sugirió a las autoridades tomar en consideración los resultados que permitieron “detectar y precisar indefiniciones de procedimientos y vaguedades notoriamente manifiestas”.
El análisis de la reforma se centró principalmente en tres aspectos: la figura de suspensión y/o revocación de los permisos; la exigencia de infraestructura y capacidades de almacenamiento como requisito previo para el otorgamiento de permisos; y en el trato que deberá darse a proyectos de inversión realizados o en proceso, bajo condiciones legales que se desconocen y quedan sujetas a la libre interpretación de las nuevas disposiciones, principalmente las establecidas en los artículos transitorios.
“Consideramos que las reformas aprobadas requieren, para su aplicación y cumplimiento, de adecuaciones reglamentarias que definan procedimientos y que, a su vez, estos subsanen aspectos de alta subjetividad presentes en el texto aprobado. Como toda ley, esta debe ser de aplicación general y ofrecer certeza jurídica a las operaciones de los particulares como sujetos obligados. Es por ello indispensable se realicen las adecuaciones reglamentarias apegadas a principios de legalidad, objetividad, transparencia, gradualidad y proporcionalidad en su aplicación”, detalló la Onexpo.
En relación con la suspensión de permisos; otorgamiento de permisos y causales de revocación; inversiones, administración y operación de permisos suspendidos; regulación asimétrica (aprobado por el Congreso y en proceso de promulgación) y el mercado ilegal de hidrocarburos, la Onexpo solicitó a la Secretaría de Energía (Sener) y a las autoridades e instituciones encargadas de instrumentar la reforma, “abrir un espacio de audiencia conveniente y expedito que permita definir y conocer el alcance y obligaciones de los permisionarios, a partir de la entrada en vigor de las modificaciones a la ley”.
Finalmente, aseguraron que es necesario impulsar proyectos “donde converjan gobierno e iniciativa privada bajo reglas y acuerdos claros”, ya que “el Estado ni el mercado garantizan por separado la reactivación económica, la creación de infraestructura estratégica, el crecimiento y el desarrollo con generación de empleo y bienestar social”.
