Las modificaciones recientes al marco legal cambian el paradigma del modelo de competencia en la generación y suministro de energía eléctrica, en consecuencia, se afectará el medio ambiente y los mexicanos pagarán electricidad más cara, dijo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El Estado mexicano debe de considerar que la competencia es un medio para lograr menores tarifas e impacto ambiental, sin embargo, los cambios a las leyes y reglamentos hechos de 2019 a la fecha y la falta de transparencia y de la aplicación de la reforma eléctrica de 2013 dificultan esos objetivos.
“Es previsible un incremento en los costos sociales de generación (ambientales y monetarios), afectando el medio ambiente y el bolsillo de los mexicanos de forma directa a través del pago de electricidad más cara o indirectamente, a través del incremento al subsidio de las tarifas eléctricas por parte del Gobierno Federal”, comentó.
Por una parte, México no alcanzará el porcentaje de 35% de generación de energía limpia para 2024, si acaso logrará 29.8%, “es decir, México incumpliría su meta de generación limpia comprometida para 2024 en 5.2 puntos porcentuales”.
En el caso de las tarifas eléctricas para suministro básico, al no reflejar la fluctuación de los insumos ni de los costos de generación inhiben la competencia que es necesaria para tener costos más eficientes de suministro.
La metodología de cálculo de las tarifas finales de suministro básico de energía eléctrica en México no refleja la fluctuación de insumos o de los costos de generación, lo que dificulta la competencia en el mercado, dijo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Es necesario que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emita una metodología definitiva de cálculo y ajuste de las tarifas finales basado en la recuperación de costos eficientes de suministro, expuso la Comisión.
“Conforme a los datos históricos, no es claro que la evolución del precio que pagan los usuarios finales refleje las variaciones de los insumos o los costos de generación. Así, la tarifa no es trazable y no da señales para que nuevos suministradores puedan incursionar en el mercado”, expuso la Cofece.
La Comisión, que preside Alejandra Palacios, dijo en un artículo publicado en el segundo Informe Trimestral 2021, que es necesario revisar el cumplimiento de las condiciones de los permisionarios de autoabastecimiento porque éstos recibieron ventajas como tarifas de interconexión más bajas que aquellos que operan bajo la Ley de la Industria Eléctrica.
Añadió que hay retrasos en la implementación de la reforma de 2013 como la separación legal, contable, operativa y funcional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), nunca se emitió por parte de la CRE una metodología de cálculo de las tarifas de transmisión, a pesar de que se tiene que transparentar la metodología de cálculo y ajustar la tarifa.
“Existen varios proyectos de ampliación a la red de transmisión establecidos en los Programas de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) que reportan retrasos o fueron cancelados. La falta de implementación de los mecanismos previstos en la normativa dificulta la interconexión de nuevos proyectos, sobre todo los que se encuentran alejados de los centros de consumo”, explicó la Cofece.
A todo ello se le suman los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Energía que desalientan la competencia y que ya se impugnaron o están en un proceso de controversia constitucional.
“La competencia no es un fin en sí mismo. En el caso de la industria eléctrica es el medio para lograr menores tarifas e impacto ambiental.
“Las modificaciones recientes al marco legal y sobre todo la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica implican un cambio de paradigma del modelo que consideraba a la competencia en la generación y el suministro de electricidad como el mecanismo para promover la reducción de costos y la eficiencia en la industria, sin sustituirlo por otro que motive la transición hacia la sustentabilidad ambiental y económica de esta”, añadió la Comisión.
