La reforma al sector eléctrico enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso el jueves pasado abre la posibilidad de transformar los estatutos bajo los cuales opera actualmente la estatal Pemex.
El dictamen busca en lo general echar hacia atrás la apertura del mercado eléctrico al sector privado llevada a cabo desde 1992, pero dentro de ésta, sus redactores han incluido la modificación a un artículo que cambia la forma en que se denomina a la petrolera y esto, coinciden las fuentes, marca un punto de apertura para modificar hacia adelante –en dado caso de que sea aprobada la reforma constitucional– la ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Hidrocarburos.
La administración morenista ha decidido eliminar la figura de empresa productiva del Estado, que se adhirió con la reforma de 2013 y que buscaba que las dos compañías estatales de energía tuvieran como eje de sus actividades el de crear utilidades al Estado mexicano y competir como cualquier otra empresa participante en sus respectivos mercados.
La nueva redacción del artículo 27 implica denominar a la estatal Pemex –al igual que a la CFE– como un «organismo del Estado», una figura que aún no está detallada y que no se encuentra en otra parte de la Constitución, pero que, de acuerdo con abogados consultados, daría pie a que la compañía nacional regrese a la forma en como operaba antes del cambio constitucional del pasado sexenio priista y a que su fin principal sea relacionado con fines sociales, más que económicos. «Esto quiere decir que le pretenden quitar a Pemex su característica de empresa productiva del Estado. No lo dicen aquí, pero con base en este párrafo, luego van a cambiar la naturaleza de Pemex», dice Claudio Rodríguez-Galán, socio de la práctica de energía de Holland & Knight.
Las fuentes dudan que el cambio haya sido de manera no intencionada, sino que la administración federal se ha percatado que en el sector de hidrocarburos no necesita llevar a cabo una reforma constitucional para que la estatal mexicana prepondere en todos los sectores en los que opera. Hasta ahora el gobierno federal ha lanzado dos reformar a leyes secundarias para favorecer a Pemex, pero ninguna ha prosperado debido a los amparos promovidos desde el sector privado y organizaciones.
«Con esta reforma, a nivel de hidrocarburos habría que hacer muchas modificaciones también. Aún hay dudas de cómo la implementarían y sus alcances porque en la iniciativa sí ponen cuál sería el rol de CFE como organismo del Estado, pero habría que ver cuál sería el de Pemex. Al final, compartiría la misma naturaleza que CFE», dice Bernardo Cortés, un abogado especialista en el mercado energético.
La reforma, en dado caso de aprobarse, transformaría a la CFE de una empresa participante en el mercado de generación –y con exclusividad en la transmisión y distribución– a un ente de toma de decisiones de la política energética, único responsable de la generación eléctrica y operador del mercado, al absorber al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).»Yo no descartaría del todo que quieran hacer lo mismo con Pemex. Pero este cambio sí implica una transformación de Pemex. ¿A qué nivel? Esa es la cuestión», dice Cortés.
Pemex se ha mantenido como la principal prioridad del ejecutivo –sobre todo en materia financiera–, pero desde el inicio del sexenio el gobierno federal ha concentrado la mayoría de los movimientos regulatorios en el mercado de generación eléctrica, en donde la CFE ha perdido mercado de manera acelerada.
El ejecutivo ha promovido acciones para que la estatal petrolera mantenga el liderazgo en los mercados de combustibles y ha decidido no retomar la concesión de nuevos contratos en materia de exploración y producción. Se han cancelado una gran parte de permisos de importación de combustibles, se han pausado las autorizaciones para nuevas estaciones de gasolina y en meses pasados se aprobaron en el Congreso dos reformas secundarias a la Ley de Hidrocarburos.
La primera estaba encaminada a modificar el mercado de hidrocarburos, dando a Pemex la facultad de ocupar algunas instalaciones que se le retiren a privados por violaciones a la ley y abría la puerta a la cancelación de permisos si estos eran considerados un peligro para la economía nacional o la seguridad nacional. El segundo quitaba a la estatal una serie de reglas más rígidas en la venta de combustibles que le fueron impuestas tras la reforma energética. Ninguno de los dos cambios ha logrado ser echado a andar, aunque el primero podría ser aplicado en los siguientes meses después de que tribunales fallarán en contra de las compañías privadas y jueces especializados en competencia que dictaron suspensiones para su aplicación.
