En caso de que la iniciativa de Reforma Eléctrica llegue a ser aprobada por el Congreso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría adquirir un estatus legal superior al de una secretaría de Estado ya que se le dotaría de ‘autonomía constitucional como el Banco de México’, según un análisis del think tank, México Evalúa.
Acorde con la organización civil, la propuesta del Ejecutivo plantea que la CFE pase de ser una empresa productiva del Estado a un Organismo de Estado.
De esta forma, la dependencia a cargo de Manuel Bartlett se convertiría en un ente público con triple mandato.
En primer lugar, estaría a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica, “sería al mismo tiempo empresa preponderante, con un 54 por ciento mínimo del mercado de generación y 100 por ciento de participación en transmisión, distribución y suministro básico, y a su vez, sería un monopsonio (el único comprador mayorista) de electricidad, lo que incluiría el control del despacho eléctrico y la proveeduría del sector eléctrico”, especificó México Evalúa.
Asimismo, asumiría la responsabilidad exclusiva de diseñar e implementar políticas públicas en materia de transición energética y en materia de política industrial, facultades que hoy en día recaen en otras entidades gubernamentales.
“El mandato triple que propone el presidente López Obrador le daría a la CFE un imperium diferenciado de la Administración Pública Federal, incluso por encima de la Secretaría de Energía. Es decir, la CFE se mandaría sola, sin contrapesos y sin mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas”, señaló la think tank.
El análisis también incluye varias implicaciones negativas para el país, como un incremento promedio del 30 por ciento en las tarifas eléctricas, lo que derivaría en un aumento promedio de 20.4 por ciento los precios de insumos intermedios para la industria.
También dificultaría atraer inversiones en el campo de las fuentes de energía renovable, incertidumbre jurídica para el sector privados en la venta de energía a la CFE, quiebras de empresas proveedoras de la empresa productiva del Estado las cuales se vieron beneficiadas durante el sexenio de Peña Nieto, arbitrajes internacionales y litigios que podrían sumar hasta un billón de pesos, entre otras afectaciones.
“México Evalúa somete a consideración de los legisladores las recomendaciones que emitió en 2020, respecto de elaborar para México una política de propiedad del portafolio de inversiones productivas del Estado” propuso.
Dentro de esta propuesta destaca la figura de “entidad propietaria”, que podría formar parte de un Consejo Fiscal o similar. “Se trata de un ente del Estado encargado de ejercer de una forma más estratégica y eficaz la vigilancia del desempeño de sus empresas”, apuntó la organización.
México Evalúa considera que a través de una entidad propietaria sería posible normalizar procesos continuos de revisión y vigilancia, para acreditar el interés general que sustenta la existencia de las empresas del Estado, a fin de dar mayor certidumbre sobre su conveniencia para el país, “independientemente de ideologías”.
