Ninguna propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador había tenido la profundidad y el alcance de la reforma constitucional en materia eléctrica que se dio a conocer en septiembre. Se trata de un cambio radical.
No solamente echa para atrás la reforma instrumentada en el gobierno de Enrique Peña, sino también una serie de cambios legales que habían propiciado una fuerte inversión de particulares en la generación eléctrica desde 1992.
El Consejo Coordinador Empresarial estimó la inversión acumulada en el sector en alrededor de 44 mil millones de dólares. El propósito de fondo de la reforma es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelva a tener el peso específico con el cual contaba en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado.
Anecdóticamente, hay que recordar que José López Portillo, antes de ser secretario de Hacienda y luego presidente de la República (1976-82), fue director general de la CFE. A lo largo de estos 28 años en los cuales de una o de otra manera se permitió la inversión privada en generación eléctrica se constituyó una capacidad de generación que, en los considerandos de la propuesta de reforma, el gobierno asume que se encuentra en 62 por ciento del total nacional.
La propuesta de reforma señala que todos los contratos que se han establecido a lo largo de todos estos años serán cancelados. Y, además, fija cómo límite máximo para la generación privada un porcentaje del 46 por ciento del total.
Si se fuera consecuente con este monto, estaríamos a la puerta de una crisis de abasto energético. Si el propio gobierno considera que los privados ya generan el 62 por ciento de la energía y se pretende limitar el total al 46 por ciento, hay un 16 por ciento de brecha, que difícilmente podría ser generado por la CFE. Sería tan grande el impacto de una crisis de generación, que lo más probable es que en el Congreso se establezcan modificaciones para impedirlo y se instaure un esquema gradual.
Pero, aún si se actuara de esa manera y ello evitara la crisis, tendríamos probablemente el mayor impacto que ha tenido la inversión privada en esta administración.
Bajo las nuevas reglas, no se sabe cuáles de las inversiones realizadas a lo largo de los años seguirían siendo viables.
En el escenario extremo, la totalidad de lo invertido en casi tres décadas podría ser no rentable y por lo tanto las centrales podrían apagarse por ya no ser negocio para sus operadores. Además, en los esquemas de autoabastecimiento, se señaló que había muchos que serían considerados ilegales, lo que obligaría a grandes empresas a abandonarlos.
El impacto sobre la confianza de los inversionistas sería gigantesco. No solo entre aquellos que han invertido en el sector energético sino entre la totalidad de los empresarios nacionales y foráneos que han invertido en México en las últimas tres décadas.
Además, lo más probable es que se desatara una oleada de litigios internacionales como quizás no haya ocurrido en nuestra historia reciente. En otras palabras, probablemente nos enfrentaríamos a una crisis cuyo único paralelo en la historia económica del país podría ser la nacionalización de la banca en 1982.
Ante esta circunstancia, incluso dentro de Morena, ya se han alzado voces, como la del senador Ricardo Monreal, que considera indispensable hacer ajustes a la propuesta enviada por el presidente López Obrador.
Tal vez el propio diseño de la iniciativa esté pensado para ello y para que los cambios provengan de los cuestionamientos de legisladores de oposición, especialmente del PRI.
Es bien sabido que, tratándose de una reforma constitucional, los votos de Morena y de sus aliados no serían suficientes para obtener su aprobación, por lo cual requieren que haya legisladores de otros partidos que los respalden. Y como se ha dicho con insistencia en los medios políticos mexicanos, probablemente el único partido susceptible de respaldar esta propuesta es el Revolucionario Institucional.
No es exagerado señalar que probablemente en la discusión de esta iniciativa se esté jugando el futuro del gobierno de López Obrador.
Aunque él considera que el lanzar la propuesta lo va a beneficiar políticamente, también se podría considerar que el resultado pudiera acabar perjudicándolo. Si la iniciativa resulta aprobada, quizás estemos a la puerta de una grave crisis económica de fin de sexenio por su efecto en la confianza empresarial.
Y, en caso de que resulte rechazada, se podrá confirmar que el presidente, con todo y su alto nivel de aprobación, no tiene la fuerza política necesaria para hacer reformas constitucionales que no sean respaldadas por los opositores.
Sin embargo, hay una opción intermedia. Se trata de la aprobación de una reforma que pueda ser políticamente redituable para AMLO pero que limite los efectos negativos sobre la inversión y sobre la generación eléctrica.
Esto se puede lograr si se ajusta la iniciativa y se ponen a negociación los contratos con el sector privado.
Probablemente, sí se quiera cancelar un grupo importante de los esquemas de autoabastecimiento, pero se pretenda dejar vivo el tema de la producción independiente.
Aún en ese caso, habría un impacto para el sector privado, pero se podría amortiguar eliminando los aspectos más nocivos de la reforma.
La eliminación de los reguladores no haría gran diferencia respecto a la situación presente en la cual ya han perdido su autonomía, y debido a los cambios de composición, ya actualmente funcionan como apéndices de la secretaría de Energía.
La mitigación de los efectos de la reforma dependerá de hasta qué punto López Obrador esté en disposición de cambiar los términos de la redacción de su iniciativa. Y hasta qué punto quiénes le asesoraron, como Manuel Bartlett, acepten quitar aspectos de la reforma que probablemente ellos mismos incorporaron.
Si hubiera una obstinación en no aceptar cambios y “no moverle ni una coma”, como se ha planteado en otras ocasiones, se reduce la probabilidad de que haya un número suficiente de legisladores del PRI que le den el visto bueno y que sumen sus votos a los de Morena para obtener la cantidad necesaria para la mayoría calificada.
Otra posibilidad es que se decida posponer la aprobación de la reforma hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, que coincidirá con la campaña relativa a la revocación de mandato, con objeto de maximizar el respaldo popular a la propuesta de AMLO. Veremos.
