La generación pasaría de 195,000 a 145,000 megawatts hora por año, al caer la cuota de mercado de 62% a 46%, que es el tope legal que plantea la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno federal
La reforma energética que se pretende aprobar en este periodo legislativo provocará que la generación de electricidad de privados caiga en 25% en términos de volumen, pasando de los actuales 195,000 megawatts que aportan estas plantas al despacho nacional a un máximo de 145,000 megawatts por año, expusieron este jueves expertos y representantes de la industria.
En el taller “Las implicaciones de la reforma energética”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cofundadora del foro de análisis Voz Experta y ex directiva de Hidrocarburos en la Secretaría de Energía, Rosanety Barrios, explicó que en la actualidad todos los productores privados, incluyendo a los participantes del mercado, autobastecedores y a los productores independientes de energía que le venden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), generan el 62% de la energía que se despacha, equivalente a unos 195,000 megawatts hora al año, al cierre el 2021.
Dado que, con cifras de la Secretaría de Energía, la generación efectiva de electricidad ronda los 315,000 megawatts hora al año, imponer la barrera de que la CFE deberá generar como mínimo 54% de la electricidad, obligará a que el volumen restante que aporten los privados sea de un máximo de 145,000 megawatts hora al año, lo que lleva a la pregunta de ¿qué pasará con el resto de la electricidad que hoy ya generan terceros, con contratos firmados y con cláusulas de sanciones ante su recisión?
“Estamos hablando de energía efectiva, que para instalarse tomó tiempo y financiamiento, en muchos casos de la banca con intereses. Ya se estará pensando en que se apaguen algunas centrales, en que se terminen algunos contratos por ordenamiento unilateral del Estado. Y también en la defensa legal que los afectados prepararán para impugnar estas decisiones, si se aprueba la reforma y se llevan a cabo”, dijo Barrios Beltrán.
Además, detalló que incluso las plantas que continúen funcionando renegociarán sus contratos para venderle al único suministrador legal que quedará tras la reforma, que es la CFE (aunque en términos prácticos hoy es también el único suministrador, para más de 80% de los consumidores). Estas negociaciones estarán sujetas a los términos de la empresa del Estado, lo que podría resultar inconveniente para los inversionistas.
A la vez, desde el punto de vista de la detractora de la reforma, este cambio de reglas que afecta inversiones ya realizadas con financiamiento provocará que la banca ajuste sus tasas y términos para emitir créditos en México no sólo para proyectos del sector energético sino posiblemente de toda la industria, puesto que la generación de energía afecta de manera directa a la producción de todos los bienes y servicios.
“Y quienes financiaron, con cláusulas claras del apalancamiento de sus fondos a obras específicas que ahora no tienen un retorno seguro bien podrán decir págame, porque ya cambió mi riesgo, lo que podría generar un efecto dominó importantísimo sobre toda la inversión privada, porque estas plantas les venden a todas las industrias del país”, explicó.
Contra reloj
En el mismo foro, Vanessa Zárate, consultora asociada en Estrategia Pública Consultores, dijo en cuanto a los tiempos de aprobación de estos cambios a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que devuelven toda la cadena legal de la electricidad en exclusiva a la CFE –con la obligación de comprar un máximo de 46% del suministro a privados–, además de que devuelve a la Secretaría de Energía la rectoría de los reguladores (la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, y la Comisión Reguladora de Energía, CRE) y establece la explotación del litio como facultad exclusiva del Estado, que el día de hoy sólo hay escenarios en construcción en el ámbito político y los actores se están preparando para tomar posturas en las discusiones y aprobación de los cambios.
Además, consideró que existe hoy una voluntad del gobierno de no pasar esta iniciativa sin moverle ni una coma, y que incluso hay un acuerdo con ciertas flexibilidades para escuchar a otros partidos. En los partidos, al interior de ellos, particularmente de oposición, están decidiendo quién llevará la decisión, cúpulas como la del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Además, hay acercamientos de las empresas con la CFE, por lo que las próximas cuatro semanas de parlamento abierto en el Congreso permitirán tener un panorama más claro de cuál podrá ser el desenlace de este capítulo tan importante para la economía del país.
“Aunque hay temas no negociables como que sea una reforma constitucional, que el litio quede reservado para el Estado, y lo que sí veo es que los transitorios podrían tener márgenes, como darles tiempo a los permisos para ajustarse, poder pensar en alguna renegociación de contratos o condiciones”, explicó.
