Una revisión a la propuesta de reforma que impulsa el gobierno federal para recuperar la rectoría de la política energética y acotar la participación del capital privado da cuenta que la CFE tendría tal autonomía que evitaría mecanismos de rendición de cuentas, por la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y el Consejo Nacional de Hidrocarburos. Asimismo, recuperaría el control de las responsabilidades del Centro Nacional de Control de Energía, un organismo público descentralizado que fue pensado para garantizar la imparcialidad en el acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución.
En medio del Parlamento Abierto iniciado el 17 de enero último para evaluar el impacto económico y político de la contrarreforma constitucional para recuperar la rectoría de la política energética y acotar la participación del capital privado, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una embestida, acompañada por los gobernadores morenistas y académicos contra las empresas españolas que, como Iberdrola, impugnan la decisión de cambiar las reglas en este sector para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La contrarreforma a la Ley de la Industria Eléctrica, según cálculos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), afectaría inversiones por más de 44 mil millones de dólares. Por ello, en opinión de los dirigentes de esta cámara, se ha presentado una lluvia de amparos que sumarían 4 mil, al menos.
Mario Morales Vielma, director de Intermediación y Contratos Legados de la CFE, reveló que esa comisión ya ha sido notificada de 4 mil 250 amparos efectuados por cámaras empresariales, asociaciones de energía y empresas, y de los recursos de suspensión impulsados directamente por la Comisión Federal de Competencia Económica.
“Los intentos de que el libre mercado marque la gestión de los sectores estratégicos, en general, no han funcionado y han causado altos costos a la población. Ahí está el último y reciente caso de España en el sector eléctrico, que ha significado un aumento desproporcionado en las tarifas”, dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, durante su participación en el Parlamento Abierto de la Reforma Energética.
Durante 17 sesiones, gobernadores, legisladores, académicos y representantes del sector privado y la sociedad han expuesto argumentos en favor y en contra de la iniciativa con la cual se busca que la CFE se transforme en el vigilante de la rectoría del Estado en el sector eléctrico, pero también en un organismo autorregulado y sin contrapeso en el Poder Ejecutivo. La mala noticia es que sólo el Poder Legislativo podría llamar a cuentas a esta comisión, lo que politizaría su rendición de cuentas y su vigilancia, sometiendo su operación a una gran incertidumbre, advierten abogados y analistas de este sector.
Para los funcionarios del gobierno de López Obrador y para los gobernadores morenistas, las sesiones del Parlamento Abierto permitieron insistir en la experiencia española en el sector eléctrico, así como en los beneficios que empresas de ese país han obtenido en nuestro país gracias a los cambios en leyes impulsados por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
