Las direcciones del PAN y el PRI ya han comenzado el diálogo con Morena sobre una medida clave para el Gobierno. Se abre un marco de negociación inédito en el sexenio.
La reforma eléctrica va encontrando la salida del túnel. Tras unos primeros meses de bloqueo por parte de la oposición, que obligó en otoño a retrasar la votación en el Parlamento, una de las medidas estrella de Andrés Manuel López Obrador está hoy más cerca de materializarse. Fuentes del PAN y el PRI confirman a EL PAÍS que en las últimas semanas se han profundizado los contactos con Morena y que existe ya “una idea muy clara de lo que puede ser aceptable”. El acuerdo pasaría en todo caso por realizar cambios a la iniciativa presidencial, atascada todavía en el Congreso que, en términos generales, aspira a echar para atrás la liberalización del sector impuesta por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto en 2013.
Los votos de apoyo de la oposición, necesarios por quorum para sacar adelante cualquier reforma de la Constitución, abrirían un escenario nuevo ante el final del sexenio. Tras una primera mitad del mandato de López Obrador marcada por la unilateralidad y el rodillo legislativo de Morena, el pacto con el PRI y el PAN significaría un cambio de estrategia, el inicio de la vía de la negociación ante las dos próximas reformas constitucionales marcadas en rojo por el Gobierno: el vuelco en la legislación electoral y el blindaje definitivo de la Guardia Nacional.
Desde la presentación del borrador del proyecto legislativo en octubre, toda la presión se había concentrado en la bancada del PRI. Morena perdió el control total en el parlamento tras las elecciones de junio, que colocaron al histórico partido mexicano en el papel de bisagra para alcanzar la mayoría calificada que abre las puertas de las reformas constitucionales que tanto anhela el presidente. El PRI, que atraviesa un momento muy delicado -cada vez con menos plazas de poder y ante el riesgo de terminar engullido por Morena- comenzó respondiendo a los guantes lanzados por López Obrador con ambigüedad, despertando el recelo entre el resto de la oposición. El PAN -derecha y primera formación de oposición- y el PRD -la izquierda tradicional mexicana reducida al mínimo- rechazaron con firmeza el proyecto del Gobierno y acusaron de tibieza al PRI.
Los tres partidos clásicos forman desde hace dos años una alianza insólita. Una jugada volcada al pragmatismo: todos contra Morena. Las primeras grietas en la alianza parecieron sellarse a finales de año, cuando el PRI cerró la puerta a cualquier acercamiento con el Gobierno en respuesta a los ataques de Morena, que fue escalando su ofensiva buscando torcer el brazo del PRI, y de paso, debilitar a todo el bloque opositor. El desencuentro obligó a aplazar hasta la primavera la votación de la reforma prevista en principio para finales de 2021.
Líneas rojas
Los papeles han cambiado apenas dos meses después. El PAN, que en principio opuso mayor resistencia a cualquier pacto, tiene ahora la mano más tendida. “No se trata desde luego de ceder y volver al modelo antiguo de la estatización”, apuntan fuentes del partido en contacto directo con las negociaciones. Desde la formación conservadora ponen, por ejemplo, como una línea roja el desmantelamiento de los dos órganos reguladores, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), según se recoge en la redacción actual del borrador.
El viraje en la estrategia del PAN tiene como precedente la reunión en diciembre con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para definir posibles puentes comunes en temas de seguridad, salud, economía o energía. Un movimiento que despertó críticas dentro del propio partido, que juzgaron como equivocado lanzar el guante a un gobierno que en estos cuatro años se ha negado tozudamente a negociar y que arremete contra la oposición como una de sus estrategias centrales. Más todavía, en un momento de necesidad para el proyecto de Morena, que requiere obligatoriamente de un puñado de votos de sus contrincantes para sacar adelante las reformas pendientes.
Desde el PRI también reconocen que los contactos se han profundizado entre las direcciones de los partidos. La posición del PRI respecto a la iniciativa legislativa de Morena va más allá de los cálculos o estrategias de cara al resto del sexenio. El núcleo del proyecto de López Obrador supone desbaratar parte de la liberalización impuesta por la reforma energética de Peña Nieto en 2013, una de las banderas de aquel nuevo PRI. Desde la dirección del partido subrayan que, en todo caso, el acuerdo final no llegaría hasta de después de las elecciones de junio, donde se juegan seis gubernaturas.
Además de los posibles cambios fruto de la negociación con la oposición, el texto original también está siendo rebajado por las presiones desde otro flanco. Ante el riesgo de que la nuez de la reforma, el mayor protagonismo de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), pueda provocar conflictos con el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el grupo de Morena en el Senado ya trabaja en la introducción de modificaciones para evitar posibles arbitrajes o quejas de sus socios. Unos movimientos que, sumados a los acercamientos a la oposición, encaminan cada vez más a desbloquear la reforma eléctrica de López Obrador.
