El regulador del sector energético sancionó a la compañía por actividades relacionadas con su terminal en Tuxpan, que fue clausurada en septiembre de 2021.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) decidió sancionar a la estadounidense Monterra, filial de la multinacional KKR, por las operaciones de una de sus terminales de almacenamiento ubicada en Tuxpan, Veracruz, por la que mantiene una disputa con el gobierno mexicano. El regulador del mercado eléctrico y de hidrocarburos no dio a conocer el monto de la sanción.
La compañía emitió en febrero pasado una notificación de arbitraje al gobierno mexicano por el cierre de su terminal de almacenamiento en Tuxpan en septiembre pasado, según dio a conocer The Wall Street Journal. La sanción del regulador se da en medio del periodo de 90 días en que la administración federal y la compañía estadounidense se encuentran en diálogos para lograr una solución sobre el cierre de las instalaciones y evitar un proceso de arbitraje internacional, que sería costoso para ambas partes.
La CRE tampoco dio a conocer las razones detrás de la decisión. Sin embargo, una de las comisionadas, Norma Leticia Campos, dijo en la sesión de este jueves que la compañía no respetó la regulación en materia de precios y tarifas y realizó actividades sin autorización previa. También propuso revocar el permiso a la estadounidense. En 2018 la empresa recibió una autorización del regulador, que ahora la sanciona, para almacenar gasolina y productos petrolíferos por 30 años en la instalación de Tuxpan.
“Derivado del análisis realizado al expediente administrativo del proyecto, considero que la sanción que hoy se está imponiendo es mínima al permisionario porque no corresponde con las conductas y omisiones en las que incurrió y que implican una violación grave al marco jurídico y cuya hipótesis normativa actualiza la causal de revocación”, dijo la comisionada en una sesión pública en donde mencionó que el proceso de sanción era relacionado con Servicios y Terminales de Tuxpan, propiedad de la compañía estadounidense.
Monterra fue consultada, pero decidió no ofrecer comentarios y la oficina de comunicación de la CRE aseguró no poseer información al respecto.
La compañía ha defendido en los últimos meses la legalidad de sus actividades. En un comunicado de febrero pasado acusó al gobierno mexicano de cerrar la terminal –que importa combustibles desde Estados Unidos– sin una justificación judicial y de llevar a cabo “acciones ilegales y discriminatorias” que le impiden operar la terminal de combustibles de Tuxpan “negando el debido proceso y violando provisiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.
En el mismo documento, Monterra acusa de pérdidas de 667 millones de dólares y pide al gobierno mexicano resolver la disputa de manera colaborativa.
La administración federal cerró las instalaciones en septiembre pasado en medio de un aumento en la vigilancia a las instalaciones de compañías privadas, como parte de una serie de operativos en los que participó el regulador y la Guardia Nacional. La CRE, en su momento, no ofreció explicaciones sobre el cierre de las instalaciones de Monterra.
