El T-MEC no establece un plazo máximo para las consultas de resolución de disputas, pero el primer periodo –de 75 días– se ha cumplido este lunes, sin que se conozca el rumbo de las pláticas.
El primer plazo ya se ha cumplido: los primeros 75 días establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para tener un resultado de las consultas de resolución de disputas iniciadas por los dos principales socios de México ha llegado este lunes. El periodo no es definitorio: las partes pueden extender las conversaciones por el tiempo que consideren necesario, pero de no llegar a un acuerdo –algo que aún se mantiene en vilo–, un panel emitirá un fallo que será definitorio para la política energética del gobierno obradorista.
El capítulo 8 que, según el presidente López Obrador, protege la libertad del país para cambiar las reglas en el mercado energético, ha sido desestimado por los abogados especializados como un recurso viable para defender las regulaciones impulsadas desde la presidencia. Los párrafos de ese capítulo sólo tienen alcance en el mercado de exploración y producción de hidrocarburos, que ninguna de las partes ha incluido dentro de sus reclamos.
Estados Unidos y Canadá, dicen también los juristas, no pueden exigir modificar las leyes mexicanas porque estarían violando la autonomía del gobierno mexicano, pero lo acordado en el T-MEC es suficiente para pedir a la administración federal retirar aquello que va en contra del acuerdo internacional, sobre todo lo relacionado a beneficiar a las dos empresas estatales, CFE y Pemex.
Sea como sea, dicen los analistas, México no podrá continuar con la implementación de la regulación que ha puesto en marcha hasta ahora.
“[México] tendría que comprometerse a propiciar un marco legal más predecible. Prácticamente a cumplir con lo que ofrecieron con la reforma energética y que todo sea más transparente frente al sector”, dice Francisco Franco, un abogado especialista en resolución de controversias de Baker McKenzie.
Las principales quejas de la parte estadounidense son la falta de transparencia en los cambios, que estos no han sido predecibles y que a sus inversionistas no se les ha dado el mismo trato que a las dos empresas estatales mexicanas, uno de los principales puntos que violan el acuerdo comercial. “México no está administrando sus leyes de manera coherente, imparcial y razonable”, dice la carta emitida por el gobierno estadounidense en julio pasado.
Los temas controvertidos
El principal motivo de las consultas es el cambio que hizo el gobierno mexicano a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en 2021, que fue invalidada parcialmente por la Suprema Corte de Justicia en abril pasado y que se mantiene suspendida, por ahora, por una centena de suspensiones generales otorgadas por jueces a empresas y organizaciones ambientales. En sus respectivas cartas, Canadá y Estados Unidos, colocan como primer punto del desacuerdo el nuevo orden de despacho que promueve la legislación para subir primero al sistema a la electricidad generada por las centrales de la CFE. La Corte no declaró como constitucional este cambio, pero tampoco se alcanzó la mayoría para que este punto fuera expulsado del orden jurídico.
Este es el primer punto, dicen los abogados, que deberá ser cambiado por el gobierno mexicano, para así continuar con el orden establecido en las reformas secundarias del cambio constitucional del 2013 y que dicen se le debe dar prioridad a la electricidad de centrales con menores costos variables, que resultan ser las plantas eólicas y solares que, en su mayoría, pertenecen a los privados.
El gobierno mexicano no ha dado señales de querer modificar este punto. Esa modificación no ha entrado legalmente en vigor, pero en la práctica han inhibido la entrada en operaciones de centrales ya construidas y se ha aumentado el uso de las centrales de la estatal mexicana. «Si bien el decreto para reformar la LIE se encuentra actualmente suspendido debido a varios amparos emitidos por tribunales mexicanos, el gobierno mexicano ha continuado persiguiendo los objetivos de aumentar la participación de mercado de CFE en detrimento de los productores privados a través de varias medidas administrativas», dice Canadá en la carta de solicitud de consultas.
Como parte del acuerdo, dicen los juristas, la parte mexicana se verá obligada a retraerse de este punto. “Tendría que haber una iniciativa de ley, del mismo ejecutivo, para decir: ‘todo lo que había dicho sobre el despacho, ahora va para atrás”, dice David Enriquez, de la firma Goodrich Riquelme y Asociados.
El lado canadiense también ha sacado a colación una regulación de 2019, en la cual se modifica la forma en que se emiten los Certificados de Energías Limpias para que las antiguas centrales de la estatal CFE tengan acceso a este mecanismo que fue diseñado para incentivar la creación de nuevas plantas renovables. “Lo que es curioso de la consulta de Estados Unidos es que está protegiendo a sus inversionistas, pero el de Canadá está enfocado en proteger también al medio ambiente y eso le da otra capa de complejidad al tema, y lo volverá más complejo de resolver”, dice Julia González Romero, del despacho González Calvillo.
Las declaraciones sobre el rumbo de las consultas han sido nulas hasta ahora. Pero el gobierno mexicano, dicen los abogados, ya ha dado algunas señales de ceder ante las presiones de sus socios comerciales o, al menos, de buscar conciliar en algunos puntos. Apenas el jueves pasado la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el regulador del mercado eléctrico, aprobó 283 proyectos, después de meses en que no se pronunciaba sobre ello.
Estados Unidos y Canadá agregaron como segundo punto de queja el actuar del regulador mexicano, la omisión para dar nuevos permisos y las aprobaciones en favor de CFE y Pemex.
“Hay una alta probabilidad de que se le dé más tiempo a México, hay algunas expresiones de buena fe y eso puede hacer que se abra la puerta a tener más tiempo. Pero el reclamo es muy claro, se tienen que cambiar las porciones reglamentarias que van en contra de dar un trato igual a los inversionistas”, explica Enriquez.
Estados Unidos también puso sobre la mesa otros dos cambios regulatorios: uno impulsado desde la Secretaría de Energía para que Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) limitará la importación de gas que no haya sido comprado a una de las dos estatales mexicanas y una prórroga otorgada por la CRE exclusivamente a Pemex para posponer hasta 2025 su obligación de suministrar diésel bajo en azufre. La primera se encuentra suspendida por decisión de algunos juzgados especializados en competencia y por un fallo de la Corte a favor de un recurso promovido por la Comisión Federal de Competencia Económica. El segundo continúa en marcha y el regulador no ha dado señales de cambio.
“Lo ideal sería abrogar [las regulaciones] o buscar un balance donde no se perjudique a los inversionistas, lo ideal sería abrogar”, explica Franco. “No queda más que ceder y es lo que va a pasar”.
Los abogados del sector ya anticipan que México deberá ceder en algún momento, sea en el periodo de consultas o por la orden del panel de resolución –que se construiría si no se llega a un acuerdo entre los socios–. De llegar a este último, los especialistas dicen que los argumentos de Estados Unidos y Canadá son más sólidos que los de la parte mexicana.
