Cuando la acusan de ser sucia, la mejor respuesta de la CFE ha sido mostrar su porcentaje de generación limpia. Su 37.52%, que estratégicamente excluía a los productores independientes de energía, apareció incontables veces en presentaciones, infografías, discursos y comunicados mientras defendía modificaciones, decretos y reformas para quitarle participación de mercado a los privados.
Claro que es una respuesta mañosa. Cuando se habla de transición energética, el punto es la contribución requerida para avanzar. En eso la CFE lleva muchos años decepcionando, reduciendo regresivamente su contribución positiva total al sistema. Hacia adelante, sus números son todavía más alarmantes. Aun contando el escenario más optimista del Plan Sonora, la capacidad instalada desarrollada por la CFE de esta Administración —ya en plena crisis climática— es abrumadoramente fósil.
Desafortunadamente, esto se va a poner mucho peor. La “nueva nacionalización” del sector eléctrico, si es que el gobierno la logra consumar, implica poner 8,436 megawatts de capacidad instalada de plantas de ciclo combinado bajo el control de la CFE. Eso equivale a prácticamente duplicar la capacidad instalada de la CFE con esta tecnología. Por lo tanto, su capacidad instalada limpia pasará de 33.4 a 28.1 por ciento de un plumazo.
La electricidad generada, sin embargo, es un mejor indicador para entender el verdadero impacto de la transacción sobre el perfil de emisiones de efecto invernadero de la CFE. En este sentido, los parámetros anuales más recientes publicados por el Cenace sugieren que la toma de control sobre las plantas de Iberdrola incrementaría la generación fósil de CFE en unos 50,000 gigawatts-hora. Considerando que la base actual ronda los 80,000, el incremento porcentual de generación fósil para CFE será de más de 62 por ciento.
Aunque es cierto que la “nueva nacionalización” no genera ni un nuevo MW de capacidad en términos del total nacional, ni fósil ni renovable, sí altera los porcentajes de participaciones relativas. El gobierno tiene razón al decir que, si asumimos que la CFE efectivamente controlará esas 13 plantas, su participación en el mercado de generación pasará de 39 a 55 por ciento. Pero, quizás por obvias razones, el mismo gobierno no explica otra de las consecuencias de la “nueva nacionalización” del sector eléctrico: el porcentaje de generación limpia de la CFE va a caer dramáticamente, de un presumido 37.52% al nada presumible 27.3 por ciento. La meta nacional, consagrada en leyes y tratados, es de 35% para 2024.
En este sentido, la CFE está garantizando su incumplimiento individual. Asumiendo la misma base de generación, y todo lo demás constante, la CFE necesitaría encontrar una forma de incrementar su generación limpia en un poco más de 20,000 GW-hora para no ser un lastre para que el país cumpla sus compromisos ambientales. Considerando el factor de planta, esto implicaría desarrollar unos 8 Puertos Peñascos —ya completitos en su forma más ambiciosa de 1,000 MW, en menos de dos años. Es virtualmente imposible.
Salvo por una segunda “nueva nacionalización” para contrarrestar la primera “nueva nacionalización”, la CFE está tomando todas las medidas para asegurar su posicionamiento como un lastre climático. Esto ya no es sólo un tema de visión de futuro sino también de términos absolutos. En una sola transacción, la CFE ha sacrificado su respuesta más efectiva ante acusaciones de fósil, o sucia.
@pzarater
