Pese a que la producción de energía renovable va al alza, las ciudades utilizan una mayor cantidad de combustibles fósiles que las zonas rurales. La problemática es global, rural y urbana.
La infraestructura es un pilar fundamental en el desarrollo de las naciones. Una adecuada calidad y cobertura de ésta impacta directamente en el crecimiento económico, el bienestar social y, especialmente, en la reducción de brechas y desigualdades. Desde transportar personas y productos, proteger a las comunidades de fenómenos naturales o suministrar energía, la infraestructura está presente en cada aspecto de nuestras vidas y, la calidad y suficiencia en que se encuentren dichos sistemas —cada vez más interconectados— impactará en el bienestar de las personas.
De acuerdo con un informe de la OCDE, en el año 2030, las ciudades demandarán 73 por ciento de la energía. También, tal como señala UNDP, la falta de acceso a energía limpia tiene impactos de gran alcance en la salud, además de que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) contribuyen al cambio climático y, con ello, a una mayor ocurrencia de eventos naturales extremos. Aunado a esto, cabe destacar que el sector energético y del transporte generaron 88 por ciento de las emisiones de GEI en México en 2019, situación que debe revertirse cuanto antes.
De esta manera, se puede decir que la infraestructura no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la provisión de bienes y servicios que promuevan la prosperidad y el crecimiento, el bienestar social, la igualdad de acceso y oportunidades, la salud y la seguridad de la ciudadanía; todo, de manera sustentable, comenzando por la energía. También, las amenazas ya palpables del cambio climático dejan en claro que la transición hacia la producción y uso de energías limpias es piedra angular para la construcción de comunidades resilientes.
Este año hemos atestiguado temperaturas máximas alrededor del mundo, y, según la Organización Meteorológica Mundial, las temperaturas seguirán rompiendo récords los próximos cinco años, lo que tendrá repercusiones en la salud, la seguridad alimentaria y la gestión del agua, entre otras. Así, reducir las emisiones del sector energético es urgente: infraestructura y energía son un binomio ineludible para el futuro.
La infraestructura energética se refiere a aquella necesaria para conectar la producción de energía con su consumo, incluye servicios públicos y la tecnología de gestión a gran escala, como la infraestructura petrolera, de gas natural o la eléctrica, además de la infraestructura de las energías renovables.
En lo referente a los servicios básicos, a nivel nacional, el porcentaje de viviendas con energía eléctrica es de 99.2 por ciento. Sin embargo, sólo 5.0 por ciento de la electricidad se produce a través de energía eólica y 2.0 por ciento a través de energía solar pese al alto potencial de nuestro país, lo cual evidencia el rezago en infraestructura para la generación limpia y la consecuente infraestructura de transformación y distribución de energéticos del país.
En noviembre de 2022, México presentó su compromiso para reducir las emisiones de GEI en 35 por ciento de manera no condicionada y 40 por ciento de manera condicionada para 2030, sin embargo, tanto México como otros miembros del G20 siguen optando por favorecer industrias que dependen de combustibles fósiles, lo que retrasa la transición energética.
Pese a que la producción de energía renovable va al alza, las ciudades utilizan una mayor cantidad de combustibles fósiles que las zonas rurales. La problemática es global, rural y urbana, por lo que debemos fomentar la cooperación internacional, la transferencia tecnológica y el intercambio de buenas prácticas. Y las ciudades, como centros de innovación, deberán hacer mayores esfuerzos para estar a la vanguardia y ser energéticamente sustentables.
El autor es investigador, Instituto de Ingeniería, UNAM. Presidente, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI).
