Las especificaciones aún no están claras y se conocerá sobre ellas hasta dentro de seis meses, pero desde ya puede inferirse que la esencia de ésta va en contra de algunas reglas del T-MEC.
El sector energético pasa, de nueva cuenta, por momentos de incertidumbre. La aprobación en Diputados y en el Senado de la reforma a las industrias estratégicas ha traído de nuevo a la mesa las interrogantes sobre cómo funcionará y cuáles serán las reglas a aplicarse en el mercado, sobre todo en el eléctrico.
Las legislaciones secundarias, que se conocerán en cerca de seis meses, serán las que den más luz sobre el funcionamiento. Pero desde ya ronda una preocupación entre los empresarios y especialistas del mercado: las probabilidades de que su implementación viole algunas de las reglas aceptadas por México en los tratados comerciales, sobre todo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Y más, en un contexto en donde este último tratado está próximo a ser renegociado.
La reforma enfocada en las industrias energéticas —porque también incluye al internet que provee el Estado y al litio— ha sido redactada de manera ambigua. De ahí la incertidumbre del mercado.
Los abogados del mercado dicen que la reforma per se —como ha sido aprobada a nivel constitucional— no viola ninguno de los tratados. Pero el problema podría iniciar en la implementación y sobre todo, si se da predominancia a las dos compañías estatales a nivel legislativo y no sólo en la praxis, como ha sido hasta ahora.
“Lo que podría violar tratados comerciales es si se determina dar preminencia a las empresas públicas, eso sí podría ser violatorio. Por ejemplo, en el T-MEC, serían los artículos que también se citaron en las consultas en materia de energía”, dice Julia González Romero, abogada del sector en Pérez Llorca México.
Estados Unidos y Canadá ya se han quejado, en la solicitud de consulta a México, de que el gobierno del ex presidente López Obrador había realizado acciones de política pública para dar más poder de mercado a Pemex y CFE por encima de las compañías estadounidenses y canadienses que decidieron competir en el mercado.
La resolución sobre las consultas no ha sido comunicada, pero pese a ello, el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo decidió continuar con la reforma a nivel constitucional puesta sobre la mesa pública en febrero pasado.
“Podrían caer en contravención al T-MEC por dar prevalencia a la CFE sobre particulares y establecer restricciones para su participación, en la medida en que estos cambios representan una postura más restrictiva frente a inversión privada en electricidad y posiblemente hidrocarburos”, dice Bernardo Cortés, del despacho Cortés Quesada. “Otros tratados comerciales y/o de inversión pudieran también considerarse violados por favorecer a la CFE sobre otros”.
Los tratados firmados por México a nivel internacional contienen elementos de protección a inversionistas. Por ejemplo, en el T-MEC el gobierno mexicano se ha comprometido a no dar revés a la apertura de los mercados que ha decidido compartir con la iniciativa privada, a no discriminar a empresas extranjeras y a no dar beneficios a las compañías estatales. Pero la reforma, que fue aprobada sin problemas por la Cámara de Diputados y de Senadores, tiene justamente ese propósito. “Los efectos de la reforma a la luz de tratados tendrían que ser analizados a detalle una vez que se emita la legislación secundaria”, explica Cortés.
México tiene otros acuerdos comerciales que también podrían ser contrarios a lo que busca el gobierno en turno, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), que también establecen mecanismos de protección a inversionistas.
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) indica en un documento que las posibles regulaciones secundarias que buscan priorizar a la CFE y a Pemex pueden violar los artículos 14 y 22 del T-MEC, entre otros.
El primero establece que un país no puede retroceder en su decisión de abrir su economía a la inversión extranjera, ni imponer restricciones o cerrar sectores que ha decidido aperturar de manera previa. Como en este caso, en el mercado energético. El capítulo 22 establece que las empresas estatales —en este caso, la CFE y Pemex— deben operar bajo criterios comerciales y que los organismos reguladores deben ser imparciales.
«La revisión del T-MEC, que tendrá lugar en 2026, obliga a México a estar preparado para defender la coherencia de sus políticas públicas con las disposiciones del mismo», ha citado el IMCO en el documento.
Encuentre la nota en: https://expansion.mx/empresas/2024/10/24/contraria-reforma-cfe-tratados-internacionales
