- La propuesta fue presentada el 2 de julio por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, del partido Acción Popular.
- El proyecto busca modificar nueve artículos e incorporar tres disposiciones complementarias que abren la posibilidad de que se realicen actividades extractivas en áreas protegidas.
- Entre las modificaciones se propone permitir la explotación de recursos en parques nacionales y santuarios nacionales e históricos.
- También se otorga una mayor injerencia sobre estas áreas por parte del Ministerio de Energía y Minas, institución responsable de la extracción de hidrocarburos en el país.
Nuevamente las áreas naturales protegidas están en el centro de los planes de extracción de hidrocarburos en Perú. El último 2 de julio, el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, del partido Acción Popular, presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas.
De acuerdo con el texto, propone modificar nueve artículos e incorporar tres disposiciones complementarias. Los cambios que se proponen abren la posibilidad de que se realicen actividades extractivas en áreas protegidas, donde actualmente están prohibidas.
Entre las modificaciones se busca permitir la explotación de recursos en parques nacionales y santuarios nacionales e históricos y otorgar mayor injerencia en estas áreas por parte del Ministerio de Energía y Minas, institución responsable de la extracción de hidrocarburos en el país.
El proyecto de ley presentado por Flores Ancachi presenta como justificación la posibilidad de generar el aumento del canon y sobrecanon que sirvan para el cierre de brechas sociales y de infraestructura. La propuesta se encuentra actualmente en las comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
No es la primera vez que se pretende cambiar la norma que rige para las áreas protegidas. En 2023, una propuesta del Ejecutivo planteaba modificar nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas para abrir estos espacios a la exploración y explotación de gas y petróleo. Sin embargo, la norma no fue aprobada.
Diversas instituciones civiles y de pueblos indígenas se han manifestado en contra de esta nueva propuesta. “Con esta modificatoria de la ley se legalizaría la extracción de hidrocarburos en espacios intangibles. Sería un impacto grave no solamente a la diversidad biológica, sino que también se promueve un retroceso y debilitamiento de toda la normativa ambiental”, señala Vanessa Cueto, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
En un análisis legal publicado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental se señala que se trata de un proyecto de ley inconstitucional que debe ser archivado porque “constituye un retroceso para la institucionalidad ambiental de nuestro país y una vulneración al derecho humano a un ambiente sano y equilibrado”, por lo que considera que debería “ser observada por el Ministerio del Ambiente”.
Los cambios que ponen en riesgo las áreas protegidas
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental también cuestiona la modificación de la norma en lo referente a las áreas naturales protegidas de uso indirecto, como los parques nacionales y santuarios nacionales que según la ley vigente solo “permiten la investigación científica no manipulativa, la recreación y el turismo” en sus territorios.
Sin embargo, la nueva propuesta de ley indica que cuando el desarrollo de un proyecto para la extracción de recursos renovables o no renovables sea declarado de necesidad pública e interés nacional se permitiría su explotación, así como la modificaciones y transformaciones de la zona.
Otro de los cambios se refiere a la creación y modificación legal de las áreas protegidas. En la ley vigente se indica que “la reducción física o modificación legal” de un área natural protegida “solo será aprobada por ley”. En el nuevo proyecto de ley las modificaciones en las áreas protegidas serán aprobadas por decreto supremo y refrendadas por “el ministro del Ambiente y por uno o más ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan”.
Además, en el caso de áreas protegidas marinas, “donde sea posible el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos”, lo debe refrendar el ministro de Producción. En el caso de que las áreas naturales protegidas “incluya áreas donde exista evidencia de la presencia o el posible aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos, incluyendo las áreas promocionales y otras de similar naturaleza en cualquier parte del territorio nacional”, también lo deberá refrendar el ministro de Energía у Minas.
Para Cueto esta norma le daría un peso mayor a la opinión del Ministerio de Energía y Minas en la creación de áreas naturales protegidas. “Es una intervención total del sector energético en la creación de las áreas naturales protegidas, lo cual nos parece grave”, señala.
“Esta propuesta tiene una mirada netamente extractivista en un contexto en el cual parece ser que lo que pesa más es la explotación de los recursos sin importar qué áreas puedes afectar”, comenta la congresista Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular e integrante de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
La congresista Luque agrega que esta propuesta demuestra la poca voluntad política del gobierno de Dina Boluarte de cumplir compromisos ambientales. “Me parece que este proyecto de ley no toma en consideración el contexto mundial -dice Luque-, en el que países como el nuestro deberían tener una discusión sobre cómo proteger la Amazonía y cómo asegurar los espacios de áreas naturales protegidas”.
“Incluso el propio gobierno autoriza concesiones en estos espacios, abriendo la posibilidad de que a futuro se puedan explotar, no solamente para áreas naturales protegidas, sino también para áreas marinas”, afirma Luque.
Una tercera modificación que se cuestiona tiene que ver con la aprobación del plan maestro de cada área protegida. Se propone que la aprobación de este plan de gestión, así como de sus modificaciones y actualizaciones, cuente con la opinión del ministro de Energía y Minas cuando exista evidencia de la presencia o del posible aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos.
“Incluso en el instrumento de gestión, la única manera para que se apruebe será una opinión previa favorable del ministro de Energía y Minas. Y si el Ministerio de Energía y Minas no está de acuerdo, pues no se aprueba. Eso es muy peligroso. Es un retroceso a la institucionalidad ambiental del país”, aclara Cueto.
La SPDA también cuestiona la participación del ministerio en los procesos de creación, aprobación y modificación de las áreas protegidas y señala que incluir a este ministerio significa “colocar una presión sobre gran parte del territorio nacional, reduciendo procesos técnicos a procesos politizados”.
La organización también señala que la creación de un área protegida es reconocida internacionalmente como herramienta de conservación importante, por lo que establecer medidas de este tipo contradice la postura del Estado peruano para dar cumplimiento a las metas internacionales de conservación, como el Convenio de Diversidad Biológica.
Más de 40 organizaciones civiles y decenas de especialistas en medio ambiente se pronunciaron contra esta propuesta, a la que calificaron como una “grave amenaza” para “los derechos de los pueblos indígenas y los modelos de cogestión en áreas naturales protegidas, como las reservas comunales”.
El documento también señala que esta propuesta representa un grave retroceso en los compromisos climáticos y la transición energética del país. Los expertos y ONG resaltaron que resulta “paradójico que en lugar de impulsar políticas para dejar la dependencia de petróleo y gas y de entender el rol estratégico de una naturaleza saludable, existan sectores que plantean amenazas a nuestro patrimonio natural”. “La seguridad energética del país no depende de la extracción de hidrocarburos en áreas naturales protegidas”, agregaron.
La promoción de zonas para exploración petrolera
“El sistema de áreas protegidas tiene nueve categorías y para que el sistema funcione requiere esa gradualidad de estrategias de conservación”, señala Pedro Solano, miembro del Panel Internacional de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y experto en áreas naturales protegidas.
Solano también comenta que en Perú existen áreas protegidas donde se puede realizar la explotación de recursos, pero que para que eso ocurra se deben tomar precauciones, “porque lo que queremos es que finalmente no se vulnere el objetivo central de las áreas protegidas que es conservar la diversidad biológica”, menciona.
“Sería fatal si se rompe ese equilibrio y si le quitas al sistema la posibilidad de ejercer estrategias de conservación y de protección estricta, que tiene cualquier sistema en el mundo», agrega Solano para mencionar a los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos.
«Esas áreas de protección estricta son las que nos permiten ver cómo la naturaleza se comporta sin que la hayamos manipulado o intervenido”, comenta Solano, quien acaba de publicar el libro La esperanza es verde. La historia de las áreas naturales protegidas en Perú.
La propuesta de ley ocurre mientras Perupetro, una empresa estatal dedicada a la promoción de hidrocarburos en Perú, promociona una serie de áreas para la exploración de hidrocarburos. Desde 2023, Perupetro viene promoviendo más de 30 zonas para la exploración y explotación de petróleo y gas natural en la costa y la Amazonía peruana.
“Sabemos que en el Parque Nacional Bahuaja Sonene hay hidrocarburos”, comenta Cueto sobre una de las áreas que promociona Perupetro y que está superpuesta a esta área protegida. El geoportal de esta empresa estatal muestra también la ubicación de otra zona de promoción que se superpone a la Reserva Comunal Amarakaeri, del pueblo indígena Harakbut. También hay otra área en promoción que se superpone al Bosque de Protección San Matías-San Carlos.
El último 10 de junio, Perupetro suscribió tres Convenios de Evaluación Técnica (CET) con una empresa colombiana para la realización de estudios geológicos y geofísicos en las tres zonas descritas anteriormente, ubicadas en las regiones de Ucayali y Loreto, según una nota de prensa publicada en la página web de la compañía.
“Cada CET suscrito tiene un periodo de vigencia de 20 meses y permitirán a la empresa realizar evaluaciones integrales para determinar el potencial hidrocarburífero de estas áreas”, se indica en la publicación, y agrega que, de obtenerse resultados favorables, la compañía tendrá la primera opción para negociar futuros contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.
Cuatro días antes, el 6 de junio, Perupetro suscribió unos convenios con una empresa del Reino Unido para realizar estudios geológicos y geofísicos para la evaluación del potencial hidrocarburífero en un área ubicada en las provincias de Atalaya y Coronel Portillo, en Ucayali.
“Muchas veces ahí se señala que va a significar un beneficio económico para la población, pero sabemos que existen casos como Camisea. Si realmente no hay una política clara y no hay instrumentos para que se beneficie a la población que está directamente afectada por el proyecto vamos a terminar con comunidades indígenas con graves problemas”, agrega Cueto.
La congresista Luque señala que se reunió con un grupo de funcionarios que le presentaron las perspectivas que tiene Perú para la explotación petrolera y le informaron que los lotes que se estaban explotando actualmente ya se estaban agotando y que la explotación tenía que ampliarse.
“Cuando me presentaron el mapa, vi que estos recursos están en estos espacios protegidos, en áreas de reserva, en lugares cercanos a zonas de amortiguamiento, en lugares, incluso, donde existen pueblos en contacto inicial”. Por ejemplo, explica, reservas indígenas para pueblos en aislamiento como Sierra del Divisor Occidental, que está rodeada de varias áreas en promoción para hidrocarburos.
Pedro Solano menciona que la conservación de áreas protegidas en Perú es una de las políticas de Estado más estables, más sólidas y más eficientes. «No hay otra política de Estado que esté cumpliendo el 96 % de sus objetivos y en un espacio tan grande, estamos hablando de 22 millones de hectáreas”.
Imagen principal: el lago Guacamayo está ubicado al interior del Parque Nacional Bahuaja Sonene. Foto: cortesía FZS Perú
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