El artículo 25 transitorio permite a Sener y Hacienda emitir disposiciones para sustituir contratos de exploración y extracción de hidrocarburos por asignaciones, bajo criterios de beneficio estatal.
El nuevo Reglamento de la Ley de Hidrocarburos abre la puerta a un cambio en la estructura del sector energético mexicano. En sus artículos transitorios, se incluye una disposición que permite a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retirar contratos de exploración y extracción otorgados a privados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para convertirlos en asignaciones directas a Pemex.
La medida, contemplada en el artículo vigésimo quinto transitorio, plantea que ambas dependencias podrán emitir disposiciones administrativas que permitan sustituir la modalidad de los contratos, siempre que ello “represente mejores condiciones para el Estado mexicano, incremente la renta petrolera o fortalezca a la empresa pública del Estado”, según establece el documento oficial.
Este cambio normativo representa, en los hechos, la posibilidad de recentralizar el control de los recursos energéticos, al facultar al gobierno para reasumir áreas adjudicadas a empresas privadas bajo la figura de contratos derivados de las rondas petroleras. Dichas rondas, impulsadas tras la reforma energética de 2013, marcaron el inicio de la apertura del sector.
El riesgo de discrecionalidad en manos del Estado
Entre 2016 y 2018, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) organizó tres rondas petroleras en las que se adjudicaron 106 contratos: 37 en la primera, 50 en la segunda, 16 en la tercera y tres bajo esquemas de asociación. Actualmente permanecen vigentes 103 contratos, con una inversión acumulada de 18,968 millones de pesos provenientes de 73 empresas de 20 países.
Los campos involucrados incluyen áreas emblemáticas como Zama, Hokchi, Ichalkil y Pokoch, donde se concentran los mayores descubrimientos y proyectos riesgo de la participación privada en hidrocarburos.
Ahora, el artículo transitorio del nuevo Reglamento de la Ley de Hidrocarburos señala que la sustitución de contratos podría realizarse tras una “evaluación técnica, económica y jurídica” que determine la viabilidad del cambio, con base en las leyes aplicables y bajo el principio de beneficio para el Estado.
“La Secretaría de Enerrgíay la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus competencias y de manera conjunta, pueden emitir disposiciones de carácter general que establezcan los lineamientos y procedimientos aplicables para que, previa evaluación técnica, económica y jurídica, se determine la viabilidad de sustituir la modalidad de Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos por la de Asignación, siempre que ello represente mejores condiciones para el Estado mexicano, incremente la renta petrolera o fortalezca a la empresa pública del Estado”
Artículo 25 transitorio del Reglamento de Hidrocarburos
Para algunos especialistas, la redacción abre una ventana para que las dependencias tomen decisiones unilaterales, sin consulta o consentimiento de los privados. Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, advirtió que la Sener tiene la posibilidad de hacer una evaluación administrativa a cada uno de los contratos que se tienen vigentes actualmente y que pudieron no haber cumplido con su plan exploratorio.
“Si alguno no cumplió, esa área puede pasar de nuevo a Pemex como una asignación”, apuntó Pech. Según el especialista, el riesgo radica en la discrecionalidad con que se podrían interpretar los criterios de incumplimiento, especialmente en un entorno donde las autoridades buscan fortalecer la producción de la empresa estatal.
De acuerdo con Pech, las áreas susceptibles de migrar serían aquellas en las que las autoridades demuestren que el privado no cumplió con el plan de desarrollo exploratorio ni con las inversiones comprometidas. En ese caso, el argumento sería que el cambio beneficiaría al Estado al incrementar la producción.
Gonzalo Monroy, consultor en temas energéticos, coincidió en la Sener y Hacienda tendrán la facultad de cancelar los contratos para pasarlos a asignaciones con Pemex y obligarlos a ser socios de la empresa estatal. “Lo que tienen las diversas empresas (de asignaciones), les pueden meter a Pemex como socio de manera unilateral, sin un mayor procedimiento o desahogo de pruebas más que el interés de la nación”, apuntó.
La industria ve una oportunidad más que una amenaza
Este potencial giro representa un desafío para las compañías que aún mantienen proyectos activos bajo los contratos de las rondas. Muchas de ellas —nacionales y extranjeras— apostaron por la apertura energética con compromisos de inversión de largo plazo, sujetos a marcos regulatorios estables.
Sin embargo, no todos en la industria comparten la percepción de riesgo. La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), que agrupa a las petroleras privadas, aseguró que la nueva disposición no debe interpretarse como una amenaza de expropiación.
“Entiendo que si lees ese transitorio se puede ver como sensacionalista, pero la industria no está preocupada; el marco normativo no se debe tomar cláusula por cláusula, sino de manera integral toda la regulación”, afirmó Merlín Cochran, director general de la Amexhi, durante su participación en el 15º Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía.
Cochran agregó que el artículo puede incluso representar una alternativa para empresas que enfrentan condiciones contractuales poco rentables. “Si esos contratistas quisieran tomar –en un tema de voluntad de partes– la posibilidad de irse a contrato mixto con Pemex y mejorar su régimen fiscal, derivado de eso se mejoraría la viabilidad económica de ese contrato bajo un nuevo modelo”, explicó. «En realidad es una cláusula que habilita algo nuevo para quien lo quiera tomar, no se ve como expropiación”, añadió.
En ese sentido, la disposición podría abrir una vía de colaboración, más que de conflicto, entre el Estado y los operadores privados, siempre que los procesos se realicen con transparencia y bajo acuerdos mutuos.
Un exintegrante de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos, que habló bajo condición de anonimato, consideró que la medida podría representar una ventana de oportunidad para aquellas empresas que tenían asignaciones mal evaluadas o económicamente inviables. Según el especialista, ahora podrían buscar asociarse con Pemex para desarrollar el proyecto, en lugar de abandonarlo.
No obstante, el equilibrio entre oportunidad y control dependerá del uso que el gobierno dé a estas nuevas facultades. Si las decisiones se perciben como un intento de recuperar discrecionalmente el control del sector, advierten los analistas, podría debilitarse la confianza de inversionistas extranjeros en la política energética mexicana.
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