Después de 33 días del accidente en la mina de Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, equipos de búsqueda encontraron sin vida al último minero que permanecía atrapado bajo los escombros desde el 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales al interior de la mina. De los 25 mineros que se encontraban a 300 metros de profundidad al momento del derrumbe, 23 salieron con vida.
La tragedia ha golpeado una vez más a un sector que históricamente ha sido vulnerado no sólo por las precarias condiciones laborales, sino por su altísima exposición a riesgos de trabajo, salud y seguridad. De acuerdo con el informe Carbón Rojo, de la Organización Familia Pasta de Conchos, 3 mil 103 mineros murieron en México dentro de minas de carbón en 310 siniestros ocurridos entre 1883 y 2017.
Por rememorar algunos de los incidentes ocurridos en las últimas dos décadas, tenemos el caso emblemático de Pasta de Conchos, cuando 65 mineros quedaron atrapados por una explosión de gas metano acumulado el 19 de febrero de 2006. Sólo 26 cuerpos han sido recuperados desde entonces; el último de ellos recién hace un par de semanas. También están los casos de Sabinas, Coahuila donde en los años 2011, 2022 y 2023 murieron 30 mineros en 4 incidentes distintos; así como los casos de Múzquiz, también en Coahuila, donde en 2012 y 2020 fallecieron 20 mineros en 3 incidentes distintos.
Esto sólo por referir incidentes letales, pues como ha documentado Familia Pasta de Conchos, por cada muerte que ocurre en una mina, existen 10 lesiones graves, 600 incidentes de riesgo y 3 mil condiciones inseguras de trabajo, las cuales repercuten en la salud de los mineros a largo plazo por inhalación, exposición y contacto con sustancias dañinas. Se trata pues de siniestros asociados a condiciones de trabajo que distan mucho de los estándares de seguridad que normativamente deberían existir al interior de las minas.
Dicho de otro modo, no se trata de personas fallecidas por accidentes en el sentido estricto de la palabra, sino por siniestros evitables si otras fueran las condiciones de trabajo. Sin embargo, como ha quedado documentado en muchos de los casos donde ocurren este tipo de incidentes, existe una débil supervisión de las autoridades en materia laboral para garantizar la seguridad en las minas, además de que existen casos en donde los centros de trabajo en donde se emplean los mineros son ilegales, por lo que operan fuera de la mirada de las autoridades y, por lo tanto, sin supervisión alguna.
Sin embargo, los riesgos para las personas trabajadoras del sector minero ya no sólo se limitan a los riesgos propios de su labor, sino que desde hace décadas están también expuestos a la acción del crimen organizado. El 23 de enero del presente año, 10 mineros fueron secuestrados y desaparecidos en el municipio de La Concordia, Sinaloa. Hasta hoy, se han encontrado los cuerpos de 9 de ellos.
Así, la violencia macrocriminal se ha sumado a los factores de riesgo de por sí muy altos del trabajo minero en nuestro país, donde se han documentado numerosos casos de explotación mineral ilegal a cargo de grupos criminales en territorios como el occidente del país. La minera Vizsla Silver Corp, empleadora de los 10 mineros desaparecidos, había reanudado actividades meses atrás tras una suspensión temporal por no existir condiciones de seguridad adecuadas, dada la presencia de grupos criminales en la zona.
Al mismo tiempo, de acuerdo con el portal A dónde van los desaparecidos, extrabajadores de estas minas refirieron haber sido testigos de balaceras, sobrevuelo de drones, rondines de personas armadas, así como extorsiones y acuerdos entre grupos criminales y representantes de la minera desde hace por lo menos un año.
Todos estos casos en su conjunto son muestra de la vulneración sistemática que el Estado mexicano permite contra el sector minero. Las condiciones infrahumanas de trabajo, las nulas garantías de protección, salud e higiene, la inexistencia de controles de impacto ambiental, la impunidad con la que siguen operando las mineras responsables de incidentes letales, y la incapacidad de proteger a los trabajadores en entornos de violencia, son aspectos del abandono institucional en el que se encuentra la industria minera, misma que aporta poco más de 2 por ciento del PIB en México.
En diversas regiones, para quienes se emplean como mineros, este trabajo no es en ningún sentido una opción, sino la única forma de ganarse la vida en contextos de oportunidades nulas. Ante la alarmante reincidencia de siniestros que cobran la vida de trabajadores mineros a lo largo y ancho del territorio nacional, se esperaría que el Estado se ocupara en fortalecer las regulaciones de operación de las mineras, la supervisión de condiciones laborales dignas y seguras, y las garantías de acceso a la justicia, la reparación de los daños y condiciones de no repetición para las víctimas y sus familiares.
La historia recuerda las huelgas de los trabajadores mineros de Cananea y Río Blanco y su represión a comienzos del siglo pasado como un punto de inflexión que precipitaría el inicio la Revolución Mexicana. Hoy, más de un siglo después, resulta vergonzoso advertir cuan poco hemos avanzado en satisfacer las exigencias de justicia de este importante sector de trabajadores de nuestro país.
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