La economía mexicana muestra señales de recuperación. Según estimaciones del INEGI, el PIB creció 3.2% anual en el tercer trimestre. Sin embargo, para sostener este crecimiento el país requiere infraestructura eléctrica suficiente para atraer nuevas inversiones.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039, se proyecta que la demanda eléctrica crezca 2.5% anual y se prevé incorporar 28 mil megawatts de capacidad de generación entre 2025 y 2030. El desafío también está en la transmisión, cuya red creció apenas 3.8% entre 2018 y 2025, según el IMCO. Este rezago podría limitar nuevas inversiones industriales.
La insuficiencia de infraestructura eléctrica amenaza las oportunidades del nearshoring, estrategia que consiste en trasladar procesos productivos a países cercanos a los mercados de consumo. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, con un intercambio bilateral de bienes y servicios de aproximadamente 976 mil millones de dólares en 2025, según el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense. La cercanía geográfica, el T-MEC y su capacidad manufacturera favorecen la llegada de empresas, pero estas ventajas resultan insuficientes sin electricidad confiable, suficiente y a precios competitivos.
El problema destaca en los corredores industriales, donde las empresas requieren disponibilidad inmediata de energía. Además, una nueva central de generación no resuelve la situación si las redes de transmisión y distribución carecen de capacidad para abastecer las zonas industriales. Esta limitación puede retrasar, encarecer o desviar inversiones hacia otros países.
En este contexto, la CFE busca atraer capital privado. Así lo manifestó Eugenio Amador Quijano, director de Finanzas de la institución, en una entrevista con Bloomberg publicada el 29 de octubre, donde señaló que la empresa prevé captar mil millones de dólares, lo que equivale a cerca de 18.5 mil millones de pesos, a través de su Fibra E, administrada por CFE Capital, para financiar infraestructura de transmisión eléctrica.
La operación cobra relevancia ante las restricciones presupuestarias de un gobierno autodeclarado austero. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla unos 61 mil millones de pesos de inversión física para la CFE, por lo que la emisión anunciada permitiría complementar los recursos públicos. Sin embargo, el financiamiento debe acompañarse de certidumbre jurídica y ejecución oportuna para evitar que México pierda inversiones y oportunidades de nearshoring.
La participación de inversionistas institucionales y organismos multilaterales podría contribuir a financiar la expansión de la red eléctrica. Esta infraestructura también es indispensable para integrar nuevas fuentes de energía renovable al sistema, aunque la emisión no ha sido presentada como un instrumento financiero verde.
Otro desafío, además de ampliar la capacidad eléctrica, es su costo. La dependencia de México del gas natural importado de Estados Unidos lo expone a riesgos de suministro y volatilidad de precios, en un mercado internacional afectado por conflictos como los de Ucrania y Medio Oriente. México necesita reducir esta dependencia. Para lograrlo, no basta con construir centrales renovables: también debe invertir en almacenamiento y redes capaces de transportar la electricidad hasta donde se consume.
El nearshoring representa una oportunidad para México, pero las empresas no instalarán sus fábricas únicamente por nuestra cercanía con Estados Unidos. Necesitan electricidad, y la necesitan donde van a invertir. Su aprovechamiento dependerá de transformar los planes de inversión en infraestructura operativa, garantizar un suministro eléctrico confiable y mantener costos competitivos.
De poco servirá anunciar miles de millones de pesos para infraestructura eléctrica si las empresas continúan esperando una conexión a la red para comenzar a operar. Sin electricidad suficiente, México podría perder las oportunidades de inversión que hoy se le presentan.
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