Dada la estructura de las exportaciones e importaciones de crudo y combustibles de México, y habida cuenta de las coberturas petroleras, la baja de los precios en 2015 más que perjudicial podría ser benéfica para los ingresos de la SHCP
Definición
Las coberturas se refieren a la toma de una o varias posiciones de inversión (contratos de futuros, forward, swaps, opciones, índices, etc.) con el fin de compensar las posibles pérdidas y/o riesgo en que eventualmente incurre otra inversión; por tanto, el comportamiento de ambos debe estar correlacionado, ya sea de manera positiva o negativa. Operativamente, lo primero que se hace es determinar la relación que existe entre el activo a cubrir y el instrumento utilizado como cobertura (subyacente). Si ambos tienen una relación directa, entonces se cumple el siguiente principio: Cambio % A = α * Cambio % B, donde α es el coeficiente de cobertura o pendiente de la función, que mide el porcentaje de variación de A asociado a una variación de 1% de B, e indica cuántas unidades de este instrumento deberán venderse o comprarse para respaldar el valor del activo cubierto. Los más usados son los contratos de futuros y los forward; ambos determinan el precio a futuro en que se llevará a cabo una compra o venta, aunque los primeros se realizan en los mercados regulados y los segundos lo hacen “sobre el mostrador” (mercados no regulados).
Por ejemplo, si la tesorería de una empresa compra acciones (A) por un valor de 40,000 dólares de la compañía X, dedicada a la logística, e históricamente un aumento de 1% en el precio del combustible (PC) provoca una caída en el precio de las acciones del 0.7% (α = −0.7), la así llamada ley de las probabilidades sugeriría establecer una función como la siguiente: ΔA = −0.7ΔPC. Idealmente, la tesorería cubriría el riesgo asociado a la tenencia de las acciones comprando 28,000 dólares (0.7 por 40,000) de futuros sobre el combustible. Ello implica que, en caso de que posteriormente suba el precio del energético, la pérdida de precio de las acciones se compensaría con la ganancia de los combustibles: de la función se deduce que un alza de 5% en el precio del combustible se anula con una reducción de 3.5% en el de las acciones, dado el valor de α. Así, mientras la caída en el valor de las acciones supone una pérdida de 1,400 dólares (3.5% de 40,000) ésta se compensaría con una ganancia de 1,400 dólares por el alza del combustible (5% de 28,000). En el mundo real, más que eliminar el riesgo las coberturas tratan de minimizarlo.
Sobre la base expuesta, el gobierno de México ha adquirido, por lo menos desde 2002, coberturas para protegerse de las oscilaciones en el precio del petróleo, con cargo al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP).Los costos acumulados de tales coberturas entre 2002 y 2014 ascendieron a 99,200 millones de pesos, equivalentes a unos 8,000 millones de dólares a un tipo de cambio promedio para el periodo de 12.40 pesos por dólar.
Impacto de la caída de precios en los ingresos petroleros de SHCP
En el caso del ejercicio 2015, a partir de octubre de 2014 las autoridades financieras se abocaron a la compra de opciones tipo ‘put’ (éstas dan al poseedor derecho, pero no obligación, de vender un activo a un precio predeterminado hasta una fecha específica) para la cobertura de 57.3% del crudo mexicano que se planeaba exportar en 2015 a un precio promedio de 76.4 d/b. El recurso subyacente fueron 228 millones de barriles de crudo mexicano que pemex debe haber comprometido con el operador financiero al precio que se fijaba en el mercado de futuros durante la primera quincena de noviembre de 2014, muy cercano al que se aprecia para dicho lapso en la gráfica 1.
El costo de la prima se estableció en 773 millones de dólares, equivalentes a 10,467 millones de pesos de ese momento. El seguro se activa únicamente si en realidad durante 2015 el crudo registra un precio promedio inferior a 76.4 d/b, y esto no se sabe hasta que ya está muy avanzado el año. La última vez que se activó fue en 2009, año en que los precios promedio se situaron en 57.4 d/b, nivel inferior al de 70 d/b promedio anual a que se contrató la cobertura. La diferencia entre el precio contratado de la prima (76.4 d/b) y el promedio estimado para 2015, con base en registros al primer mes del año (39.26 d/b), es de -39.74 d/b. Aplicando esta cifra a los 228 millones de barriles asegurados, se observa que el monto recuperado al final del año podría ser de 9,061 millones de dólares. Transformados al tipo de cambio peso/dólar esperado de 14.50, se llega a 131,380 millones de pesos, equivalentes a 0.78% del PIB promedio de 2014, y 0.72% si se le resta el costo de la prima. En el cuadro 1 se hace el cálculo del efecto de la caída del precio del crudo en la parte no cubierta (42.7%) de las exportaciones petroleras (valores con signo negativo en millones de pesos de la parte 1). A éste se suman los beneficios que implica la reducción del precio de las gasolinas y diésel que por ley importa pemex (valores con signo positivo en millones de pesos de la parte 2), sobre la base histórica de que éstos son en promedio 30% superiores a los del crudo exportado. Como se observa en el renglón de ingresos netos, una vez calculado el efecto en el presupuesto por la caída del precio, se le agrega el costo de la prima, cantidad que se aplica a la parte de recursos no cubiertos y se llega a un total de 114,102.4 millones de pesos, equivalentes a 0.67% del PIB.
Por tanto, el efecto neto de la caída de los precios del petróleo en el presupuesto de egresos se vuelve positivo en 20,505.3 millones de pesos, 0.01% del PIB. Es decir que dada la estructura de las exportaciones e importaciones de crudo y combustibles de México, y habida cuenta de las coberturas petroleras, la baja de los precios en 2015 más que perjudicial podría ser benéfica para los ingresos de la SHCP.
Efectos en las finanzas públicas
El 30 de enero de 2015 la SHCP optó por aplicar un recorte al gasto público presupuestal del ejercicio en curso de 124,300 millones de pesos. El monto equivale a 0.7% del PIB promedio estimado para 2015 (éste debe haberlo calculado aplicando al PIB nominal promedio de 2014 una inflación cercana a 4% y un crecimiento real del producto de 2.7%). Es evidente que el recorte es prácticamente igual a los recursos que posiblemente recuperará la SHCP de la cobertura: 131,380.44 millones de pesos menos 10,467 millones de costo de la prima = 120,913.44 millones de pesos, equivalentes a 0.71% del PIB. ¿Por qué recortó un poco más del monto esperado de pérdida de recursos por concepto de exportaciones de crudo? ¿Por qué dejó de hacer mención de las coberturas petroleras? ¿Por qué nunca reconoció en sus cálculos los ahorros por el abaratamiento de las gasolinas y el diésel importados? ¿Por qué nunca dijo que en el balance neto el dinero recuperado de las coberturas (quizás a finales del año) será un ingreso adicional para las finanzas públicas que deberá sumarse al aumento de la recaudación tributaria gracias al avance de la reforma hacendaria?
Los mexicanos hemos aprendido que, cuando el gobierno aplica recortes en respuesta a reducciones en el precio del crudo mexicano de exportación lo hace con cierta holgura, a fin de no tener que repetir la medida durante el año. De ahí la magnitud de los recortes de 1982, 1986, 1998, 2001 y 2009. En todos esos casos, la caída de los precios se asoció o bien a procesos de aguda desaceleración económica o bien de franca recesión. En 2015, por el contrario, la situación es otra: gracias al dinamismo de la economía estadounidense nadie habla de recesión en México; ni siquiera de contracción. Así que la única explicación que se puede dar al recorte es que, al ser 2015 año de elecciones, una parte de los recursos recuperados se va a ir a gasto corriente y otra parte a evitar que el déficit de las finanzas públicas se estabilice, para empezar a descender a partir de 2016 y acercarse a cero al final de la administración. Es esta segunda parte la que explica el beneplácito de las calificadoras internacionales y las organizaciones empresariales del país respecto a la austeridad de la SHCP.
Como se desprende de la gráfica 2, el esfuerzo de ajuste fiscal a partir de 2016 deberá ser muy grande, ya que un año después de la reforma energética de 2008, basada en leyes secundarias, que incluyó el relajamiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de mantenimiento de un déficit cero de las finanzas del sector púbico, las dos formas principales de desequilibrio fiscal se dispararon: el déficit del sector público pasó de 0% en promedio en relación con el PIB entre 2005 y 2008 a 2.3% en 2009 y los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) subieron de 1.75% promedio a 5.3% entre ambos lapsos.
Para 2014 el primer coeficiente alcanzó el nivel más alto en lo que va del siglo, 3.6%, y el segundo bajó a 4.2%. Por supuesto el extraordinario salto de las dos cifras entre 2008 y 2009 se explica por la decisión del Congreso de convertir en deuda pública los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Gasto (PIDIREGAS) de pemex. El mismo problema se observará en cuanto el gobierno federal asuma una parte de los pasivos pensionarios de pemex y CFE, de acuerdo con lo establecido en las leyes secundarias de la reforma energética de 2013-2014.
Otro efecto de la reducción de los precios, aunado a la desaceleración permanente de la producción de hidrocarburos desde que el yacimiento de Cantarell tocó techo, a fines de 2004, es que la participación de pemex en los ingresos tributarios del gobierno federal bajó de un promedio de 45% entre 2004-2007 a 33.2% en 2013, 30.5% en 2014 y posiblemente 27% en 2015. Es importante recordar que todas las proyecciones económicas para 2015-2018 elaboradas durante el proceso de negociación de la reforma energética se habían hecho suponiendo ingresos de divisas, tan solo para la rama de hidrocarburos, de entre 25,000 y 50,000 millones de dólares anuales, a las que se asociaba la creación de 500 mil empleos entre 2014 y 2018.
Conclusiones
La compra de coberturas petroleras pudo haberse utilizado, en una primera instancia, y combinada con los ahorros que generan las importaciones de gasolinas y diésel, para evitar el recorte al gasto; en una segunda instancia, podrían servir para reforzar los ingresos y reducir las presiones sobre el déficit, propias de un año electoral. Empero, la SHCP no quiso esperar que se acercara el final del año para recibir los recursos, y mientras acordar diferimientos de pagos con los proveedores del sector público. Tampoco parece haber tomado en cuenta los efectos de la reforma hacendaria, por la que subió 1.3 puntos porcentuales la participación de los ingresos presupuestarios no petroleros en el PIB (15.2% en 2013; 16.5% en 2014), ni los nuevos mecanismos recaudatorios del SAT y la expectativa de que para final del sexenio llegue a 3.2% el aumento de este estrato recaudatorio.
Por tanto, debe interpretarse que el gobierno federal ha encontrado en la vorágine del mercado petrolero internacional un mecanismo para no aumentar en un año de elecciones el déficit del sector público, que en 2014 alcanzó su nivel más alto del siglo, 3.6% del PIB (4.2% en términos de los RFSP). Aunque esto en sí mismo constituye una buena señal, ya que habla de disciplina fiscal, el mensaje que se manda no es compatible, ya que se renuncia al liderazgo en materia de inversión, y no queda claro que la iniciativa privada vaya a tomar la estafeta, particularmente porque como lo ha hecho explícito no está dispuesta a invertir si se sostiene la actual política tributaria. A esto se suman los temores que se han propalado desde la administración pública respecto a la duración del choque petrolero, la volatilidad de la paridad cambiaria y el inminente aumento de la tasa de interés de EU, sin hacer mención a los avances en materia recaudatoria y al empleo de instrumentos que ayudan en mucho a mitigar el efecto de la caída de los precios internacionales del crudo.
Más que crear la imagen de una economía mexicana ensombrecida y de prometer, como se ha hecho desde los años ochenta, que en 2016 por fin se pondrá en operación un sistema de presupuestación base cero, lo que seguramente implicará la continuación del proceso de reducción del gasto público iniciado en 2015 al que deberán incluirse tanto los tres poderes como los órganos no regulados, el mandato ciudadano es saber exactamente a dónde van los recursos públicos, cómo se manejan, si esto se hace buscando su optimización y si se puede tener la seguridad de que los amplios conceptos de transparencia y rendición de cuentas son sinónimos de ética y eficiencia.
