La “embestida” que emprendió la CRE se agudizó en 2021, contra las terminales de almacenamiento de combustibles que son operadas por empresas privadas.
Mientras que, en un frente los funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dificultan la expedición de nuevos permisos para la venta de combustibles, por el otro les sobra todo para aplicarse a realizar inspecciones con el fin de encontrar inconsistencias, retirar permisos y así cancelar operaciones de empresas del sector hidrocarburos, denunciaron empresarios y expertos.
Alrededor de 35 empresas que operan terminales de combustibles en todo el territorio nacional, mexicanas en su totalidad, con permisos con vigencia hasta el 2040 en su mayoría, permanecen en la lista de próximas a ser visitadas por funcionarios de la CRE sin conocer los detalles de las revisiones quedando en expensas de dichas autoridades.
“El objetivo es aplicar el reglamento de la CRE, y eso es correcto, es un procedimiento que es normal tienen que revisar, aquí lo importante es que aducen no tener tiempo para atender al usuario, y que no tienen tiempo para revisar y atender en las mesas de ayuda para el usuario, y lo peor, te cierran la puerta, pero sí tienen tiempo y recursos para ir a acosar y cerrar instalaciones de manera arbitraria”, criticó un empresario que pidió el anonimato.
Consultado al respecto, José Ángel Vela, consultor del sector energético, censuró que, “nunca publican o informan las órdenes de visita y saber qué es lo que van a revisar, las empresas están en una situación muy delicada, se sienten amenazados”.
“La otra importante es que, una vez que encuentran inconsistencias, por reglamento les dan días para que las subsanen, ellos toman atribuciones y no las aplican, lo que hacen es cerrar las plantas, clausurarlas y eso está afectando a todos”.
De acuerdo con información recopilada por El Financiero en “la mira de la CRE” destacan empresas de Nuevo León como Valores ABC, Energética Carvel y Combustibles Burgos y del Norte y Noreste del país, entre las que se ubican a Tekmol de México, Distribuidora de Combustibles de la Laguna, Petro Smart, Grupo Comercial de México, Creek Fuels de México, Petróleo de León, Petro Tank, Miguel A. Lazalde, Auto Pronto y Energéticos Fusión, por citar algunas.
Además, es de destacar que, desde inicios de la Administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, las autoridades de la CRE han clausurado operaciones de empresas distribuidoras de combustibles.
La “embestida” que emprendió la CRE se agudizó en 2021, contra las terminales de almacenamiento de combustibles que son operadas por empresas privadas, se tradujo en la imposición de ocho clausuras en este tipo de instalaciones, de acuerdo con registros de ese organismo, en ese año.
La política en contra de las terminales de almacenamiento de combustibles que son operadas por empresas privadas se tradujo en 8 clausuras en este tipo de instalaciones, de acuerdo con registros de ese organismo en 2021.
Entre las empresas con terminales de almacenamiento de combustibles clausuradas fueron Lenova Gas, y Petrolíferos Windstar de Sonora, ambas en 2021. Otras firmas afectadas fueron Servicios y Terminales de Tuxpan, Asfaltos Mesoamericanos, Vopak México, y Bulkmatic de México.
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