El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la ocupación temporal e inmediata de la planta de hidrógeno que operaba Air Liquide en la refinería de Tula, Hidalgo, que pertenece a Petróleos Mexicanos (Pemex). La expropiación efectuada por medio de la Secretaría de Energía (Sener) mejorará los márgenes de refinación de Pemex Transformación Industrial y contribuirá a la soberanía energética, pues revierte la entrega a una empresa francesa realizada en 2017 por la anterior administración federal, una acción enmarcada en el desmantelamiento del sector energético nacional que encarecía el gas para la empresa del Estado y, por lo tanto, para los consumidores directos e indirectos de hidrocarburos.
Este anuncio debe leerse en dos sentidos. En primera instancia, como parte de la determinación del gobierno de la Cuarta Transformación para hacer del hidrógeno, y en particular del verde (es decir, el que se obtiene reduciendo al mínimo las emisiones de carbono y los impactos ambientales), un pilar de la transición energética que se impulsa para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y conjurar la amenaza del cambio climático. Queda claro que no se trata de un acto aislado, sino de un paso más en una amplia estrategia: en mayo, la Sener publicó el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2023-2037, en el cual se contempla que el hidrógeno sustituya de manera paulatina al gas natural en el funcionamiento de las plantas de ciclo combinado para elevar la proporción de energías limpias dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Asimismo, hace un mes el presidente López Obrador informó que una firma danesa invertirá 10 mil millones de dólares para producir hidrógeno verde que moverá a las nuevas embarcaciones en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Cabe destacar que la compañía europea consultará, como es debido, a los pueblos indígenas de la zona para asegurar que el proyecto sea de beneficio ecológico y social.
Por otro lado, la expropiación de las instalaciones operadas por Air Liquide responde al imperativo de rescate integral de la soberanía que ha marcado a la actual administración federal. En este ámbito, además de los enormes esfuerzos para poner en pie a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, debe recordarse el pulso que las autoridades mantienen con Vulcan Materials, empresa estadunidense matriz de Calica, la cual explota una cantera en la Riviera Maya. Vulcan y su filial devastaron hectáreas de selva, pusieron en riesgo acuíferos subterráneos y probablemente destruyeron patrimonio arqueológico a fin de obtener materiales usados para construir caminos en Estados Unidos. De manera notoria, el sinsentido de extraer gravas de un ecosistema de inestimable valor ambiental no llamó la atención de los grupos ecologistas o seudoecologistas que echaron mano de todo su músculo financiero y sus conexiones dentro de la clase política y el Poder Judicial para frenar la construcción del Tren Maya, una obra estratégica que acarrea beneficios indudables para el sureste mexicano, erigida con todas las precauciones de mitigación ambiental y salvamento arqueológico. Con la decisión de ayer, Vulcan haría bien en revalorar sus tácticas dilatorias y dar respuesta a la oferta de las autoridades para comprarle los terrenos en los que llevó a cabo una actividad ilegal y nociva.
Es evidente que la recuperación de la planta de hidrógeno en Tula debe saludarse como un avance hacia la consolidación del sector energético con fines sociales y no de lucro, así como parte de la recuperación de la soberanía gravemente erosionada durante el periodo neoliberal. De igual manera, cabe desear que en breve el suelo ocupado por Calica sea reintegrado a la nación y se ponga en marcha su rescate como área natural protegida.
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