El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, descartó que el organismo que dirige sea una empresa condenada a la extinción, condición que, dijo, le fue decretada por la Reforma Energética, impulsada por la administración anterior.
Bartlett señaló que, gracias a la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador, de rescatar a la CFE, esta «ha dejado de ser una empresa condenada a la extinción que le fue decretada por la Reforma Energética y ya se erige como la gran institución pública que ha sido desde su creación».
«La Reforma Energética son disposiciones legales, reglamentos, prácticas viciadas y toda una ideología de mercado destinada a hacer de la empresa más importante del país, un actor irrelevante y declinante», dijo Bartlett en su comparecencia ante las comisiones unidas de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, con motivo del Segundo Informe de Gobierno.
Agregó que la CFE fue «usada como trampolín para ceder el mercado a los intereses privados» y que la obligó a comprar electricidad, a subsidiar y contratar en contra de sus intereses.
Dijo que la Reforma Energética «creó y fortaleció organismos reguladores con los que se arrancó al Estado funciones esenciales (dar permisos de generación de electricidad, de comercialización de gas, fijar tarifas eléctricas) para entregárselas a personajes seleccionados (…) por su compromiso con intereses corporativos».
Subastas eléctricas
Bartlett puso como ejemplo las subastas eléctricas instauradas por la Reforma Energética, que fueron otra manera de dar espacio a los privados «utilizando a la CFE Suministro Básico como comprador, garantizaron la colocación de sus productos, obteniendo financiamiento y pagando sus plantas».
Dijo que ofrecían mejores precios «porque al tener ventas seguras no pagaban primas de riesgo de mercado y se aprovechaban del virtual obsequio que eran las tarifas de transmisión».
Explicó que derivado de un análisis realizado por la Secretaría de Energía (Sener), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la CFE, la propia Sener decidió suspender una cuarta subasta para evitar la continuación de los daños.
«En las tres subastas anteriores, la CFE quedó obligada a comprar 20 millones de certificados (CEL), casi todos a las centrales privadas», apuntó.
Ante esta decisión, dijo que «los opositores describieron escenarios catastróficos de inversiones que se fugarían, de escasez de electricidad, de estallido de precios, pero fallaron en sus profecías».
Indicó que el impulso de la Sener a la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), para promover la sostenibilidad de la industria eléctrica, se alinea a la Constitución mexicana que dice que «corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del SEN».
Recordó que, tras su publicación, de inmediato se interpusieron 36 amparos ante instancias judiciales especializadas en competencia económica «bajo el argumento que obstaculiza las energías renovables, viola tratados internacionales o que elimina un mercado eléctrico en condiciones de competencia».
La titular de la Sener, Rocío Nahle, defendió este lunes la nueva política energética del Gobierno, que prioriza la electricidad de la estatal CFE, por delante de las energías renovables de generadores privados y que fue impugnada por la Suprema Corte de Justicia.
Ante las acusaciones al Gobierno por frenar las energías renovables, Nahle dijo que estas «ni son tan baratas, ni las empresas son la madre de la caridad». Por la mañana, López Obrador negó que el Gobierno mexicano frene la inversión privada en energías renovables, pero pidió a las empresas «no abusar».
