México tiene disputas con empresas estadounidenses que implican unos 30,000 millones de dólares.
La empresa estatal mexicana de electricidad presentó el miércoles ante un tribunal en Texas una demanda por incumplimiento de contrato contra exdirectivos de una subsidiaria en Estados Unidos, alegando que adjudicaron indebidamente un lucrativo contrato de suministro de gas.
La demanda, presentada por una unidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se produce en medio de esfuerzos del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por replantear acuerdos en el sector energético que, en su opinión, perjudican a la generadora estatal y a la petrolera Pemex.
México tiene disputas con empresas estadounidenses que implican unos 30,000 millones de dólares.
Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez, dos directivos de alto nivel de CFE Internacional, otorgaron contratos a WhiteWater Midstream LLC, con sede en Texas, para un gasoducto y suministro de gas, lo que le costó a la empresa cientos de millones de dólares en daños, según una demanda presentada en el Tribunal de Distrito del Condado de Harris en Houston.
Un abogado de ambos no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Un portavoz de WhiteWater Midstream dijo que no había visto la demanda y que no tenía comentarios inmediatos.
Los contratos de CFE International obligaban a la empresa a pagar a WhiteWater Midstream “enormes sumas por gas natural innecesario y sobrevalorado y por costos innecesarios de los gasoductos”, según la demanda.
Un contrato proporciona 1,500 millones de pies cúbicos al día de gas natural, parte del cual no se necesita y se revende “rutinariamente causando enormes pérdidas” a la empresa mexicana. Un contrato relacionado con el gasoducto a largo plazo era innecesario y estaba diseñado para ayudar a WhiteWater a obtener financiamiento externo, según la demanda.
Los dos engañaron al consejo de administración de CFE al no revelar relaciones comerciales anteriores con ejecutivos de WhiteWater, afirma la CFE. La querella busca una compensación de al menos un millón de dólares en daños y perjuicios.
