La eléctrica estatal llegó a un acuerdo histórico con Iberdrola que marca un cambio en la relación con las empresas privadas.
El anuncio se dio de pronto y sin señales previas. Ni los analistas ni el mercado tenían sospechas de lo que vendría: Iberdrola se desharía del 76% de sus activos en México, el país que, en algún momento, quiso transformar en su mayor mercado, pero que en los últimos años se había convertido en una piedra en el zapato. Y el comprador sería nada menos que el gobierno mexicano.
La noticia la dio el gigante español por la mañana –mediodía en el horario europeo y con pocos detalles de la naturaleza de la contraparte– mediante un comunicado a sus inversionistas. Después, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo más sobre el acuerdo en un video, un formato que ha convertido en su forma más habitual para comunicar sus grandes anuncios, en el que aparecían los más altos funcionarios de su administración y los directivos de la multinacional energética.
La última imagen que se tenía de ellos en conjunto data de los primeros meses del sexenio, cuando Iberdrola se comprometió a invertir alrededor de 5,000 millones de dólares durante esta administración. Pero los desencuentros llegaron y ese monto nunca se ejecutó. A cambio, la española recibirá en el segundo semestre del año –según el calendario previsto y una vez que se cierre la negociación– una cantidad un poco mayor por 13 de sus centrales. Un giro de 180 grados en el escenario que se tenía previsto inicialmente y también en la dinámica entre las partes, que parecía enfrascada en un enfrentamiento sin revés.
Acuerdo de CFE e Iberdrola
Los negociadores fueron cautos, pese a que las pláticas duraron cerca de año y medio, según una fuente cercana al proceso. Iberdrola fue la que se acercó a la administración mexicana, explica el funcionario, que pidió el anonimato. La española buscaba una alternativa a sus negocios que estaban siendo amenazados por los cambios legales, algunas de sus centrales estaban detenidas y las acusaciones desde el estrado de Palacio Nacional no cesaban. A la par, la multinacional comenzaba a orientar su operación en activos que abonaran a la descarbonización. Y entonces hizo la propuesta con un listado de centrales, que se fue modificando con el tiempo, hasta llegar a lo anunciado.
Los primeros coqueteos se dieron en marzo de 2021, cuando se negociaba qué sucedería con el modelo de autoabasto y se discutía la reforma constitucional que no pasó en el Congreso. Después, la sanción histórica de más de 9,000 millones de pesos a uno de sus complejos de Nuevo León detonó la seriedad de las pláticas, que subieron a un grado más formal, en agosto del año pasado.
El acuerdo no se ha cerrado del todo, según los anuncios oficiales. Pero en la narrativa política ya hay un ganador y es el gobierno federal: la administración se anotó una batalla y dará –al menos, en lo discursivo– mayor capacidad de generación a la CFE. Ese era el objetivo que había perseguido López Obrador desde el inicio del sexenio: buscaba que al menos el 56% del mercado de generación eléctrica estuviera en manos de la compañía. Ahora, con el acuerdo, y según los números oficiales, la capacidad de generación de la estatal aumentará del 39.6 al 55.5%. Pero los analistas dudan de estas cifras.
La compañía no será la dueña de los activos y puede que poco cambie en su operación: 10 de las centrales que Iberdrola traspasará funcionan bajo el esquema de Productor Independiente de Energía, un modelo diseñado para que los privados vendieran electricidad a la CFE y que esta no tuviera que desembolsar capital en la construcción de infraestructura. Así, la mayoría de estas plantas ya venden toda su producción eléctrica a la estatal. Con el acuerdo, la dinámica se mantendría, al menos, hasta el cese de los contratos actuales.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) afirma en un análisis que “contar con un financiamiento del sector público no cambia que legalmente la propiedad de las centrales se mantendrá privada”. La CFE será ahora la que opere las plantas –aún no queda claro si será con su propio personal o con la plantilla de la española–, pero, en el fondo, la dinámica continuará siendo similar a la vista hasta ahora, solo que la facturación –de la compra de energía– será de parte de otra entidad privada. El gobierno federal defiende que la transacción beneficia a la compañía porque no le agrega deuda y le “da una masa crítica de operación mucho mayor a la que hoy tiene”, según la explicación que dio, en su momento, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El financiamiento del acuerdo ha abierto otra grieta: la ausencia de claridad sobre el origen de los recursos para la compra. La operación se efectuaría a través de un vehículo de inversión diseñado y manejado por México Infraestructure Partners, que contendrá capital del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) –otorgado por la SHCP– y, muy probablemente, recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro. Eso solo cubriría una parte de la compra, el resto sería financiado mediante deuda. Bancos como BBVA y Santander están en la lista de posibles prestamistas.
Pero no todos están convencidos de que sea una buena jugada. “La experiencia de las Afores con este tipo de proyectos ha sido [la obtención de] un rendimiento bajo. En términos de cuidar el ahorro de los trabajadores, un proyecto como el de Iberdrola, que incluye inversión en energías renovables, es mucho más atractivo”, dice Abraham Vela, economista y titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro hasta 2021.
Del lado privado, Iberdrola se ha hecho de un gran negocio, dicen los especialistas. El monto no está del todo definido y hasta ahora se ha fijado en 5,943 millones de dólares, un precio por encima de la mediana de transacciones similares, según un análisis de Bloomberg Intelligence. “Parece que se paga una prima considerable cuando comparas en cuánto se han vendido activos comparables en la región”, dice Patricio Álvarez, el analista que firma el reporte, y explica que quizás el precio que se ha decidido pagar puede ser justificado por “el costo de oportunidad”, refiriéndose al tiempo que tomaría planificar nuevas centrales y la infraestructura para dotarlas de combustible.
Como sea, para Iberdrola ha sido una buena transacción. La española anunció el año pasado una estrategia de descarbonización y, ahora, tras la venta, ha decidido relocalizar el capital hacia economías de rating A. La iniciativa RePowerEU diseñada por la Unión Europea para acabar con la dependencia de los combustibles rusos y la Ley de Reducción de la Inflación de la Casa Blanca, en Estados Unidos, que incluye una gran partida de estímulos fiscales para nuevas inversiones, se han colocado como los nuevos blancos de la compañía. Brasil también se une a la lista de nuevos destinos para el capital de la multinacional.
“Para Iberdrola, fue una buena transacción porque con esto corta el riesgo y, del otro lado, la CFE ya va a tener más del 50% del sector eléctrico mexicano bajo su control, aunque sea de manera indirecta a través de este fondo”, dice el analista de Bloomberg.
La transacción ha sido bien recibida por los bancos y las calificadoras de riesgo, aunque ha sido más celebrada como un buen negocio para la multinacional española. “Reduce parcialmente el riesgo para el balance de la empresa por su exposición geográfica en México y elimina las tensiones regulatorias y los riesgos de litigio asociados con los activos de generación”, dijo Fitch en una nota publicada en abril.
La operación incluye la venta de tres centrales cuya operación fue detenida por el propio gobierno y que eran motivo de disputas legales, incluidos dos arbitrajes internacionales. Iberdrola también logró vender el activo al que se le había impuesto una sanción histórica.
Funcionarios cercanos al gobierno consultados por Expansión descartan la adquisición de más centrales en lo que queda del sexenio. Pero en el sector privado las alarmas ya se han encendido. “Si bien la salida parcial de Iberdrola de México es un hito de riesgo regulatorio positivo para la compañía, subraya el persistente riesgo de nacionalización para otras empresas europeas en el país”, dice Bloomberg en una nota a sus clientes.
Los otros acuerdos
El tono acusatorio desde el altavoz presidencial se ha transformado, poco a poco, en uno conciliatorio hacia las compañías privadas. La CFE y el gobierno federal han decidido guardar su distancia con los participantes del mercado eléctrico, no han llegado nuevos permisos para centrales eléctricas y no hay señales de nuevas subastas. Pero las empresas del mercado de gas natural tienen una historia distinta. En el último año, la estatal ha anunciado tres alianzas estratégicas: con la canadiense TC Energía, la estadounidense New Fortress Energy y el último movimiento en una sociedad conformada por Carso y Sempra.
Tres de estos nombres formaron parte del listado de compañías que protagonizaron lo que fue el primer enfrentamiento entre el gobierno de López Obrador y el sector privado: la negociación de siete gasoductos. Y todos los acuerdos forman parte de una estrategia diseñada por la CFE para transformarse en un competidor más activo en la industria del transporte de gas natural, hacer uso de la infraestructura concebida en sexenios pasados, cumplir con los compromisos de compra del combustible que tiene con competidores de Estados Unidos y volverse exportador de gas licuado. El contexto le ha dado el último impulso: la guerra entre Rusia y Ucrania ha llevado a los consumidores europeos a buscar alternativas para la compra de gas y México quiere entrar al juego.
La CFE ha tomado un camino distinto para estos nuevos contratos. Ahora ha optado por lo que denomina como “alianzas estratégicas” para sellar sus compromisos con los privados. La diferencia es que la compañía se hará de una participación de los activos involucrados en las negociaciones. En su acuerdo con TC Energía tendrá el 15% de una filial de la canadiense que suma una serie de gasoductos construidos previamente y hasta el 49% del nuevo gasoducto Puerta al Sureste; con la estadounidense ha acordado el 15% de un nuevo centro de gas natural licuado en Altamira. Del acuerdo con Sempra y Carso se han dado pocos detalles, pero las empresas han firmado un memorándum de entendimiento para desarrollar gasoductos entre Sonora y Baja California. Hasta ahora, la mayoría de las negociaciones involucraban que estos se quedaran con la titularidad total de los activos.
“[El acuerdo] alinea los intereses económicos entre las partes y es coherente con la estrategia de gestión de CFE para tomar un papel más activo en el negocio del transporte de gas en lugar de solo actuar como un comprador”, sostuvo Moody’s en julio, cuando se anunció la firma del memorándum con TC Energía. En todos los casos, la eléctrica nacional ha prometido a sus contrapartes facilitar el tramo más complicado: la negociación con las comunidades y facilitar los permisos. En un comunicado, también de julio, la CFE dijo que planea pasar de una empresa eléctrica a una transnacional con compromiso social. Las calificadoras han tomado estos movimientos como un guiño al sector privado y una prueba de que se ha recuperado, al menos en parte, la confianza que se perdió al inicio de la administración. Pero aún le resta poco más de un año al sexenio.
