Será hasta 2025 cuando se pueda conocer qué procedió en torno a la rehabilitación y modernización de la Central Termoeléctrica de Altamira cuyos trabajos se licitaron hace casi diez años y en donde se invertirían cerca de 380 millones de dólares, pues la CFE lo declaró tal información como reservada.
Y es que, según la empresa productiva del estado, entabló un juicio administrativo contra la empresa contratista, y para no afectar el litigio clasificó la información por cinco años, a partir del 14 de enero de 2020. Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia se dio esa respuesta a un particular que quería saber el estatus del proyecto de la termoeléctrica, esto con el folio 1816400112520.
En el sistema de información pública se pidió conocer el estado de la licitación pública internacional número LO-018TOQ054- T18-2012, correspondiente al Proyecto 258 RM CT Altamira, U1 y 2 de la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Altamira.
Se solicitó precisar el porcentaje de avance de la obra, indicar el monto presupuestado total del proyecto y lo que la CFE había pagado hasta el 2020 al contratista.
Fue a través de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, como se contestó que la licitación se concluyó y su acta de fallo se emitió el 23 de octubre de 2013, pero no se puede detallar el avance debido a un juicio contencioso administrativo federal.
“Al momento de la solicitud (2020) existe un juicio contencioso administrativo federal 26713/19-17-14-4, entre la Comisión y el contratista, por lo cual la información de mérito se considera reservada, toda vez que su difusión podría actualizar o potencializar un riesgo de daño económico real, demostrable e identificable para la CFE”.
La Comisión añadió que dicho daño sería en perjuicio de la estabilidad financiera de la empresa y del fin que tiene establecido en el artículo 4 de su ley, destinado a generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario.
“La información solicitada, forma parte del expediente presentado por la Comisión, ante la 14a Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En tal virtud, su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable, de perjuicio significativo a los intereses de CFE y por tanto al interés público, ya que la información en comento del proyecto se utilizará como prueba en un juicio contencioso administrativo”.
Riesgo, si se conoce
La CFE insistió que, si dicha información se divulgara, supondría un riesgo para la Comisión, ya que en ese tiempo el juicio entre las partes no había causado estado, y se podría producir un daño patrimonial a la empresa.
“El procedimiento administrativo o de rescisión de contrato no ha causado estado y sería como si CFE le otorgara al contratista los elementos que necesita para impugnar la rescisión de su contrato o el importe de finiquito, facilitando elementos que pudieran causarle un daño patrimonial a la empresa”.
Por ello, la CFE clasificó como reservada la información pues su difusión “puede vulnerar el resultado del procedimiento administrativo derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista”.
