En un comunicado publicado esta mañana, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la Política de confiabilidad que publicó la Secretaría de Energía (Sener) el pasado 15 de mayo.
La solicitud de la autoridad en competencia pide a la Suprema Corte que se pronuncie “sobre los límites que tiene un regulador sectorial frente a los principios constitucionales de competencia”, especialmente cuando una disposición “afecta gravemente la dinámica competitiva de un mercado”, y merma la libre competencia que también afecta al consumidor.
Esta acción se debe a que la Comisión considera que la Política “violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Además, sugieren que contraria los artículos constitucionales 16, 28 y 133, y leyes aplicables en materia de electricidad, mismos que “establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad”.
Poco después de que se publicó el comunicado, la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, se pronunció a través de un tweet, en el que dijo que “la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico está por encima de cualquier interés económico público o privado”.
La Cofece asegura que dicha Política “afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad”, pues permite que el Estado tenga mayor control sobre los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), otorgando beneficios y disminuyendo la capacidad de competencia, lo que finalmente se traduce en “barreras a la entrada en la generación eléctrica”.
Asimismo, la Comisión explica que “la Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del MEM”.
Finalmente, la Cofece reconoce la legitimidad de aumentar la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), y la necesidad de cumplir todos los objetivos, siempre y cuando la competencia no se vea afectada, “lo que no acontece con la Política impugnada”.
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