A casi un año de terminar la presente administración, México no sólo no tuvo avances en la materia, sino que retrocedió y dejó algunos “platos rotos”.
México no es ajeno a los retos globales y enfrenta importantes desafíos en materia de transición energética. A medida que la preocupación por el cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan, la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles se vuelve imperativa. Sin embargo, el país ha dejado de lado su camino hacia la transición energética.
Desde la implementación de la Reforma Energética en 2013, México se fijó metas ambiciosas para diversificar su matriz energética y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, a cerca de un año de terminar la presente administración, México no sólo no tuvo avances en la materia, sino que retrocedió y dejó algunos “platos rotos”.
Primero
Nos encontramos con una errática política energética, constantes intentos de modificar el marco legal e incertidumbre regulatoria. Asimismo, se suma la ineficiencia de los órganos reguladores del sector en dos áreas: i) una Comisión Reguladora de Energía (CRE) obstaculizando la obtención de permisos de generación de electricidad, paralizando el crecimiento del sector y la instalación de capacidad de generación limpia; y ii) la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente que ha sido omisa en supervisar y sancionar particularmente a Pemex por sus crecientes emisiones de metano.
Segundo
Tenemos la emisión de instrumentos de política de forma tardía, hasta el quinto año de gobierno, que ya no serán implementadas en esta administración. Un caso es el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2020-2024, que no fue publicado sino hasta febrero de este año y que, entre otras cosas, plantea diversos objetivos en materia de ahorro de energía y eficiencia energética, mientras que dos meses después el Gobierno Federal propuso la desaparición de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) como organismo desconcentrado para ser absorbido y convertido en una unidad administrativa de la Sener.
Por otro lado, la Semarnat propuso apenas en junio de este año una Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME), aún pendiente de ser publicada, como un instrumento de política pública con el objetivo de crear condiciones e incentivos para realizar una transición ordenada y equitativa hacia una movilidad eléctrica de bajas emisiones, estableciendo metas hacia las siguientes tres décadas. México enfrenta el desafío de impulsar la movilidad sostenible, por lo que es necesario fomentar la adopción de vehículos eléctricos y promover opciones de transporte público limpio y eficiente. Sin embargo, esto requiere, entre otras cosas, inversiones en infraestructura de carga, incentivos fiscales y una planificación urbana que priorice modos de transporte sostenibles.
La electromovilidad es un medio para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, la ENME la plantea como un objetivo sin tomar en cuenta, por ejemplo, metas que aborden las emisiones en todo el ciclo de vida de los vehículos, incluyendo la electricidad que requieren. En este sentido, la Estrategia tampoco plantea acciones para fomentar la generación de energía a través de fuentes limpias.
Tercero
Finalmente, destaca que el gobierno mexicano no sólo ha desdeñado la nueva inversión en materia de generación limpia y no ha dado la importancia necesaria a las políticas públicas en materia de transición, sino que ha buscado eliminar órganos clave para la transición energética. Ya se mencionaba el caso de la CONUEE, al que se sumó (en la misma iniciativa presentada por el Ejecutivo) el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para convertirlo en una unidad administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Todos estos retrocesos han afectado el camino hacia la transición energética del país, lo que quedó plasmado en el ranking de Transición Energética del Foro Económico Mundial: de situar a México en el lugar 37 en 2019, recientemente lo colocó en el lugar 68 debido al cumplimiento deficiente de las metas establecidas por el organismo. Este es un reflejo de los retos que enfrenta el país en su camino hacia una transición energética más diversa y sostenible.
A pesar de las ambiciosas metas establecidas en la Reforma Energética, particularmente en la Ley de Transición Energética, México ha fracasado en su intento de transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible. La persistencia en la dependencia de los combustibles fósiles, la falta de inversión suficiente en energías renovables debido a bloqueos administrativos y regulatorios, aunado a la incertidumbre jurídica de los últimos cinco años, han sido los principales obstáculos en este camino.
Es esencial encontrar un equilibrio entre la regulación necesaria y la promoción de un entorno favorable para la inversión que fomente la transición energética. Asimismo, el próximo gobierno tendrá el enorme reto de diversificar la matriz energética, ampliar y modernizar las redes de transmisión y distribución eléctrica, incrementar objetivos de eficiencia energética e impulsar la movilidad sostenible para retomar el camino de la transición.
Superar estos desafíos requerirá un compromiso continuo por parte del gobierno, la industria y la sociedad en general. El gobierno entrante tendrá un papel clave en la definición y ejecución de políticas que impulsen una transición energética, pero primero deberá reparar los “platos rotos” que dejará esta administración.
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Nota del editor: Mónica R. Díaz (@mony_rdiaz) y Karina Manríquez (@karina_Jaz) son consultoras especializadas en el sector energético en Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a las autoras.
