El presidente ha minimizado la petición de consultas de Estados Unidos y Canadá respecto a la política energética mexicana, pero en la realidad este proceso podría modificar los planes que el mandatario ha defendido para fortalecer a Pemex y CFE.
El gobierno mexicano ya ha recibido los documentos de petición de ambos países para el inicio de las consultas de resolución de disputas. En los próximos 30 días, según los lineamientos, las partes comenzarán con las negociaciones que serán privadas y que podrían tomar más de un par de meses. La administración mexicana podría no estar a favor con los actos reclamados por sus contrapartes, pero los acuerdos que de ahí se desprendan –en dado caso de llegar a una resolución– serán vinculantes, es decir, el Estado mexicano estará obligado a modificar sus políticas, aunque esto vaya contra los objetivos presidenciales.
«Las consultas no son vinculantes a menos que las partes alcancen y acepten un acuerdo», dice Alfonso Cortéz-Fernández, un abogado y socio de Baker McKenzie. En la aspiración de no aumentar el tono de las disputas, la administración mexicana, según ha dicho la Secretaría de Economía, intentará llegar a un acuerdo en esta fase.
La siguiente fase sería el cumplimiento de lo acordado o el gobierno mexicano podría afrontar algunas medidas que modifiquen la dinámica de otros sectores exportadores. Los socios comerciales podrán implementar algunas medidas compensatorias, como sanciones y aranceles, y México tendría nulos argumentos para echar hacia atrás estas medidas, explican los abogados consultados.
También hay otra posibilidad: que durante las negociaciones los tres socios acuerden medidas de represalia si es que el gobierno mexicano decide continuar hacia delante con las políticas a favor de Pemex y CFE y no cumplir con lo acordado.
“Y podríamos ver que impongan sanciones en sectores que no dañen a sus economías, es decir, en sectores que no están integrados. Difícilmente veremos represalias en mercados como el automotriz o cualquier otro que involucre manufactura”, dice David Enríquez, abogado especializado en derecho energético. Canadá y Estados Unidos, dice, podrían optar por imponer aranceles a empresarios agrícolas, que dependen en gran medida de las ventas al exterior. “Sería una pena que productores que no tienen nada que ver terminen pagando por un incumplimiento”, apunta.
En los últimos años, Estados Unidos ha optado por imponer aranceles a México en productos como el acero o el jitomate en represalia a algunos movimientos.
El presidente, dicen las fuentes, estaría en medio de la disyuntiva entre seguir con sus planes en el mercado energético o dañar a otros sectores económicos, que hasta ahora han mantenido una dinámica sin contratiempos.
No llegar a un acuerdo durante la fase de consulta podría traer un resultado similar para la administración mexicana. El país prácticamente no tiene opción, dicen los abogados. Que uno de sus dos socios comerciales solicite la conformación de un panel arbitral deja muy pocas posibilidades de que México pueda seguir adelante con los cambios hechos hasta ahora en el mercado energético. Los analistas apuntan que debido a lo acordado en el T-MEC, Canadá y Estados Unidos acumulan más posibilidades de obtener un fallo a su favor. Y de nueva cuenta la administración mexicana se vería obligada a cumplir con las determinantes del panel.
El no cumplirlas en este punto elevaría las discusiones a un punto aún más álgido: un arbitraje internacional. Un proceso que la mayoría de las compañías y Estados suele evitar debido a los altos costos que representa y los largos tiempos en que suelen ser resueltos.
Las fuentes del sector auguran muy poco margen de maniobra para los negociadores mexicanos.
El presidente López Obrador ha erigido su principal argumento para defender que los cambios no se contraponen al tratado comercial en el capítulo 8 del acuerdo, una parte del texto en el que se reconoce “el dominio directo y la propiedad inalienable e imprescindible” de México sobre los hidrocarburos. Pero que, con base en las modificaciones hechas en este sexenio, se contrapone a otras partes del acuerdo comercial en el que se plantea que ningún país podrá echar a andar políticas retroactivas ni medidas para favorecer a las compañías de sus respectivas naciones.
