Acude en falta por el insuficiente trabajo realizado para contribuir a la contención del calentamiento global; con una narrativa negacionista sobre la acción climática y con la exigencia del mundo de explicar cuáles son las políticas públicas y presupuestos que destinará para cumplir con su nueva meta de reducir en 30%, a 2030, la emisión de gases de efecto invernadero, así como a ofrecer indicadores que permitan ir observando sus avances.
México llega a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que inició este domingo en Egipto, en falta por el insuficiente trabajo realizado para contribuir a la contención del calentamiento global y con la exigencia de presentar una ruta crítica que le permita cumplir con el ligero incremento (de 22% a 30%) en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), expuestas hace unos días ante el enviado especial presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry.
El 29 de octubre pasado, durante el encuentro que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con John Kerry, en Sonora, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, expuso que en las NDC existe el compromiso de nuestro país para reducir el 30% de gases de efecto invernadero al 2030, de manera no condicionada, y hasta 40% de manera condicionada.
Para alcanzar esa meta se tienen identificadas 35 medidas mediante soluciones naturales, transporte bajo de carbono, así como regulación y fomento industrial, con las que se puede lograr una mitigación anual total de 88.9 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e) para 2030.
Como parte de las soluciones naturales se contempla el Programa Sembrando Vida, con una mitigación anual de cuatro millones de toneladas de bióxido de carbono (MtCO2); la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas, que permitirían reducir ocho MtCO2 anuales y la Estrategia Nacional de Carbono Azul, con una contribución anual de 15 MtCO2e.
Se prevé que la delegación mexicana entregue en la COP27 sus nuevas metas de NDC, las cuales son esperadas desde hace años, pues en 2020 México ratificó, las mismas metas de reducción de emisiones contempladas en sus NDC que presentó en 2016 ante el Acuerdo de París, para reducir 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y 51% sus emisiones de carbono negro para 2030.
De acuerdo con fuentes de gobierno consultadas, durante las últimas semanas hubo una pugna intensa entre diferentes dependencias del gobierno mexicano sobre ese asunto.
Concretamente, la Secretaría de Energía se oponía a que México se comprometiera con metas más ambiciosas, sobre todo porque tiene claro que el sector que puede generar más avances en ese ámbito es precisamente el energético, particularmente la generación de electricidad, donde hay una fuerte confrontación entre el gobierno con los empresarios de las generadoras de electricidad mediante el uso de energías renovables.
Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática México (ICM), expuso que quedará pendiente la presentación de la memoria de cálculo donde se establezcan, de manera detallada, cada una de las medidas que se van a implementar, con metas e indicadores de cumplimiento que deberán integrarse al sistema de transparencia sobre medidas de acción climática de Naciones Unidas, que es el mecanismo con el cual los países pueden rendir cuentas unos con otros sobre el avance que van teniendo en el cumplimiento de sus compromisos.
Los ojos del mundo estarán puestos en la implementación
El reconocido experto en temas de cambio climático destacó que, además, México tendrá que empezar a avanzar de manera determinada y acelerada en la implementación.
Enfatizó que para que eso ocurra, es necesario que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, corrija su política energética, lo cual implicaría reactivar las subastas para generación de electricidad mediante energías renovables, permitir la conectividad a la red de distribución de las plantas solares que desconectó y transferir a proyectos de auto abasto, donde se cometían abusos, a otras modalidades, para que se pueda usar esa tecnología.
El hecho de que este gobierno haya detenido súbitamente el crecimiento de la generación de electricidad usando energías limpias y que haya apostado por mantener el uso de energías fósiles a través del uso de combustóleo, gas natural y carbón, hace dudar de su congruencia, indicó.
Por otra parte, llamó la atención en que, hace dos meses, la Semarnat actualizó la Norma Oficial 163, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia del uso de combustibles en automóviles nuevos, la cual muestra una desconexión con los esfuerzos para aumentar la ambición de las NDC, debido a que lo que se dio a conocer fue la norma que les dictó la industria automotriz, donde no se toman en cuenta las consideraciones puntuales que les hicieron expertos y organizaciones que tienen como causa la protección del medio ambiente y que incluso plantearon medidas de política pública que darían como resultado reducciones de hasta 20 millones de toneladas de bióxido de carbono.
También debe explicar el financiamiento
Por su parte, la directora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), Sandra Guzmán, expuso que es necesario que México explique cómo le va a hacer para alcanzar la disminución a 30%, de manera no condicionada, es decir, con nuestros propios recursos, si no estamos haciendo las asignaciones presupuestales necesarias para alcanzarlo.
De acuerdo con la también exdirectora general de Políticas para Cambio Climático de la Semarnat, si bien el gobierno mexicano ha anunciado medidas para contribuir a la contención del calentamiento global, la forma en que orienta su gasto público muestra que solo destina 0.05% (2021) de su presupuesto a la atención del cambio climático.
Además, 24.23% de sus ingresos son intensivos en carbono, lo que lo coloca en el segundo lugar en la región y 15.81% del presupuesto se destina a actividades intensivas en carbono.
Según la experta, en 2021, el ingreso intensivo en carbono (hidrocarburos, minería y combustibles) fue 58 veces más alto que el ingreso por financiamiento sostenible internacional, que incluye las fuentes bilaterales y multilaterales dedicadas a cambio climático para 2020.
Dicho ingreso intensivo en carbono fue 11.9 veces más alto que toda la ayuda oficial al desarrollo desembolsado en 2020.
En 2021, el presupuesto dirigido a hidrocarburos representó 15.81% del presupuesto total del sector público, es decir, 316 veces superior al presupuesto sostenible del país, conformado por gasto etiquetado para cambio climático, eficiencia energética, energías renovables y desastres naturales.
Enfatizó que la mayor parte de la emisión de GEI de México provienen del sector energético (63.52 por ciento). Su matriz energética está dominada por el uso de combustibles fósiles (72.56 por ciento).
México ha caminado en dirección contraria a la acción climática
A su vez, Jorge Raúl Martínez Pérez-Tejada, representante para México de Ciudadanos por un Clima Vivible (CCL por sus siglas en inglés), destacó que México ha caminado en dirección contraria en materia de política energética respecto de sus compromisos para contener el calentamiento global.
En lugar de quitar obstáculos a la generación de electricidad, usando energías limpias, les ha puesto obstáculos e incluso ha desconectado proyectos, mencionó.
En su opinión, México llega a la COP27 sin autoridad moral para presentar proyectos o iniciativas que puedan fortalecerse mediante alianzas y cooperación internacional.
Por su parte, Pablo Montaño, director de Conexiones Climáticas, destacó que el gobierno mexicano ha incurrido en una narrativa de negacionismo climático, según el cual hay temas más importantes qué atender; que la soberanía energética está por encima de atender la crisis del clima, lo mismo que atender la pobreza, como si fueran problemas que se pudieran disociar del conflicto climático.
Dijo que se trata de una narrativa de desinformación, de tergiversar los hechos y los datos, tal como ocurre en materia de seguridad, queriendo apagar un fuego que cada vez es más insostenible para el gobierno, que es no estar haciendo algo ante la emergencia climática.
Anaíd Velasco, directora de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) llamó la atención en que hay un desfase entre las NDC y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC). Por ejemplo, las NCD de 2020 hablan de pérdidas y daños, desplazamientos forzados por emergencias climáticas, pero el PECC no lo contempla.
Además, si bien el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene un anexo dedicado a cambio climático, que se supone contemplaría las acciones para implementar lo dicho en el PECC, eso no ocurre; no hay una correspondencia, lo cual permite que haya absurdos, como el que significa que 70% del presupuesto para cambio climático contemplado en el citado anexo, se invierta en proyectos de transporte de gas natural (de origen fósil).
