Con las leyes secundarias se pierden seguridad y soberanía energéticas porque las compañías privadas controlarán información, instalaciones y la operación de la producción, la transformación, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de la energía, los energéticos y los petroquímicos
Las leyes secundarias que harán operativa la reforma energética descuidan cuestiones vitales para el país como el ceder a las compañías privadas la administración de los recursos energéticos nacionales y el control de información estratégica sobre este recurso, considera el doctor Nicolás Domínguez Vergara, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En su estudio Sobre el futuro de México después de la reforma energética, el físico analiza a detalle las implicaciones de la nueva legislación y afirma que con la puesta en marcha de las nuevas leyes secundarias se desnacionaliza el sector energético y las compañías privadas se apropiarán legalmente de una parte de la renta petrolera que se ha estado obteniendo a través de Petróleos Mexicanos (pemex), así como de una fracción de las ganancias de las actividades que ha estado realizando la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El desarrollo de la nación, afirma, se verá restringido por las decisiones que tomen las compañías privadas puesto que éstas controlarán parte de la oferta y de la demanda de la energía, los energéticos y los petroquímicos. También podría ser posible que las empresas privadas puedan incrementar el precio de estos productos a través de esquemas fraudulentos novedosos y creativos como lo han hecho en otros países cuando han privatizado o desregulado las actividades energéticas.
Con las leyes secundarias se pierden seguridad y soberanía energéticas porque las compañías privadas controlarán información, instalaciones y la operación de la producción, la transformación, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de la energía, los energéticos y los petroquímicos.
Afirma en esta investigación que el gobierno federal ha puesto en la ruleta el 40 por ciento de sus ingresos petroleros cuando es incierta la cantidad de recursos financieros que se obtendrá tanto de las compañías privadas como del nuevo pemex.
También es incierto el futuro laboral de muchos trabajadores, entre otros de pemex, la CFE, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y las gasolineras. Muchos trabajadores de esas industrias perderán el empleo y derechos laborales ganados a través de sus luchas gremiales de muchos años. Los esquemas que se implementarán en los próximos meses para mermar los salarios, prestaciones, pensiones y jubilaciones de los trabajadores de pemex y la CFE, posiblemente se apliquen después a otros sectores.
Domínguez Vergara sostiene que con la reforma energética y sus leyes secundarias el Gobierno Federal destruyó el sistema energético nacional, pero tiene fe en que las empresas privadas nacionales y extranjeras adoptarán como misión su restablecimiento usando el financiamiento, tecnología y capacidad de operación que tienen.
El investigador de la UAM señala que el Gobierno Federal: conjetura aun sin haber publicado un estudio del impacto económico de la Reforma Energética que aumentará sus ingresos financieros, pero por si acaso le carga a pemex impuestos, derechos y un dividendo estatal suficientes para tratar de asegurar que contribuya como antes, aunque le deja con menos negocios; confía en que las trasnacionales con honestidad y buena voluntad entenderán y acatarán dócilmente todas las leyes y regulaciones que se les impongan, incluyendo desde luego los derechos humanos de la población que resultará afectada por la privatización.
El gobierno, agrega el académico, asegura sin pruebas que la producción de petróleo y gas natural convencionales, de lutitas (o shale en inglés) y de aguas profundas aumentará con mínimos daños al medio ambiente; apuesta a que las asociaciones de pemex con las empresas trasnacionales que le permita la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) la fortalecerán.
También asevera que los indígenas y ejidatarios negociarán al tú por tú la compensación justa por las tierras, los bosques y las aguas que les arrebatarán las poderosas trasnacionales que tienen récords de causar guerras, comprar o cambiar gobiernos en todo el mundo y dividir países, y difunde basándose en conjeturas, que bajarán los precios de los energéticos y la energía, sin precisar cuándo, en cuánto y por cuánto tiempo.
La privatización del sector energético mexicano representa la culminación de la política neoliberal en el país que comenzó a principios de los años ochentas y que tenía como uno de sus objetivos principales la privatización de las empresas públicas del país, sostiene.
En este trabajo Domínguez Vergara analiza el reporte del Senado de Estados Unidos Oil, Mexico and the Transboundary Agreement, publicado en diciembre del año 2012, y encontró que algunas recomendaciones para México que se encuentran en ese documento parecen atenderse en las leyes secundarias.
En el reporte Estados Unidos urge a que México incremente su producción de petróleo porque de otra manera ese país tendrá problemas de abasto, además de que era necesaria una reforma a la Constitución de esa nación para lograrlo. Es claro que Estados Unidos, desde hace muchos años, ha considerado a México como un país que le puede exportar petróleo para satisfacer su enorme consumo de combustibles fósiles por lo menos hasta el año 2040.
En parte con el fin de implementar la recomendación de Estados Unidos de aumentar la producción petrolera con muchos operadores se llevó a cabo una Reforma Constitucional, pero debido a que el Gobierno Federal tenía que asegurarse ingresos para su presupuesto tanto del nuevo pemex como de las compañías privadas tuvo que elaborar un gran número de leyes y la creación de varias organizaciones que de alguna manera tratarán de controlar a las compañías privadas que operarán en el país, apunta.
El Gobierno mexicano había resistido las presiones para privatizar el sector petrolero desde 1938 y el sector eléctrico desde 1960, que fueron las fechas en las que se nacionalizaron las industrias petrolera y eléctrica, respectivamente. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han presionado a muchos países para que privaticen su sector energético, así que la presión de Estados Unidos a México no era la única. A pesar de ello los gobiernos de México habían resistido, hasta ahora.
En el trabajo señala que pemex ya tenía una meta de producción petrolera sin considerar una reforma energética cercana en magnitud a la que afirma el gobierno que logrará con la reforma energética. También muestra que la CFE ya tenía planes de sustituir sus plantas de combustóleo por gas natural, disminuir sus pérdidas técnicas y no técnicas y bajar el precio de la electricidad sin considerar una reforma energética, pero ahora el Gobierno los presenta como nuevos y que solamente se podrían lograr con la reforma energética.
La reforma energética y sus Leyes Secundarias fracturan en pedazos lo que eran pemex y la CFE en empresas productivas subsidiarias y en empresas filiales y tratan de armonizar y controlar el funcionamiento de un nuevo sistema energético complejo con el supuesto objetivo de maximizar los recursos financieros para la Nación.
Las leyes secundarias, subraya, son muchas y complejas porque se refieren a entidades medias públicas y medias privadas, a la mezcla del derecho público y el derecho mercantil y a la cesión de responsabilidades del Estado a compañías privadas, es decir, establecen cambios muy grandes para el país que afectarán su futuro.
Las leyes secundarias se construyeron para que el Gobierno Federal trate de obtener al menos la misma cantidad de recursos financieros de las actividades petroleras que antes de la Reforma, por lo que estimulará que las compañías privadas aumenten la producción de petróleo y al mismo tiempo que pemex produzca lo suficiente para que ella sola le proporcione los mismos ingresos que antes, al menos por unos cuantos años más.
El investigador del Departamento de Sistemas de la Unidad Azcapotzalco de la UAM afirma que la reforma energética debilita a México, entre otras razones, porque el país perderá parte de la renta petrolera que se ha usado para proporcionar bienestar social, como educación y salud, además de que las compañías trasnacionales tienen un récord reconocido de corromper autoridades en el mundo y el gobierno mexicano ha demostrado su propensión a ser corrompido.
La Reforma no es segura advierte para la supervivencia de pemex y la CFE en el mediano o largo plazos; no incentiva apropiadamente a las fuentes renovables y a la eficiencia energética para garantizar un futuro más sustentable para el país, pues el énfasis está en los hidrocarburos y en proporcionar el marco legal para su apertura a las compañías privadas; su principal objetivo es explotar los recursos energéticos sin asegurar el desarrollo al país; concentra aún más el poder en el Titular del poder Ejecutivo Federal y transfiere la propiedad de pemex y la CFE al Gobierno Federal.
Asimismo, señala que no se determina todavía la dirección, la planeación, ni la evaluación para la investigación y los desarrollos tecnológicos nacionales para el nuevo sistema energético que comienza ni el marco legal para las principales instituciones que realizarán esas actividades, además de que no hay garantías de que disminuirá la impunidad, la opacidad y la corrupción en el sector energético.
Al referir los posibles grandes riesgos de la reforma energética el investigador afirma que parte de la renta petrolera que antes obtenía la nación se transferirá a las compañías privadas nacionales y extranjeras, por lo que si el Gobierno Federal no obtiene los ingresos suficientes subirán los impuestos a la población (incluidos el IVA a alimentos y medicinas).
El experto en energía y desarrollo tecnológico advierte también que el potencial despojo de propiedades para que las compañías privadas desarrollen sus actividades generará conflictos en el campo, un sector ya de por sí azotado por el narcotráfico y el abandono del gobierno.
Otros riesgos son daños a la salud, a la integridad física y las propiedades de las personas, y al medio ambiente por la exploración y explotación de hidrocarburos de lutitas. Y desde luego la contaminación del Golfo de México por la exploración y producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales en aguas someras, profundas y ultra profundas, así como la disminución de la disponibilidad de agua debido a que se usará para la fractura hidráulica, además de que sus desechos podrían contaminar los acuíferos.
Desabasto de electricidad, gasolina, diésel, gas LP y petroquímicos podría ocurrir si en el mundo existe una oferta baja de esos insumos y México no los produce en suficiencia y también la pérdida de libertad, seguridad y soberanía nacionales al ceder propiedad, control y usufructo de los recursos naturales en lugar de canalizarlos para el desarrollo nacional.
Lo más probable es que México no tenga la bonanza de petróleo y gas shale que han tenido algunos lugares de Estados Unidos en los últimos años y que ocasionó en poco tiempo la creación de muchos y buenos trabajos nuevos. Será posible, en parte si la geología que todavía no conocemos en detalle nos favorece; es decir, si tenemos mucha suerte.
A los funcionarios de las empresas productivas del Estado se les protege en las Leyes Secundarias con seguros y fianzas pagados por esas empresas para cubrir la defensa legal de sus errores, omisiones y delitos; pero en ninguna de esas leyes existe el pago de un seguro o garantía que el pueblo pueda cobrar en caso de que no bajen los precios de la electricidad y el gas natural que el Gobierno Federal estuvo prometiendo, y si los precios bajos no se mantienen por mucho tiempo.
En el sector petrolero las inversiones para exploración y producción de hidrocarburos podrían ser grandes en el mediano plazo debido no tan sólo al potencial de grandes ganancias en el largo plazo, sino a la importancia estratégica del Golfo de México.
Muchas buenas y continuas inversiones para exploración y producción de hidrocarburos de lutitas son inciertas debido a que no existe una seguridad de enormes ganancias sostenidas en el largo plazo, pues la experiencia en varios países indica que las reservas de hidrocarburos de lutitas se agotan relativamente en poco tiempo.
La explotación en Chicontepec podría ser atractiva para la compañías privadas porque usando la tecnología hydraulic fracking podrían aumentar la producción petrolera que compartirían con el Gobierno Federal.
Objeta la afirmación propagandística del gobierno federal de que la reforma energética hará posible que los precios de electricidad y gas natural bajen. Eso sería posible, dijo el académico, si ocurren milagros tales como: que las trasnacionales desistan de obtener ganancias; los gobernantes, administradores y directivos sean competentes y abandonen prácticas corruptas; las leyes secundarias no trasgredan la Constitución; los precios internacionales del petróleo se mantengan o aumenten, y no se incremente el precio de la gasolina.
Habría que esperar también, abundó, que la exploración y explotación de hidrocarburos no produzcan daños a la economía, al medio ambiente y la salud de la población; y sobre todo tener la suerte de que la geología les favorezca para descubrir los hidrocarburos que se afirma existen.
Revela que las nuevas metas difundidas por el gobierno después de la reforma energética un aumento de la producción de petróleo a más de 3 mil millones de barriles diarios y una baja en el precio de la electricidad en realidad estaban planeadas en las prospectivas 2013-2027 de petróleo y petrolíferos de pemex y del sector eléctrico de la CFE, sin que mediara la reforma energética y pese a las restricciones presupuestarias que tenían.
La prospectiva del sector eléctrico, afirma el docente, planteaba una reducción en el precio de la electricidad que se mantendría hasta 2027, sin necesidad de ceder la propiedad, control y administración del sector, en cambio hoy con la reforma energética ya en marcha no se informa ni cuándo, ni en cuánto bajarán las tarifas eléctricas y cuánto tiempo se mantendrán así; lo único que se conoce es la preponderancia que están adquiriendo las compañías trasnacionales en este sector energético, como es el caso de Iberdrola.
El pueblo no le cree al Gobierno que bajará de precio la gasolina, el gas natural y la electricidad y que se generarán millones de buenos empleos, sobre todo en el corto plazo, porque difícilmente será realidad. Muy pocos se beneficiarán mucho con la Reforma Energética.
El académico señala que si el objetivo principal de la reforma energética es aumentar la seguridad energética de Estados Unidos, entonces fue un éxito rotundo; si fue para asegurar la soberanía de México es un fracaso definitivo; y si el propósito fundamental era asegurar el abasto energético nacional sustentable, suficiente y a precios accesibles, el éxito de la reforma pende de alfileres.
Con las inversiones que lleguen al país dado la gran apertura con grandes ventajas para los privados sí se crearán infraestructura y trabajos, pero estos beneficios serán mínimos comparados con la pérdida de la riqueza energética que se cede a los privados y con los grandes riesgos en los que se ha puesto a la nación.
