El sector energético norteamericano es una muestra del diseño de políticas y el ejercicio del poder nacional bajo el estilo de gobernar del presidente actual
Donald Trump es un empresario exitoso. Su certero olfato y su agresividad para hacer negocios en Estados Unidos y en el mundo, lo han llevado a la cúspide del poder al alcanzar la presidencia de su país. Sin embargo, en lo que lleva de su mandato, su estilo de gobernar le está generando grandes conflictos dentro de la sociedad estadounidense. La pregunta que surge es ¿si esto tiene que ver con su perfil profesional, su visión de lo que es importante, los miembros de su gabinete, el ambiente donde se rodea en términos de amigos y familiares, enemigos o todo lo anterior?
Aunque no hay espacio para un análisis global, proponemos algunas pistas (en lo que se refiere) para el sector energético de EU. Nuestra tesis consiste en que algunas de las decisiones en materia de política energética (además de las políticas para confrontar el cambio climático), están siendo tomadas sin bases científicas y sin un conocimiento actualizado del sector energético de ese país, lo que podría derivar no sólo en la ineficacia de algunas de las acciones de políticas, sino también en altos costos derivados de las mismas.
La insuficiencia de evidencias científicas
Hay una lectura no actualizada sobre la verdadera situación de Estados Unidos en aspectos fundamentales sobre el sector energético. En su plan de energía, el presidente Trump se comprometió a lograr la independencia energética de su país debido al riesgo de depender de los productores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Si bien, la “independencia energética” es un slogan político que cada presidente de EU ha prometido desde la administración de Richard Nixon, Donald Trump no se dio cuenta de que el objetivo de alguna manera ya era un logro de la presidencia de Barack Obama, con un alcance para la meta de autosuficiencia para 2028, cuando la producción y el consumo se crucen cerrando la brecha de la dependencia del exterior (Gráfico 1).
Mientras que la meta para alcanzar la autosuficiencia está en una proyección a futuro, la situación productiva de EU ha venido modificándose radicalmente a partir de la explotación de los combustibles no convencionales, como el tight oil y el shale gas (esquistos/lutitas) desde el 2007, gracias a la fracturación hidráulica o fracking.
Gracias a este aumento en la producción nacional, el territorio estadounidense no sólo ha reducido importaciones, sino que, además, históricamente ha ido desplazando a los países abastecedores miembros de la OPEP, en favor de los NO-OPEP (hemisferio occidental) como Canadá y México. En esta Organización, Arabia Saudita y Venezuela son muy importantes como suministradores del mercado estadounidense, ya que su participación ha sido rebasada por las importaciones provenientes de sus vecinos geográficos, cuya contribución ascendió al 48 por ciento del total importado, entre 1980 y el 2016 (ver Gráfico 2).
Considerando sólo las compras de 2016, el petróleo procedente de la OPEP se ha reducido a tres millones de barriles diarios (MMbd) de un total de 7,607 MMbd, a menos de la mitad del total. El dato no fue registrado en la propuesta de la administración. Si Estados Unidos sigue importando petróleo, es por una racionalidad económica (les conviene más), así como de seguridad futura al no agotar sus propias reservas petroleras. El asunto de la dependencia ha dejado de ser un problema de seguridad nacional, porque las importaciones abastecen menos del 50 por ciento del consumo nacional.
La cuestión de la independencia energética es un asunto más complejo que la opción de la autarquía sugerida por Trump.
Otra gran inconsistencia, es la idea de reactivar la industria del carbón y al mismo tiempo, impulsar la producción de gas natural. La administración en turno no los ve como combustibles sustitutos, así como tampoco ve que la gran producción de gas natural sea la que ha provocado el desplome de su precio, y que a su vez, es el factor explicativo de la caída de la demanda de carbón.
Su apoyo para tomar la opción del carbón como combustible, va acompañada de favorecer el desarrollo tecnológico para obtener este mineral limpio, y con ello capturar el dióxido de carbono que contribuye al cambio climático. Sin embargo, esta alternativa sigue siendo muy cara y requiere la instalación de un equipo especial que hace que la perspectiva de quemar carbón sea poco atractiva para los servicios públicos.
Otra propuesta controversial, es la de crear miles de empleos que se generarían al apoyar, tanto a la industria del carbón, como a reanudar la construcción de los oleoductos vetados por la administración de Obama. En el primer caso, el presidente Trump firmó un proyecto de ley (febrero 2017) con lo que las compañías carboníferas tendrán una mano más libre en el vertimiento de los residuos mineros en los arroyos. Lo cual, elimina la regla de minería de carbón emitida por Obama o la Regla de Protección de la Corriente (Stream Protection Rule) y, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, esto ocurriría debido a que dicha regla habría reducido el empleo de este combustible fósil en un promedio de 260 puestos de trabajo por año.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Donald Trump para ganar la llamada “guerra contra el carbón”, los expertos de la industria están ciertos de que los trabajos no regresarán mientras el gas natural y las energías renovables sigan siendo combustibles más baratos. No habrá muchos más empleos en la industria carbonífera, como la administración promete.
En cuanto a la propuesta de crear miles de trabajos a partir de la construcción del Keystone XL y el Dakota Access, esto está lejos de ser verdad. De acuerdo con el Departamento de Estado (DOE) el oleoducto Keystone XL sólo crearía 35 empleos permanentes y 16 mil empleos directos/indirectos que no durarían más allá de la fase de construcción. Del mismo modo, la instalación del oleoducto Dakota Access sólo resultará en la formación de 40 puestos de trabajo permanentes. Los segmentos del oleoducto, en su mayor parte, ya han sido comprados y construidos.
En EU, los empleos realmente se generan en la industria de los renovables y asociados a la eficiencia energética. El auge de la energía solar y eólica en los estados, tanto de mayoría republicana, como demócrata, está creando empleos y hay poderosos partidarios republicanos en favor de las renovables, debido a los importantes incentivos fiscales con que se promueven.
El conflicto de intereses
La vocación del mandatario republicano son los negocios y el país se ha convertido en su empresa, donde el objetivo es ganar absolutamente contra los consumidores y las nuevas regulaciones, las modificaciones a la Ley Dodd Frank han sido presentadas por la administración republicana como un apoyo a la competitividad internacional de sus empresas petroleras, al favorecer la secrecía de sus transacciones internacionales a la luz de reglamentos existentes. Sin embargo, al relajar los controles a Wall Street, sobre todo en materia de prácticas bancarias, éstas devienen en acciones predatorias contrarias a las que protegían a los consumidores estadounidenses. Por ello, este cambio de Ley genera inconformidad.
Hay otro caso que ilustra las tendencias a favorecer el interés corporativo. Si bien el presidente Trump evitó el conflicto de intereses al vender su capital accionario a la empresa Transfer Energy Partners, encargada de la construcción del oleoducto Dakota Access, Trump recibió una generosa donación de campaña de uno de los directores ejecutivos de dicha compañía. Sus acciones han subido desde que el presidente Donald Trump anunció que el proyecto avanzaría sin una revisión ambiental adicional y sin abordar las preocupaciones de las naciones tribales (Sioux), en enero de este año, por razones ambientales (contaminación de agua) y territoriales.
En una situación similar a la del presidente Trump, se encuentra el ex gobernador de Texas y actual dirigente del Departamento de Energía de EU, Rick Perry. Ambos personajes favorecen a las industrias fósiles y niegan las evidencias del cambio climático, pero la situación del exgobernador Perry deja ver otros conflictos de interés, en la medida en que es la cabeza de un ministerio que privilegia la orientación científica.
Perry argumentó en 2011 que el cambio climático era una “teoría científica que no se ha probado todavía.” En el reloj de Perry, la agencia ambiental de Texas incluso censuró un informe sobre el aumento del nivel del mar en la bahía de Galveston, que eliminaba las referencias al cambio climático.
La lista de donantes de la industria de los combustibles fósiles en favor del exgobernador es larga y refleja la influencia que ésta ha ejercido sobre la política y la ciencia. Cuando Perry era gobernador, brindó apoyo a la energía eólica en Texas, pero no lo hizo con la generación de energía renovable en general. Firmó bonificaciones fiscales para el gas natural y aceleró la ubicación de las centrales eléctricas de carbón. Su plan energético estatal en el 2011 se apoyó fuertemente en ideas y propuestas del American Petroleum Institute (API). Sus posiciones sobre la perforación en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, la construcción del oleoducto Keystone XL, el fracking y la exportación de gas natural, dan cuenta del sesgo de partida que, sin duda, marcará su gestión en el DOE en favor de ciertos combustibles y tecnologías.
A manera de conclusión. El sector energético de EU es una muestra del diseño de políticas y el ejercicio del poder nacional bajo el estilo de gobernar del presidente actual. En este caso, se muestran contradicciones derivadas de la falta de estudios precisos y evidencia factual que en buena medida resultarían no sólo de propuestas apresuradas, sino de su orientación ideológica y preferencia de negocios (combustibles fósiles). Preocupa a los científicos estadounidenses el soslayo de Trump en la Casa Blanca y el sector energético es muestra de ello. La manera en que la administración norteamericana intenta compensar la declinación de su popularidad es a través de un reposicionamiento de fuerza internacional. Y en ese riesgo estamos todos.
