Poco más de la mitad de los permisos de generación que ha otorgado la Comisión Reguladora de Energía (CRE) están bajo la modalidad de contratos de interconexión legados (CIL), es decir, pactos de compraventa de electricidad que se hicieron al amparo de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), según datos del ente regulador.
Derivado de la reforma energética impulsada en 2013 por la administración de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe adquirir la energía que se produce bajo estos convenios que fueron reconocidos en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
De acuerdo con la CRE hasta marzo de este año existían 716 permisos vigentes bajo la modalidad de legados, cantidad que representa casi 56 por ciento de las autorizaciones aprobadas.
El dato es mayor al número de permisos con los que cuenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa que sólo cuenta con 165, número que representa 13 por ciento del total de las autorizaciones.
Dentro de la modalidad de CIL se encuentran centrales de generación que operan bajo los modelos de autoabastecimiento, cogeneración y pequeña producción.
El objetivo de este tipo de convenios fue minimizar los costos del servicio de suministro básico a través de precios basados en los costos de cada central y contrato.
Lo anterior se debía traducir en menores costos para el usuario final, mientras la vigencia del contrato depende de la eficiencia de la generadora.
La CRE indica que 293 permisos otorgados bajo la modalidad de legados producen energía limpia, 22 por ciento del número total de autorizaciones.
Sin embargo, el número de permisos CIL que producen electricidad con energía fósil asciende a 423, número que representa una tercera parte de la totalidad de autorizaciones para generación en el país.
Cuando fue anunciada la iniciativa de reforma eléctrica el año pasado, la Secretaría de Energía (Sener) señaló que este tipo de esquemas sólo impactaban en las finanzas públicas –sobre todo para la CFE–, por los altos costos que representaban, por ello se propuso eliminarlos.
RIC Energy, participante del mercado eléctrico, también ha reconocido que, si bien los CIL tienen el objetivo de disminuir los costos en las tarifas para los usuarios finales, “los errores financieros y pérdidas generadas han resultado en un aumento en el concepto de servicio de transmisión a aquellos con ventajas económicas”.
Lo anterior se ha observado en plantas que son de autoabasto y cuentan con contratos legados, pues también mantuvieron incentivos como el porteo estampilla, que es el pago mínimo por transmisión, así como el reconocimiento parcial de potencia.
La misma Sener ha acusado que grandes empresas, como las tiendas de conveniencia Oxxo, Walmart, bancos como Citibanamex o BBVA y la operadora de restaurantes Alsea, entre muchas otras, han aprovechado los beneficios de estos esquemas.
Una de las empresas que también mantiene contratos legados ha sido Iberdrola, cuya central eólica Santiago en Guanajuato fue desconectada por no coincidir la dirección del permiso con su ubicación física.
