Las políticas impulsadas por Biden y López Obrador han sido totalmente opuestas, pero hasta ahora las diferencias no habían escalado.
Las señales parece que pasaron inadvertidas ante los ojos del gobierno mexicano, pero no para los abogados, empresas e inversionistas. Todos esperaban el inicio de una disputa formal de parte del gobierno de uno de los países que se habían quejado sobre los cambios en la política energética de México.
El plazo se cumplió ayer, cuando se dio a conocer que el gobierno del presidente Joe Biden solicitó el inicio de consultas de resolución de disputas ante la administración mexicana. En un acto, que da la impresión de haber sido coordinado y no espontáneo, Canadá anunció que iniciará un proceso similar.
“Los esfuerzos diplomáticos, que fueron demasiados, ya se agotaron, ahora todos los esfuerzos serán entre los órganos competentes”, dice David Enríquez, abogado de Goodrich, Riquelme y Asociados. “Ya era muy difícil para Estados Unidos contener la presión del empresariado, después de mucho Washington le abrió la puerta a Houston”.
El gobierno mexicano acumulaba una gran cantidad de misivas. La Unión Europea, Canadá y Estados Unidos habían enviado cartas al gobierno mexicano para mostrar su descontento. Pero es este último, el que ha dado el primer paso formal, el que más disgustos había mostrado.
Las peticiones de EU y Canadá sobre la política energética de AMLO
Los reclamos comenzaron al inicio de 2020, antes de que la Secretaría de Energía publicara la política de confiabilidad, el primer gran cambio que buscaba frenar la puesta en marcha de centrales privadas argumentando que el sistema eléctrico necesitaba ser más seguro en medio del inicio de la emergencia sanitaria por la pandemia, pero que fue frenado en juzgados y en la Suprema Corte, y antes de que la Comisión Reguladora de Energía elevara hasta 800% una tarifa de transporte que pagan algunas centrales renovables a la estatal CFE.
Las embajadas de Canadá y la Unión Europea enviaron un par de documentos en los que externaron sus preocupaciones sobre las modificaciones hechas hasta esa fecha argumentando un freno hacia la generación de energía renovable.
Pero hasta ese momento los cambios solo incluían la cancelación de las rondas petroleras y de las subastas de largo plazo, un acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que pretendía pausar las pruebas para la puesta en marcha de algunas centrales privadas y una extensión de cinco años concedida por el regulador a Pemex para que la estatal cumpla con algunos requisitos de contenido de azufre en el diésel que vende. Las compañías y algunos organismos gremiales, como el influyente Instituto Americano del Petróleo (API por sus siglas en inglés), ya se quejaban de un entorno de incertidumbre para sus inversiones, pero los grandes cambios aún no habían llegado.
La primera fase de los descontentos se produjo cuando Donald Trump aún era presidente. En ese momento la atención aún no se centraba en el mercado energético. El republicano tenía una agenda parecida a la de López Obrador en cuanto al impulso a los combustibles fósiles y mantenía el foco contra México en el tema migratorio, su prioridad discursiva ante las elecciones que perdió frente a Biden en noviembre de ese año.
Casi al final del mandato del magnate, 40 legisladores instaron al entonces presidente a encontrar una solución para proteger las inversiones, pero el tema no escaló y la administración de Trump no hizo pública una búsqueda por entablar negociaciones con su contraparte mexicana. Para ese momento, los congresistas ya acusaban de una ralentización de los permisos y un favoritismo hacia las estatales Pemex y CFE.
El presidente mexicano ya había hecho públicas sus intenciones de presentar una reforma constitucional si es que su estrategia de favorecer a Pemex y a CFE a través de los reguladores del mercado no funcionaba.
Con la llegada de la administración de Biden, los especialistas del sector auguraban un cambio en la narrativa mexicana y posiblemente una modificación a la estrategia del presidente López Obrador en cuanto al mercado energético. El presidente demócrata traía, y aún tiene como prioridad, la lucha contra el cambio climático, a través de un impulso a las energías renovables. Pero las estimaciones erraron. El mandatario mexicano comenzaba a dar cabida en sus discursos a algunas medidas como terminar con el uso de combustóleo y reducir la meta de producción de petróleo, pero a la par no quitaba de la mesa su prioridad por devolver al centro del mercado a CFE y a Pemex.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos llegaron casi a la par de los primeros meses de Joe Biden al frente del ejecutivo estadounidense. Pero el tema aún no escalaba, la agenda demócrata tenía como prioridad el tema laboral –otro tema álgido dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá– y la agenda migratoria. Los desacuerdos por los temas energéticos se mantenían lejos de las discusiones públicas.
En el documento enviado al gobierno mexicano, la administración estadounidense cita a la reforma a la LIE como una de sus principales preocupaciones porque ésta plantea priorizar la generación eléctrica de las centrales de la CFE por encima del resto de plantas de la industria privada, sin importar el método de generación. La reforma se mantiene en un limbo judicial, después de un fallo de la Suprema Corte, pero la administración obradorista ha afirmado que echará a andar su contenido. “Las acciones de México incluyen, pero no se limitan a, enmiendas a la ley de electricidad de México que priorizaría la distribución de energía generada por CFE sobre fuentes de energía más limpias proporcionadas por proveedores del sector privado, como la eólica y la solar”, dice en el comunicado que se hizo oficial ayer miércoles.
Ya con las reformas secundarias aprobadas por el Congreso, pero pausadas en juzgados, Estados Unidos optó por una comunicación diplomática y sin grandes declaraciones. La administración demócrata dejó en Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, el principal canal de comunicación. En los primeros intercambios, Salazar no demostraba gran desconcierto y más bien daba la impresión de colaboración con el gobierno mexicano. Las primeras grandes declaraciones vendrían hasta después, ya al inicio de este año, cuando el presidente López Obrador cumplió el amago de presentar una reforma constitucional, que prácticamente acaba con la participación del sector privado en el mercado eléctrico: incluía la cancelación de contratos, la priorización de las centrales de la CFE y acababa con los reguladores autónomos.
Ya para ese momento, el tono de las exigencias comenzaba a cambiar. Pero la administración demócrata optó por la defensa a las energías renovables y la cooperación de la región en contra del cambio climático como los principales argumentos en contra de la reforma enviada desde Palacio Nacional. Las visitas de John Kerry, el enviado para el clima de Estados Unidos, se hicieron cada vez más recurrentes. Pero aún el argumento era similar y la principal declaración se basaba en que Estados Unidos deseaba fortalecer un mercado abierto y competitivo en la región.
La administración demócrata decidió seguir optando por la carta de la diplomacia. A meses de votarse la reforma –que finalmente fue rechazada– Jennifer Granholm, la secretaría de Energía de Estados Unidos, visitó el país y siguió con el discurso amigable y lejos de la confrontación. La funcionaria estadounidense replicó el discurso de cooperación e instó al país a fomentar una inversión conjunta. “Estamos aquí, el gobierno de Estados Unidos, con dos mensajes: el primero es que vemos una gran oportunidad para asociarnos con México (…). Y también nosotros esperamos que las cuestiones respecto a la reforma energética se puedan resolver para entonces llegar a esta gran oportunidad, y sabemos que esto se está debatiendo justo ahora”, dijo en una conferencia de prensa en enero pasado.
El avance de las discusiones para la aprobación de la reforma no fue claro durante los siguientes meses. La embajada estadounidense ya comenzaba a subir el tono de las declaraciones y a poner al T-MEC como principal argumento para animar al rechazo del cambio constitucional. Para inicios de abril -poco antes de la votación de la reforma– Estados Unidos cifró en 10,000 millones de dólares las inversiones que pondría en riesgo el cambio propuesto por el presidente. Fue Katherine Tai, a la secretaría de Economía estadounidense y la misma que dio declaraciones tras la solicitud de consultas a México, quien dio la cifra en una carta a su contraparte Tatiana Clouthier.
En los primeros meses las visitas de John Kerry y otros funcionarios estadounidenses no cambiaron la postura del presidente mexicano. López Obrador ha dicho que, en un par de párrafos, adheridos de último momento durante la negociación del tratado, México se reservó su derecho a cambiar la constitución en el sector. La reforma no pasó el Congreso. Y el presidente no tomó en serio las advertencias que apuntaban que su búsqueda por cambiar la constitución y favorecer a Pemex y CFE podría abrir un frente internacional, que podría llegar a tribunales fuera del país.
La advertencia ya se ha hecho tangible, pero el presidente ha continuado minimizando el conflicto y ayer en la conferencia matutina su respuesta se ha resumido en una canción de Chico Che.
