La agremiación empresarial da la bienvenida a la reforma, pero con cautela, ante un posible desplazamiento de la manufactura nacional. Hace un exhorto a los legisladores para que elaboren la ley reglamentaria de una forma consensuada y con responsabilidad, para que se mantenga la propiedad, control y rectoría del país sobre el petróleo
El presidente de Fomento Industrial de la Cámara Nacional de la industria de la Transformación (Canacintra), Juan Manuel Romero Chaparro, dio la bienvenida a la Reforma Energética promulgada al cierre de 2013, y demandó a los legisladores la elaboración de las leyes secundarias de una manera consensuada y con responsabilidad, para que se mantenga la propiedad, control y rectoría del país sobre el petróleo.
En un comunicado dirigido a los representantes industriales, Romero Chaparro consideró que el sector energético de México requiere modernizarse para impulsar el desarrollo y la competitividad de las empresas mexicanas y el país, ya que el modelo actual está agotado y rezagado. Sin embargo, acotó, los empresarios afiliados a Canacintra se muestran “optimistas y a su vez cautos” ante la Reforma Energética, principalmente por la posibilidad de que en sus leyes y reglas secundarias se desplace a la manufactura nacional.
Ante ello, demandó que la conformación de las leyes y regulaciones secundarias derivadas de la reforma energética no contemplen conceptos o cláusulas o letras “chiquitas” que desplace en automático a las manufacturas de calidad mexicanas, cuando se establezca cualquier contrato, licitación, asignación, obra o proyectos de infraestructura (ductos, plataformas petroleras, etc.) con particulares nacionales o extranjeros; ya que “de así hacerlo o dejar lo ya logrado en un ‘cause pasivo o lento’ estarían provocando un incremento en el desempleo de la mano de obra nacional con las consecuencias sociales inherentes”.
Así también –agrego-, “en las regulaciones y leyes secundarias se debe ser transparente y establecer con ‘letras grandes’, la aplicación, sin miramientos, de las leyes contra el abuso y corrupción, que se llegaran a detectar en cualquier proceso de adjudicación de suministros de insumos, maquinaría, equipos y servicios a ser utilizados en las obras de infraestructura destinadas dentro del sector energético”.
Explicó que el temor de los agremiados de Canacintra se basa en que a la fecha muchas de las constructoras privadas y entidades paraestatales, cuando ganan o ejecutan una licitación en el país, subcontratan, arriendan o rentan productos y servicios de origen extranjero y no de lo que produce el país, argumentando que no encuentran calidad o precios accesibles en México.
“En nuestro país sí hay productos fabricados localmente de calidad y lo que sucede es que algunas constructoras o entidades paraestatales ya tienen sistemas establecidos para evadir a los productos de calidad hechos en México, a través de empresas instaladas en el país, que importan productos del extranjero, sin la evaluación de lo fabricado en México y luego estos productos, equipos o maquinaria se las rentan a las constructoras o entidades que fueron favorecidas con la licitación u obra. Lo que sí genera este mecanismo, es una gran fuga de divisas importante y un crecimiento en el desempleo nacional”.
Señaló que en el nuevo esquema energético que se aplicará se debe considerar que actualmente México integra -vía sus productos- entre un 32 y 40 por ciento de materias primas y componentes de origen nacional, cuando a principios del año 1995 éste era del 58 por ciento. “Esto significa que México importa entre 60 y 65 centavos de dólar en partes, materia prima y componentes por cada dólar que exporta vía sus productos”.
Adicional a lo anterior, dijo, el artículo Décimo Primero transitorio de la reforma de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo 2009, ordena a la Secretaría de Economía a que las empresas fabricantes alcancen un 65 por ciento de contenido nacional cuando participen en licitaciones nacionales.
“Por este antecedente, debe entenderse que no está en manos de un fabricante nacional de un bien final aumentar su contenido nacional de la noche a la mañana, cuando a la fecha ya adquiere o se abastece de todas aquellas materias primas, partes y componentes de las que existe fabricación nacional. En definitiva, la realidad histórica y en ausencia de una verdadera política de desarrollo industrial Integral, el gobierno federal ha heredado un desmantelamiento de la plantilla mexicana durante la última década, y con mucho mayor intensidad durante los últimos 5 años, promoviendo la importación de materias primas, insumos o componentes; en lugar de promover la fabricación nacional, tal y como, se estableció en la política de desgravación gubernamental unilateral y generalizada que se publicó en el DOF, en diciembre 24 de 2008”.
De esta manera, explicó, “una Pyme mexicana al no poder cumplir con el requisito del 65 porciento -“aunque sí podrían cumplir con el 50 por ciento”-, quedarán imposibilitadas de participar en las licitaciones nacionales de adquisición de bienes necesarios en las obras que se generen por la aprobación de esta reforma energética; y por ello, las licitaciones serán forzosamente internacionales; lo cual favorece enormemente el suministro de productos importados procedentes de países con los que no existe Tratado de Libre Comercio alguno”.
En ese sentido, dijo, como petición de los industriales es “que el contenido nacional exigible sea no mayor al 50 por ciento, en lugar del 65 por ciento y esto debe plasmarse en la Ley de Adquisiciones mencionada”.
En resumen, la Reforma Energética –señaló el líder empresarial- debe llevar a dicho sector a conformarse como una verdadera palanca de desarrollo para mejorar la economía del país, para emplear y elevar el grado de desarrollo de la ingeniería mexicana, para generar nuevos empleos formales y mejor pagados a los mexicanos, para abastecer combustibles a bajos precios y competitivos tanto a la población como a las empresas nacionales, para reducir el grado de pobreza de los trabajadores nacionales, para elevar el grado de competitividad de las empresas mexicanas y para hacerse llegar nuevas tecnologías del ramo; ya que, bien llevada y con certeza jurídica, debe atraer más y mejores capitales de inversión productiva en infraestructura, dinamizar el mercado interno y potenciar el crecimiento del sector exportador.
Ante la reforma las expectativas de Canacintra son que se fomente, procure e incentive a las industrias de la transformación mexicanas, proveedoras actuales del sector energético, a nuevas empresas que desean vender al gobierno, a los trabajadores nacionales y a toda la población de México.
Explicó que los cambios que se den en el sector energético repercuten en todas las empresas mexicanas, pues utilizan la energía eléctrica como insumo básico y cerca del 60 por ciento de ellos también utiliza el gas en diferentes versiones en sus procesos de fabricación y por ello conforman parte importante de sus costos de manufactura.
Romero Chaparro consideró que es necesario que ya no sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la que fije las tarifas eléctricas para las empresas que reciban dicho energético desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que con base en “Los bajos costos de esta tarifa”, ofrecidos dentro de la reforma energética, sea una comisión técnica y reguladora a nivel nacional responsable de establecer los precios “justos” con base en la oferta y la demanda y a nivel internacional. “Esta Comisión reguladora de precios de tarifa eléctrica nacional deberá ser conformada en su momento, definida y conceptuada dentro de las Leyes secundarias de dicha reforma”.
Finalmente enumeró los aspectos que deben considerar las autoridades mexicanas con la aplicación de la Reforma Energética:
1.- La erradicación de los actos ilegales e irregulares que se cometan dentro de la aplicación de esta reforma energética; para que con ello, sus resultados sean verdaderamente favorables a las empresas y ciudadanos nacionales y a la nación entera.
2.- Respetar y proporcionar certeza jurídica a las empresas productivas inmersas en la nueva configuración de contratos, concesiones, licencias o cualquier otro esquema de operación dentro del nuevo esquema de negocios en materia energética.
3. No olvidar que existen otras fuentes de energía que deberían de ser promovidas y apoyadas por el gobierno.
