El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto presentó el pasado 30 de abril, último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el paquete de iniciativas de legislación secundaria en materia energética, el cual fue turnado al Senado de la República.
Este paquete que consta de 21 leyes, 8 nuevas y 13 que tendrán que mordicarse, es una pieza clave para conocer cuál será el verdadero rumbo que tomará México en relación a la apertura de esta industria.
Debido a la premura con la que fue presentada la propuesta de legislación secundaria, lo que generó una serie de interrogantes y algunas críticas por haberse violado de cierta manera la Ley, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna, convocó a un periodo extraordinario de sesiones para el mes de junio, para debatir y aprobar finalmente estas iniciativas.
Algunos legisladores aseguran que este paquete será aprobado casi sin ningún cambio con respecto a la iniciativa que presentó el gobierno de la República, no obstante ya hay esferas de la sociedad, como la empresarial que creen que existen temas que deben tener un análisis más profundo para ser corregidos, como es la parte eléctrica y la de hidrocarburos.
Con el fin de enriquecer esta propuesta se consultará a todos los actores involucrados por esta reforma, incluidos expertos, académicos y del sector privado para buscar el mejor modelo que dé seguridad energética, precios más baratos, combate a la corrupción, mayor inversión y empleo, productividad y competitividad nacional.
Se prevé que con los cambios que se presentaron se dará la apertura total de este sector para permitir la entrada a otros jugadores, además la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se convertirán en empresas productivas del Estado, con autonomía presupuestal y de gestión.
Pese al interés de la iniciativa privada tanto nacional como extranjera de entrar a las actividades petroleras y de electricidad del país aún los cabos siguen sueltos, ya que hasta que se pongan las cartas sobre la mesa vendrá la certeza jurídica que estos actores necesitan para comenzar inyectar capital en territorio mexicano.
Por ello, el Congreso deberá ser cuidadoso antes de precipitarse y aprobar el paquete de legislación secundaria, sobre todo en la parte del contenido nacional. El esquema propuesto por el Ejecutivo considera un porcentaje promedio de hasta 25% de los contratos para empresas nacionales.
El sector privado mexicano señala que es indispensable que haya mayor flexibilidad en la ley, para que en el contenido nacional trascienda el ámbito de la proveeduría, para abarcar el universo total de asignaciones y contratos, desde la exploración y la producción, hasta la petroquímica, primaria y secundaria.
Con respecto a la interrogativa sobre cuándo bajarán los precios del gas natural y la electricidad, el poder Ejecutivo aseguró que será a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor de la legislación secundaria, algo necesario para que la industria nacional siga siendo competitiva en relación a otras como la estadounidense, de lo contrario se suscitará un problema en las cadenas de valor.
Ahora bien, mientras el panorama se esclarece, las empresas se preparan para integrarse a este sector de una manera más atractiva, como lo es la filial de Petróleos Mexicanos, Pemex Comercio Internacional (PMI), la cual se preparara para impulsar nuevos proyectos con costos eficientes y de alta calidad, como son los servicios marinos.
Esto porqué al existir un mayor número de competidores, este brazo comercializador deberá ofrecer servicios con un valor agregado sí quiere seguir manteniendo su actual postura en los mercados internacionales.
