Luego de 50 días de retraso, el pasado 10 de junio el Senado por fin inició la discusión de las leyes secundarias de la Reforma Energética, declarada constitucional el 18 de diciembre de 2013.
Después de que los legisladores ajustaran horarios, lograron aprobar casi la mitad de los acuerdos de esta Reforma: la Ley de Hidrocarburos y las reformas a las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas; La Ley de Hidrocarburos que establece los mecanismos con los que el Estado podrá explorar y extraer hidrocarburos del subsuelo, la distribución del gas natural al público y el reglamento de contratos para exploración y extracción de pemex y particulares.
Asimismo se avaló el segundo dictamen sobre la Ley de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica, así como las reformas a la Ley de Aguas Nacionales; La Ley de la Industria Eléctrica, que sostiene que debe regularse la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y la distribución de energía eléctrica y La Ley de Energía Geotérmica.
Además se dictaminó que el Centro Nacional de Control de Energía, organismo descentralizado de la Secretaría de Energía (Sener), será el encargado de promover el desarrollo sustentable del sector y de establecer convenios con organismos responsables de sistemas eléctricos en el extranjero.
Se espera que después de un receso y luego de aprobarse la Ley de Telecomunicaciones, se intensifique la discusión y análisis de las leyes secundarias en materia energética por parte de los legisladores para que finalmente sean aprobados los dictámenes que restan.
Una vez que esto suceda, el sector energético podría tener un ritmo de crecimiento más dinámico, lo que implica dejar la calma que hasta
ahora se ha observado en relación con las inversiones y la generación de empleos, ya que al no tener claras las reglas del juego, las empresas han decidido esperar en la banca antes de aventarse a la cancha y comenzar a invertir en nuevos proyectos al igual que el gobierno.
El Estado pretende alcanzar con la aplicación de la reforma energética una producción de alrededor de tres millones de barriles
hacia 2018, al final de la actual administración. Mientras que en materia laboral, ha dicho que esta iniciativa tiene un potencial para
crear medio millón de empleos directos y más de un millón y medio de empleos indirectos.
Aunque haya un retraso en la aprobación de esta iniciativa y la inyección de capital aún no es clara, algunas instituciones financieras aseguran que sigue existiendo una clara confianza de los inversionistas por estar presentes en el país y por ser parte del desarrollo que anticipa la reforma energética, aunque esperan que haya efectos en el corto plazo, saben que los mayores beneficios vendrán después de 2016.
Especialistas sostienen que para que exista una verdadera transformación en la industria energética, deberá existir un marco altamente
transparente y un combate frontal hacia todas las prácticas de corrupción que por años han prevalecido en el sector.
Esto implica brindar un piso parejo en cuanto a los competidores que se sumen a esta actividad. En este sentido, diversos organis-
mos empresariales enfatizan que la legislación secundaria debe garantizar un contenido nacional adecuado que permita promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales.
Creen también que no es conveniente la predefinición general de un porcentaje de contenido nacional, ya que debería determinarse
cada proyecto en función a su complejidad y a la posibilidad real de acceder o desarrollar proveedores nacionales.
