La absorción o eliminación de organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) forma parte de un paquete de siete instituciones que podrían desaparecer. Con ello, se eliminan gastos y burocracia, pero se incurrirá en el autocontrol, autocomplacencia y falta de transparencia, porque tratan temas que requieren neutralidad y autonomía.
La iniciativa del gobierno federal que plantea desaparecer órganos autónomos -aprobada el 23 de agosto en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados- representa una oportunidad de solución a problemas, pero constituye también un retroceso y riesgos que no deben pasar desapercibidos.
La absorción o eliminación de organismos como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) forma parte de un paquete de siete instituciones que podrían desaparecer. Con ello, se eliminan gastos y burocracia, pero se incurrirá en el autocontrol, autocomplacencia y falta de transparencia, porque tratan temas que requieren neutralidad y autonomía.
La CRE y la CNH que podrían ser absorbidas con la Secretaría de Energía (SENER) regulan y supervisan la industria energética y han desempeñado un papel crucial en el desarrollo del sector, así que su eliminación ha generado, como en la mayoría de las iniciativas constitucionales que impulsa el ejecutivo, un acalorado debate.
La CRE es responsable de regular los mercados de electricidad, gas natural y otros hidrocarburos, su existencia es clave para asegurar una competencia justa, mientras que CNH supervisa la exploración y producción de petróleo y gas, gestionando licitaciones y contratos para maximizar los beneficios de los recursos energéticos del país.
El gobierno busca integrar a estos órganos dentro de la Sener, argumentando que esta centralización mejorará la coordinación y reducirá costos. Según las autoridades, este cambio permitirá una gestión más eficiente y alineada con las políticas energéticas nacionales.
La coordinación centralizada permitiría la toma de decisiones más rápidas y coherentes con la estrategia energética del gobierno, eliminando la duplicidad de funciones y mejorando la ejecución de políticas, considera.
Petróleos Mexicanos, que se auto regulaba hasta que crearon la CNH, podría consolidar su posición en el mercado y competir de manera más efectiva. Y sin la Comisión Federal de Competencia Económica que también está en riesgo de desaparecer, la dominancia en el mercado con tintes de monopolio estaría asegurada para la CFE y Pemex.
A esas consideradas virtudes de la reforma, le contrapone la pérdida de independencia regulatoria ya que las decisiones tendrían un sesgo gubernamental, comprometiendo la imparcialidad; se limitaría la competencia, afectando aún más el desarrollo de energías renovables y reduciendo las opciones para los consumidores.
Como otras medidas, dicha iniciativa desalentaría la inversión privada nacional y extranjera. debido a la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas actuales y la transparencia en la gestión de contratos.
Sin embargo, no se debe pasar por alto que la CRE otorgó permisos de manera masiva que derivó en un crecimiento desordenado del sector petrolífero y empresas entraron al mercado con proyectos que no siempre cumplían con los estándares necesarios o que carecían de la infraestructura adecuada.
Este descontrol generó riesgos importantes para la estabilidad del mercado energético y, en algunos casos, para la seguridad y calidad de combustibles. De hecho, el otorgamiento masivo de permisos sin una supervisión rigurosa es uno de los argumentos utilizados por el gobierno para justificar la reforma.
Para asegurar que el sector energético siga funcionando de manera eficiente tras la desaparición de estos órganos autónomos, el gobierno ha propuesto crear comités formados por expertos para mantener cierto grado de independencia técnica y asegurar que las decisiones se basen en criterios objetivos.
Pero del dicho al hecho… Tenemos leyes, normas y reglamentos, en mucho papel. Falta transparencia, legalidad y estado de derecho, pero estas iniciativas poco abonan en esas necesidades para el desarrollo sostenible del sector energético.
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