Empresarios y expertos del sector energético alzaron la voz en la Cámara de Diputados, en contra de la reforma eléctrica que dará prioridad a las empresas públicas, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya advirtió que no modificará la iniciativa.
Una treintena de analistas fueron invitados por la cámara baja en una sesión conocida como «parlamento abierto», para que opinaran ante los diputados sobre la reforma exprés de la Ley de Industria Eléctrica, enviada por López Obrador la semana pasada al Congreso.
Preocupados por contratos y renovables
«Creemos en el sector privado que no hacen falta cambios regulatorios de la magnitud que se están proponiendo», expresó en su turno Roger González Lau, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El representante de la patronal expresó que «es vital respetar los contratos ya adquiridos» y advirtió que la reforma «infringe el marco legal y constitucional», así como tratados internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El presidente de la asociación Clúster Energético de Nuevo León, César Cadena, criticó que la iniciativa favorece un «monopolio público eléctrico» que no garantiza la «reducción de las tarifas», además de generar «mayores costos ambientales y un retraso indefinido hacia la transición energética».
Mientras que Guillermo García Alcocer, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que los esfuerzos del sector público son «insuficientes» para generar la electricidad necesaria para abastecer al país en 2032, por lo que se requiere mayor «inversión privada».
El sector público se defiende
También invitado a la sesión, el director general de CFEnergía y CFEInternacional, Miguel Santiago Reyes, salió en férrea defensa de la iniciativa de López Obrador y arremetió contra la reforma del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a la iniciativa privada.
«La reforma energética de la que tanto se ufanan los neoliberales incrementó las tarifas eléctricas en un 35 por ciento», aseguró Reyes, quien consideró que actualmente la CFE sufre «competencia desleal».
Y es que, según dijo, la reforma del Gobierno anterior obliga a la empresa pública a subsidiar las tarifas de energías renovables de empresas privadas, lo que le ha costado 249 mil 606 millones de pesos en los últimos tres años.
Además, aseguró que «la CFE contribuye con el doble de energía limpia que los participantes privados», pero los certificados de energía limpia solo contemplan la solar y la eólica, excluyendo la hidroeléctrica, geotérmica y nuclear que genera la empresa pública.
«Requerimos un piso parejo con los participantes privados. No se pretende regresar a una situación de una empresa única, sino condiciones parejas en cuanto a la competencia», argumentó el directivo.
Mucho más contundente, el director de Finanzas de la CFE, Edmundo Sánchez, acusó la reforma de Peña Nieto de hacer «infinitamente ricos a un grupo de gángsters» y señaló directamente a la compañía Iberdrola de ganar licitaciones fraudulentamente fingiendo competencia mediante «plantas fantasma».
Aunque un informe interno de la Cámara de Diputados advirtió que 105 proyectos de energía solar y eólica, con una inversión de 451 mil millones de pesos están en riesgo con esta iniciativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya expresó un apoyo sin fisuras al proyecto.
