La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará esta semana un proyecto de sentencia que negaría el amparo promovido por Perforadora Oro Negro –cuyos directivos están prófugos de la justicia– en contra de la decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de cancelar la renta de cuatro plataformas marítimas.
En su propuesta de fallo, la ministra Margarita Ríos Farjat sostiene que, como empresa productiva del Estado, Pemex no rige todo su actuar conforme la legislación civil y mercantil.
Perforadora Oro Negro fue creada en 2012 por Gonzalo Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y José Antonio Cañedo White, sobrino de Guillermo Cañedo, quien fuera accionista de Televisa.
Desde entonces recibió contratos por más de 18 mil millones de dólares durante los años en los que la empresa estatal estuvo dirigida por Emilio Lozoya Austin.
Sin embargo, la caída de los precios internacionales del crudo obligó a la petrolera a renegociar, en abril de 2017, los contratos de arrendamiento de las plataformas Primus, Laurus, Fortius y Decus, propiedad de Oro Negro, a lo que la empresa se negó y demandó por incumplimiento.
En tanto, todo el consorcio Oro Negro, integrado por más de una docena de empresas, entre ellas la perforadora, se declaró en quiebra, de la cual responsabilizaron a Pemex por la decisión de modificar sus contratos.
Investigaciones judiciales revelaron los malos manejos de Gil White y Cañedo White, sobre quienes aún pesa una ficha roja para su localización y captura girada por Interpol.
Mientras, el juicio por incumplimiento de contrato fue ganado por la perforadora, en primera instancia, lo que hubiera obligado a Pemex a indemnizarla hasta por mil millones de dólares, además de cumplir los contratos en sus términos originales. La sentencia fue revertida por el decimocuarto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, ante lo cual la empresa llevó el asunto hasta la SCJN.
En su proyecto de sentencia, la ministra propone dar la razón a Pemex en su carácter de empresa productiva del Estado, responsable de administrar un bien propiedad de la nación.
“Petróleos Mexicanos, así como sus subsidiarias, pueden realizar contratos administrativos, laborales, civiles o mercantiles, de manera que debe analizarse caso por caso, las características del acuerdo de voluntades en específico.”
