La iniciativa de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador parece una bomba de tiempo que podría estallar en cualquier momento en detrimento de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.
Los reclamos y señalamientos de empresarios y legisladores estadunidenses se hicieron públicos en los últimos días. Justo cuando en México inició el Parlamento Abierto en el que se discuten los pros y contras de la contrarreforma energética.
En esa coyuntura, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, visitó México, específicamente, para abordar el tema con el presidente de México y los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Energía, Rocío Nahle.
Aunque el jefe del Ejecutivo y sus secretarios de estado, aseguraron que a Estados Unidos no le preocupa la reforma eléctrica, tras la reunión que tuvieron con Granholm, todo indica que es exactamente lo contrario. Al día siguiente de su visita, se difundió una declaración muy directa y contundente de Granholm.
Advirtió sobre los impactos negativos que implicaría la reforma eléctrica mexicana y enfatizó que en todas sus reuniones con representantes del gobierno mexicano expuso las preocupaciones en torno a la iniciativa.
Adicionalmente, horas después, se hizo pública la respuesta que dieron la propia secretaria de Energía, la de Comercio, Gina Raimondo y la representante comercial Katherine Tai, al legislador Buddy Carter.
Textualmente dicen: compartimos sus preocupaciones con respecto a las reformas constitucionales propuestas por México y las acciones recientes que afectan a las empresas e inversionistas estadunidenses en el sector energético.
En días previos Kevin Brady, miembro de rango del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dirigió una carta a Katherine Tai, representante Comercial de ese país, en la que exigió a la funcionaria hacer respetar los términos del T-MEC.
Brady pidió a Jayme White, subrepresentante Comercial del gobierno de Estados Unidos, que en las reuniones viceministeriales y bilaterales –que se llevaron a cabo en días pasados– con sus contrapartes de México y Canadá, hiciera respetar los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Brady destacó que el gobierno de México ha cancelado 1,866 permisos de importación y exportación de combustibles al sector privado, lo que ha bloqueado los esfuerzos de las empresas norteamericanas de “expandir una red de distribución” en el mercado mexicano.
Refirió que la Secretaría de Energía (Sener) de México, eliminó en diciembre de 2020 los permisos de importación y exportación de hidrocarburos de 20 años, para reemplazarlos por otros de uno a cinco años.
Otra carta que recibió la Oficina de Representación Comercial de EU (USTR) fue la firmada por Ron Wyden, presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, y Mike Crapo, integrante del mismo comité, en la que acusaron que la política energética de México va en contra del T-MEC.
Por otra parte, el JP Morgan advirtió en un análisis que la aprobación de la contrarreforma energética pone en riesgo la economía mexicana pues podría provocar la reducción en las calificaciones de Moody´s y Standard and Poor´s.
Falta ver cómo se resuelve en México y si el gobierno logra los votos necesarios para que se apruebe la Reforma Eléctrica, pero en caso de que se apruebe, los presagios son muy negativos. Al tiempo.
Atisbos
Banco del Bienestar, encabezado por Víctor Lamoyi, rescindió el Contrato Multianual de Servicios Administrativos de Procesamiento de Operaciones y Transacciones Bancarias, por 18,313 millones de pesos (formalizado en octubre del año pasado) en adjudicación directa. Diana Álvarez, la ex titular de la institución, adjudicó el contrato a la empresa Bahud Processing México, filial de la firma panameña Global Recash.
