Especialistas del sector energético expusieron sus argumentos a favor y en contra de la iniciativa de reforma, en el foro que se desarrolla en la Cámara de Diputados.
Especialistas del sector energético debatieron sobre la necesidad de aprobar la iniciativa de reforma eléctrica para que el Estado recupere su rectoría en el sector.
Al participar en el foro “El Estado como garante de la soberanía y del Sistema Eléctrico Nacional” organizado por la Cámara de Diputados, Paolo Salerno, managing partner de Salerno y Asociados, señaló que no es necesaria una reforma constitucional para que el Estado sea rector del sector eléctrico.
“Actualmente, la planeación del sector está a cargo de la Secretaría de Energía, la regulación bajo la responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la operación del mercado recae en el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), mientras que la Comisión Federal de Electricidad atiende el Suministro Básico a los ciudadanos”, detalló.
El especialista consideró que, al tener todo este poder dividido en el Gobierno y organismos autónomos, existen menos posibilidades de generar una distorsión en el mercado donde se puedan subir las tarifas eléctricas de manera autoritaria.
“La reforma constitucional no es necesaria hoy en día, pero eso no significa que no tengamos que mejorar la legislación, como la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en cualquier mercado eléctrico en el mundo cada cinco o siete años se realizan acciones para mejorar la regulación”, indicó.
Sin embargo, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, analista del sector quien labora en la CRE, puntualizó que sí es necesaria la reforma constitucional, ya que en ella se propone que la CFE deje de ser una empresa productiva del Estado y pase a ser un organismo del Estado.
“Su objetivo será potenciar el desarrollo nacional, elevar el nivel de vida de las personas y garantizar el abasto y acceso a energía eléctrica confiable, segura y asequible”, dijo.
Denunció que la reforma de Peña Nieto instaló un régimen de competencia en la generación eléctrica que fragmentó al sector.
“Es necesario que el Estado retome funciones que perdió en la reforma de 2013 para garantizar el precio, seguridad y confiabilidad”, subrayó.
Por otra parte, Luis Manuel Hernández, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, manifestó que con la iniciativa de reforma eléctrica el sector industrial podría dejar de crecer.
“Nosotros generamos 3 millones de empleos, aportamos el 18 por ciento de los empleos registrados ante el IMSS, somos 10 veces más grandes que Pemex y generamos nueve veces más que las remesas, (y con la reforma) vemos la factibilidad de dejar de crecer”, apuntó.
Resaltó que es necesario contar con constitucionalidad a largo plazo que otorgue certeza a la inversión, ya que actualmente, aunque el Gobierno se encargue de promover la inversión, los estados no están pudiendo recibir esos montos de inversión, debido a la incertidumbre.
Julia González, especialista energética, añadió que, de acuerdo con estimaciones empresariales, México tendría que pagar 70 mil millones de dólares para compensar a inversionistas que no pudieron desarrollar los proyectos en el país.
“Este monto representa el 20.3 por ciento del gasto previsto en el presupuesto de egresos de 2022, y este dinero va a salir de nuestros impuestos y podría estar mucho mejor invertido en otro lugar”, advirtió.
Por su lado, la académica Guadalupe Correa denunció que existen cabilderos o ‘lobistas’ que están empeñados en ofrecer argumentos en contra de la reforma energética del presidente López Obrador, a pesar de que podrían tener conflictos de interés, ya que trabajaron en el sector público en administraciones pasadas.
