El Gobierno Federal dio a conocer los detalles sobre el nuevo esquema bajo el cual operará el sistema eléctrico nacional, de aprobarse la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A través de la modificación de los artículos 25, 27 y 28 Constitucional, se busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pase de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado.
El nuevo esquema establece que la Comisión generará un mínimo del 54 por ciento de la electricidad a nivel nacional y las empresas privadas el 46 por ciento restante.
“Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación”, enuncia un documento publicado por el Gobierno Federal.
Durante las administraciones federales anteriores a la CFE se le impuso un esquema llamado contrato legado, “que son acuerdos impuestos entre dos de sus subsidiarias para que se compren electricidad entre ellas a precios generalmente altos que impactan en las finanzas de la empresa del Estado. La reforma eléctrica propone eliminar dichos contratos legados y un cambio en el despacho de electricidad”, explica el documento.
El esquema de despacho propuesto por la reforma reordenaría las prioridades de generación de energía de la siguiente manera:
- Hidroeléctrica;
- Nuclear;
- Geotermia;
- Gas CFE;
- Térmica CFE;
- Eólica;
- Solar;
- Gas Privados; y,
- Carbón.
La propuesta para un nuevo esquema contempla que el estado quede a cargo de la transición energética y que utilice de manera sustentable todas las fuentes de energía de la Nación, “con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero”. Paralelamente, establecerá políticas públicas científicas, tecnológicas e industriales; impulsará el financiamiento y la planeación energética sustentable.
El documento afirma que, actualmente, la Comisión Federal de Electricidad “sostiene a los privados”, ya que tiene 191 Centrales de Generación, pero solo operan al 55% promedio de capacidad, 69 son energías limpias: hidráulicas, geotérmicas, nuclear, eólica y solar.
En contraparte en 2020 la CFE tuvo que comprar 90 TWh en el mercado eléctrico por 223 mil millones de pesos. Y por tener el 45% de sus plantas subutilizadas no generó 215 mil millones de pesos.
“En una oferta manipulada el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) despacha primero a quien oferte más barato (por lo general siempre lo hacen los privados, rotándose en grupos para mantener su prioridad) sin embargo al final del día a todos se les paga por igual el precio más alto, haciendo esto un mercado perverso”, afirma el Gobierno Federal.
Con respecto a las sociedades de autoabasto, se expone que en 2013 se extendieron los permisos de autoabasto para que grandes fábricas produzcan su electricidad, “sin embargo, esto decayó en una práctica ilegal, creando un mercado paralelo donde simularon estos permisionarios tener socios (socios de un dólar) y empezaron a vender electricidad, utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal”, por este motivo plantea cancelar este tipo de contratos.
“Esta actividad es ilegal. Hasta hoy hay registradas 239 centrales de autoabasto y de ellas hay 77,767 mil consumidores, estas centrales no cuentan con el permiso autorizado de suministro básico”, enuncia el documento, y cita como ejemplo a empresas como Cemex, Bimbo, Alsea, Kimberly-Clark, Oxxo, Walmart y FEMSA.
También se plantea cancelar los Certificados de Energías Limpias (CEL), los cuales son entregados por cada MW producido por energía eólica o solar a los productores privados y se obliga a la CFE que compre estos certificados, ya que es la única empresa que vende electricidad al público.
“Actualmente la CFE ha pagado más de 6 mil millones de pesos de estos CEL a 335 centrales privadas, al finalizar el contrato se habrá subsidiado el 50% de la inversión inicial en estas plantas”, expone el documento.
El Gobierno Federal afirma que, bajo el nuevo esquema, la CFE se encargará de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales (35% al 2024) “asimismo, impulsará la generación distribuida en hogares, escuelas, edificios, pozos de riego, núcleos rurales, entre otros, a través de la utilización sustentable de todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, donde se beneficiará directamente al usuario para el apoyo de la economía familiar”.
Finalmente, quedará establecido que el litio es propiedad de la nación, además de que no se otorgarán concesiones y que las funciones que el Estado ejerza para este mineral estratégico, no constituirán un monopolio.
“Vamos a ir caminando a la transición energética de la mano con los programas de protección al medio ambiente, de acuerdo con la innovación tecnológica mundial. Hoy todo el mundo camina hacia allá, al paso que la tecnología avanza”, concluye.
