Estados Unidos inició el proceso para levantar un panel de solución de controversias contra México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando políticas discriminatorias a favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según informó a través de un comunicado este martes, la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) solicitó ya las consultas, un primer paso que, de no conseguirse un arreglo, daría paso a la conformación del panel.
La Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció que las consultas se relacionan con ciertas medidas de México que perjudican a las empresas estadounidenses y a la energía producida en Estados Unidos en favor de la CFE y Pemex.
“Hemos expresado repetidamente serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México y su consistencia con los compromisos de México bajo el T-MEC”, dijo Tai.
Las acciones de México incluyen, pero no se limitan a, las enmiendas a la ley de electricidad de México que darían prioridad a la distribución de la energía generada por la CFE sobre las fuentes de energía más limpias proporcionadas por los proveedores del sector privado, como la eólica y la solar.
También incluyen los retrasos, las denegaciones y las revocaciones de México de la capacidad de las empresas estadounidenses para operar en el sector energético de México, incluso con respecto a los proyectos de energía renovable.
“Estos cambios en las políticas impactan los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y confiable”, dijo Tai.
Según ella, la USTR ha tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, “lamentablemente”, las empresas estadounidenses siguen enfrentando un “trato injusto” en México.
“Trataremos de trabajar con el gobierno mexicano a través de estas consultas para resolver estas preocupaciones para avanzar en la competitividad de América del Norte”, agregó Tai.
También la USTR argumentó que las políticas de México han cortado en gran medida la inversión estadounidense y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país, incluyendo medidas significativas para revertir las reformas que México hizo previamente para cumplir con sus objetivos climáticos bajo el Acuerdo de París.
La USTR evalúa que los cambios políticos de México amenazan con expulsar la innovación del sector privado del mercado energético mexicano.
“Para alcanzar nuestros objetivos económicos y de desarrollo regionales compartidos y los objetivos climáticos, las cadenas de suministro actuales y futuras necesitan energía limpia, fiable y asequible”, amplió el comunicado de la agencia.
Específicamente, los Estados Unidos están desafiando una enmienda de 2021 a la Ley de la Industria de la Energía Eléctrica de México que prioriza la electricidad producida por la CFE sobre la electricidad generada por todos los competidores privados.
Asimismo, cuestiona la inacción, los retrasos, las negaciones y las revocaciones de México de las capacidades de las empresas privadas para operar en el sector energético de México; una regulación de diciembre de 2019 que otorga solo a Pemex una extensión para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre bajo la norma de combustible diésel automotriz aplicable en México; y una acción de junio de 2022 que favorece a Pemex, CFE y sus productos en el uso de la red de transporte de gas natural de México.
Concluyó que estas medidas parecen ser inconsistentes con varias de las obligaciones de México en el T-MEC, incluyendo los capítulos de acceso al mercado, inversión y empresas estatales.
roberto.morales@eleconomista.com.mx
