El expresidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, dio a conocer su postura frente a la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el pasado miércoles 11 de noviembre, por presuntos conflictos de interés.
En un comunicado, la SFP anunció la inhabilitación del funcionario por 10 años, debido a que “determinó que el extitular de la CRE favoreció permisos en beneficio de una empresa relacionada con un familiar”. El texto señala que la sanción “es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo”.
Por tal motivo, García Alcocer se pronunció la tarde de ayer y aseguró que la decisión de la SFP es injusta, ya que sus acciones fueron con apego a la ley. De igual forma, acusa a la dependencia de hacer pública la investigación antes de iniciar, lo que vulnera el proceso. Asimismo, el exfuncionario recalcó que, desde un inicio, mostró elementos probatorios de su inocencia.
Por otra parte, ofrece una explicación sobre las personas relacionadas en lo familiar, en donde detalla que la información sobre la inclusión de “un familiar en cuarto grado” en un “grupo de empresas a nivel nacional e internacional” fue pública desde que inició su cargo en la Comisión
De la misma forma, reitera que sus acciones fueron legales, pues la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética señala que solo se pueden dar conflictos de interés con “familiares en segundo grado”.
Finalmente, Guillermo García Alcocer asegura que impugnará la sanción dentro de los plazos legales correspondientes, no por el interés de “acceder a un puesto en el Gobierno Federal”, sino para cuidar su nombre.
