En el XII Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía, se recordó que se importa el 70% del consumo nacional de gas natural, un volumen de más de 8,700 millones de pies cúbicos diarios.
La relocalización de inversiones en México (nearshoring) no será factible sin una política integral para explotar el gas natural nacional, que requiere de un régimen fiscal de incentivos, tanto para privados como de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguraron expertos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En el XII Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía que se celebró ayer miércoles en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, el comisionado de la CNH Héctor Moreira, recordó que se importa el 70% del consumo nacional de gas natural el día de hoy, un volumen de más de 8,700 millones de pies cúbicos diarios. Pero del país del norte se importa sólo el metano como componente de la mezcla gaseosa que se extrae de los yacimientos y es suficiente para las necesidades energéticas como generación de electricidad en ciclos combinados y procesos industriales, pero no se compra el resto de los compuestos asociados en los yacimientos. Por ejemplo, no se compra pentano, butano y etano, que se usan como precursores petroquímicos para la fabricación de plásticos.
«Aquí tenemos todo ese gas, son los mismos yacimientos abundantes compartidos con Estados Unidos. Tenemos también mano de obra calificada, pero un marco de costos que no hace rentable la explotación del gas natural», aseguró.
Por lo tanto, las propuestas que sean necesarias para mejorar el régimen fiscal en que se realiza la explotación de gas será bienvenido, por el sector público y el privado, en rondas de licitación o asignaciones directas a la empresa del Estado, pidió rumbo al cambio presidencial en 2024. A su vez, el presidente de la Comisión de Energía del CCE, Régulo Salinas, explicó que una de las vías para activar la industria de extracción de gas natural es reanudar las rondas petroleras con tasas competitivas de utilidad compartida con el Estado.
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