Sin análisis previos sobre su costo de operación o impacto financiero se echó a andar Gas Bienestar, de acuerdo con lo informado por al menos tres áreas de Petróleos Mexicanos (Pemex); esto pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró en julio pasado que se estaban elaborando dichos cálculos.
Anunciada como una política para frenar el avance que ha tenido el costo del gas licuado de petróleo (LP), y más tarde ubicada en apenas un par de alcaldías de la Ciudad de México para enfrentar el control del mercado local por un puñado de empresas, Gas Bienestar no ha logrado frenar el incremento generalizado de este insumo en el país, porque su dimensión es mínima frente a la escalada mundial en el costo de los energéticos.
En julio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de Gas Bienestar, con el objetivo de vender a costos bajos a la “gente pobre en las colonias”. De arranque se planteó su operación en las alcaldías Iztapalapa y Azcapotzalco. Antes de que terminara ese mes, la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, comentó que aún no se tenía un costo de cuánto podría requerir la nueva empresa.
“Pemex está trabajando en el análisis de la estructura de la empresa, la determinación de los costos y la idea. Como el mismo señor presidente lo dijo, el objetivo es que esta empresa cobre lo necesario para financiar la producción, la operación y la distribución, de tal manera que la venta sea a un precio bajo para ayudar a la competencia en este sector”, declaró la funcionaria de Hacienda en conferencia de prensa con motivo del reporte de finanzas públicas del segundo trimestre de 2021.
Sin embargo, de acuerdo con lo respondido por la empresa productiva a una solicitud en la que se pidió saber sí se recibieron recursos del gobierno federal para echar a andar la nueva empresa, así como copia de los análisis realizados por la petrolera para determinar los costos que implicaría la operación de Gas Bienestar, tres subdirecciones respondieron no tener documentación al respecto. Hacienda también respondió no tener conocimiento de recursos transferidos a Pemex para ese fin.
En la respuesta de la petrolera se recalcó que todas las filiales de Pemex “se organizan conforme al derecho privado del lugar de su constitución”. En el caso de Gas Bienestar “se regula por la Ley Federal de Sociedades Mercantiles y no maneja recursos públicos para llevar a cabo su administración y objeto social”.
Sin embargo, cualquier pregunta sobre los análisis realizados para determinar los recursos requeridos para operar, fue soslayada por la Subdirección de Planeación Estratégica, Análisis Regulatorio y Empresas Filiales, la Subdirección de Desarrollo de Proyectos y Nuevos Modelos de Negocio y sus gerencias, así como por la Subdirección de Programación y Coordinación Operativa y sus Gerencias, que resolvieron no tener “elementos de convicción que permitan suponer que ésta (la información requerida) deba obrar en sus archivos”.
