El huachicol, robo de combustible que ha evolucionado de un delito menor a una industria criminal sofisticada, expone las complicidades al interior del sistema político mexicano.
Lo que comenzó en los noventa como perforaciones clandestinas por trabajadores de Pemex, se transformó durante los gobiernos del PAN y el PRI en un negocio multimillonario que involucra a carteles, empresarios y políticos. Este saqueo, que cuesta miles de millones de pesos a la nación, revela cómo figuras de la oposición han lucrado sigilosamente, mientras México enfrenta una crisis de seguridad y corrupción.
Raíces del saqueo
El huachicol tuvo su origen en el robo local de combustible, pero durante los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), las tomas clandestinas se dispararon de 155 en 2000 a 14,916 en 2018, según el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México. La desregulación energética, la corrupción en aduanas y la falta de controles en Pemex crearon un entorno propicio. Bajo Enrique Peña Nieto (2012-2018), redes criminales operaron con impunidad, como lo evidencia el caso de Eduardo León Trauwitz, exfuncionario de Pemex acusado de proteger tomas clandestinas que generaron pérdidas por 25 mil millones de pesos.
Hoy, el huachicol es un negocio transnacional que mueve buques, trenes y empresas fantasma. Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., carteles como Jalisco Nueva Generación y Sinaloa usan el combustible robado para financiar operaciones, con la complicidad de empresarios y políticos mexicanos.
El escándalo de Ruffo y la oposición
El decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburos ilícitos en Coahuila, anunciado el 8 de julio de 2025 por Omar García Harfuch, ha destapado un escándalo que salpica a la oposición. La empresa Ingemar S.A. de C.V., vinculada al exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, está en el centro de las acusaciones. Ruffo, ícono del PAN por romper la hegemonía priista en 1989, es accionista mayoritario de esta compañía, señalada por falsificar documentos para importar combustible ilegal, práctica conocida como “huachicol fiscal”.
Ruffo niega las acusaciones, afirmando que Ingemar opera legalmente y colabora con la FGR. Sin embargo, las evidencias sugieren una red que habría obtenido permisos de importación durante el último año del gobierno de López Obrador, con un valor estimado de 270 millones de dólares anuales. En Baja California, el exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna también fue señalado por poseer un predio con 8 millones de litros de combustible ilícito, mostrando que el problema trasciende partidos.
Este caso fractura al PAN en Baja California, cuando buscaba unidad rumbo a 2027. Jorge Romero, líder nacional, apostaba por reconciliar a las facciones de Ruffo, José Osuna Millán y Kiko Vega, pero el escándalo reaviva divisiones. Algunos defienden a Ruffo como pilar histórico, mientras otros piden deslindarse para evitar el desprestigio. Esto evidencia cómo figuras del PAN y PRI han lucrado con el huachicol, aprovechando su influencia.
El marco legal y las sanciones
El robo de hidrocarburos está tipificado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (2016, reformada en 2018). Las penas incluyen:
7 a 15 años de prisión por sustraer combustible de ductos o instalaciones de Pemex.
4 a 7 años por transportar, almacenar o comercializar hidrocarburos ilícitos.
Hasta 20 años si se acredita delincuencia organizada, más multas de hasta 2 millones de pesos.
El “huachicol fiscal”, como el caso de Ingemar, implica contrabando y defraudación fiscal, sancionados por el Código Fiscal de la Federación con 3 a 9 años de prisión y multas del 100% del valor de la mercancía. Si hay colusión con funcionarios, se suman cargos por cohecho o tráfico de influencias (hasta 7 años).
Un llamado a la transparencia
Combatir el huachicol requiere desmantelar redes de complicidad. La presidenta Claudia Sheinbaum promete ir “hasta donde tope”, pero la opacidad sobre los detenidos y la falta de congelamiento de cuentas generan dudas. La oposición debe rendir cuentas: no basta con exigir investigaciones cuando sus filas están manchadas. Federico Döring, vocero panista, pide transparencia, pero el silencio del PAN ante las acusaciones contra Ruffo es revelador.
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