El Huachigas o Gaschicol como le llaman al robo de ése energético está creciendo en el terreno fértil de la impunidad y, además de un cuantioso golpe económico para Pemex, representa un riesgo creciente para el público que está consumiendo de este creciente mercado ilícito.
Las cifras de la Asociación Mexicana de Gas (Amexgas) son alarmantes.
Para este año que concluye ese gremio, liderado por Carlos Serrano calcula que se habrán ordeñado 75 mil toneladas de gas, su mayor nivel para un solo año.
Ese volumen de combustible tiene un valor de mercado de alrededor de ¡22 mil millones de pesos!
El creciente robo de gas, revela el dirigente, se ha traducido en pérdidas económicas por más de ¡70 mil millones de pesos!, en lo que va del sexenio lopezobradorista.
Más del 95% del robo de gas LP se concentra en los estados de Veracruz, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.
En 2022 el número de tomas clandestinas era de 7, sin embargo, datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) refieren que se han incrementado a 11 por día.
Se calcula que este año el número de tomas clandestinas tope en 3 mil 848, prevé el Instituto. En 2022 el número de tomas clandestinas era de 7, sin embargo, datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal “IGAVIM” refieren que se han incrementado a 11 por día.
Con lo que las bandas organizadas ordeñan de gas cada año, se podría dar abasto a países como Ecuador, afirma el presidente de Amexgas
El impresionante aumento del gaschicol se explica, en parte, por la campaña que emprendió el gobierno lopezobradorista en contra del robo de gasolina y diésel. La delincuencia migró del huachicol de gasolinas, al robo de gas.
Las mafias o grupos delincuenciales se han especializado. El equipo que realiza el robo de gas, cuenta con destreza y conocimiento, pues la extracción del energético requiere de mucha precisión.
Del robo, a la comercialización directa a los consumidores, se ha creado una cadena clandestina que va desde los comisionistas que distribuyen el gas LP robado en pipas, hasta las estaciones de carburación que no operan bajo el padrón de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Hay empresas ilegales que mandan a hacer sus pipas en talleres clandestinos y obviamente no cumplen con la normatividad requerida.
En consecuencia, representan un elevado riesgo para los consumidores como para los mismos distribuidores ilegales.
El creciente robo de gas también se explica por la falta de acción y coordinación entre las autoridades.
Serrano identifica omisión por parte de las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El órgano regulador debería ser mucho más estricto en sus revisiones. En el Estado de México –refiere– están en operación 370 estaciones de carburación cuando la CRE solo ha otorgado 170 permisos en esa entidad.
Esto significa que alrededor de 200 operan en la ilegalidad. Por otra parte, los comercializadores de gas doméstico tienen que enfrentar diversos problemas.
El más grave es que los grupos criminales les exigen el pago de 500 pesos como derecho de piso para poder entrar a vender en ciertas colonias.
Se requiere la presencia de la Guardia Nacional en los municipios donde se han detectado más picaduras de ductos.
El conjunto de elementos que ha llevado a la rápida expansión del robo, nacimiento y crecimiento del mercado ilícito de gas, deja ver una combinación en la que subyace la impunidad.
Ojalá que el gobierno se coordine y ponga un alto a este ilegal negocio. Veremos.
Atisbos
Luego de que el gobierno lopezobradorista anunció que regularizará los autos chocolate provenientes de Europa y Asia, la Asociación Mexicana de Distribuidores (Amda), presidida por Guillermo Rosales advirtió que esa medida tendrá un impacto negativo para el sector automotriz.
Fue la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien hizo el anuncio.
La funcionaria informó que llevan regularizados un millón 874 mil 338 vehículos usados extranjeros, desde el 19 de marzo de 2022 al 9 de noviembre de este año.
El programa de regularización del gobierno va en contra de la industria y de los compromisos de México para reducir las emisiones de carbono.
Por lo visto, es más importante el objetivo político electoral, que el perjuicio que causa la regularización de autos chatarra.
Encuentre la nota en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Huachigas-impunidad-y-riesgo-20231112-0065.html
